La asociación que avaló las fianzas del 'procés' solicita el reintegro de partidas duplicadas
Caixa de Solidaritat reclama que los juzgados le devuelvan uno de los dos depósitos de 3,6 millones de euros aportados
Artur Mas y Carles Puigdemont. | Ilustración de Alejandra Svriz.
La asociación que avaló las fianzas de los encausados por el procés pasa al ataque. Caixa de Solidaritat va a solicitar el reintegro de unas cantidades duplicadas, que estima en 3,6 millones de euros. Se trata de dos partidas idénticas depositadas en dos órganos distintos, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y el Tribunal de Cuentas, que este mes juzgará a una treintena de antiguos cargos de la Generalitat de Cataluña por los gastos del referéndum del 1-O. Los responsables de la asociación sostienen que se está vulnerando el principio de non bis in idem, por el que nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos.
Caixa de Solidaritat, impulsada por entidades soberanistas hace seis años, ha aportado fianzas por el procés que suman 7,2 millones de euros. La mitad de ese dinero ha ido destinado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y, la otra mitad, al Tribunal de Cuentas. «No hay casualidades. Ambos órganos pidieron la misma consignación a pesar de que nuestros abogados hicieron constar que existían duplicidades», subraya Pep Cruanyes, presidente de la asociación.
El primero en solicitar el dinero fue el Juzgado de Instrucción número 13 de la Ciudad Condal. Inicialmente pidió algo más de cinco millones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) descontó las cantidades de varios encausados, entre los que se encontraban Josep Maria Jové, Lluis Salvadó y la exconsejera Natalia Garriga, todos ellos pendientes de juicio. Después se unió el órgano fiscalizador de las cuentas exigiendo una fianza similar.
Los depósitos del procés
La similitud en las cifras llevó a Caixa de Solidaritat a realizar un estudio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que pone de manifiesto la duplicidad en los depósitos del procés: 3,6 millones de euros en una decena de partidas como la campaña de civismo, la promoción del referéndum de autodeterminación o los gastos de observadores internacionales.
«Hemos hecho un estudio comparativo de las partidas y hemos visto que las cifras son casi idénticas. El objetivo es reclamar el dinero, pero sin ese estudio era absurdo», indica Cruanyes. Los abogados de Caixa de Solidaritat solicitarán en los próximos días a los juzgados la devolución de alguna de esas partidas, ya que lo que sucede es «muy grave porque afecta al derecho de defensa y penaliza a toda la ciudadanía».
Cruanyes considera que dicha actuación contradice al Derecho Procesal, pues se les está juzgando por los mismos hechos en dos tribunales distintos. Esta situación, opina, también vulnera el principio de non bis in idem, que determina que nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos. «Si la cuestión la tiene el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y el Tribunal de Cuentas, lo tendrá que juzgar uno, no ambos», insiste el presidente de la asociación.
«La Carta de Derechos Fundamentales de la UE dice que las penas no pueden ser desproporcionadas, como tampoco las actuaciones preventivas. Imputar el doble supone un acto de injusticia. Estamos hablando de cantidades importantes, por lo que supone una penalización excesiva. Es una represión de tipo económico», denuncia Cruanyes.
Efecto desmoralizador
El presidente de Caixa de Solidaritat sostiene que, cuando existe represión política, se dan otros dos aspectos: la represión judicial y la económica. En su opinión, los encausados del procés están sufriendo ambas. «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre ha remarcado su efecto desmoralizador en la población para defender derechos civiles o humanos », insiste este abogado catalán. En su opinión, en los tribunales españoles existe «animadversión».
La asociación ha aportado 17 millones de euros desde la consulta ilegal de noviembre de 2014 para apoyar económicamente a los encausados del procés. El Tribunal de Cuentas ya condenó en febrero de 2019 al expresidente catalán Artur Mas y a otros antiguos altos cargos de la Generalitat de Cataluña a devolver casi cinco millones de euros invertidos para celebrar la consulta celebrada hace casi una década.
«La mayor parte de aquellas fianzas se han recuperado y se ha usado para depositar otras. Sobre todo, en el Tribunal de Cuentas», admite Cruanyes. La idea ahora es recuperar las partidas duplicadas para hacer frente a nuevas causas. Todo el dinero que maneja Caixa de Solidaritat proviene de aportaciones de particulares y organizaciones soberanistas.
El Tribunal de Cuentas celebrará el próximo 17 de noviembre el procedimiento de reintegro por el supuesto desvío de fondos del 1-O y su acción exterior a través de Diplocat. El órgano fiscalizador enjuicia la responsabilidad contable de aquellas personas que, como Carles Puigdemont, gestionaban fondos públicos. El objetivo es recuperar el dinero utilizado de forma indebida, pero no tiene capacidad de sancionar ni inhabilitar. Se trata, por tanto, de un procedimiento complementario a la vía civil o penal.
Sociedad Civil Catalana, personada en el caso, reclama el reintegro de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones que deberían pagar de forma conjunta y solidaria una treintena de exdirigentes de la Generalitat de Cataluña, entre los que se encuentran Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas. Su presunta responsabilidad la avaló Caixa de Solidaritat, que según los expertos podrá recuperar todo el dinero se se aprueba la amnistía a los encausados por el procés.
