Las claves del acuerdo entre el PSC y ERC: de la financiación al Hard Rock de Tarragona

El preacuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente catalán prevé que Gobierno y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación «singular» para Cataluña en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025, si bien no usa el término concierto económico para definirlo.

Así lo prevé el texto del acuerdo, dado a conocer este martes por ERC y que está pendiente todavía del aval de la militancia republicana, un documento de 25 páginas en el cual tampoco se precisa qué cuota de solidaridad correspondería a Cataluña ni se explicita que la autonomía vaya a salir del régimen común, aunque sí se hace referencia a acometer «las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA)».

El documento, no obstante, sí subraya que la solidaridad «debe estar limitada por el principio de ordinalidad», y deja claro que la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en Cataluña y aumentará sustancialmente su capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE.

PSC y ERC aseguran en el texto que ese consenso respecto a la financiación nace del amplio consenso generado en el Parlament en 2005, cuando se aprobó la propuesta de reforma del Estatut. «No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo bajo un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad», añaden.

Modificación de la LOFCA

Además de «formalizar el acuerdo durante el primer semestre de 2025» en una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat en la que se abordará el modelo de financiación, el texto asegura que en 2025 habrá que «impulsar los acuerdos a los cuales se llegue» en esa comisión, «a través de las modificaciones legislativas necesarias», y que serían aprobados luego por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat.

En esta línea, el pacto dice que se impulsarán «las modificaciones que correspondan de la LOFCA, de la ley de financiación de las comunidades autónomas y de la ley de cesión de tributos a Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos», entre ellos el de que Cataluña gestione todos los impuestos.

No obstante, no hay mención en el acuerdo a que Cataluña abandone el régimen común de financiación, aunque sí a que la financiación de Cataluña «debe respetar el principio de ordinalidad» y a que si esa premisa no se respeta en 2025 se requerirán «medidas compensatorias».

En este punto, la Generalitat denunció hace unos días que en 2022 fue la tercera mayor comunidad en aportación al sistema, la décima en recepción de recursos per cápita, y la penúltima si se tiene en cuenta el coste de la vida.

Solidaridad «explícita» y Hacienda catalana

Aunque el documento no detalla qué cuota de solidaridad tendrá la financiación singular, ERC y PSC garantizan que Cataluña seguirá contribuyendo a la solidaridad territorial.

En esta línea, precisan que la aportación catalana a las finanzas del Estado quedará integrada por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y por una aportación a la solidaridad que aseguran que será «explícita» y que se debe reflejar «de manera transparente», para que se sepa qué recursos recibe y cuántos aporta Cataluña.

Asimismo, el documento asegura que para poner en marcha este nuevo modelo de financiación singular «es imprescindible que el desarrollo de la hacienda catalana -concretada a través de la Agencia Tributaria de Cataluña- sea una prioridad».

La asunción paulatina de la gestión de todos los tributos soportados en Cataluña requerirá «el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos», asegura el pacto, sin entrar en más detalles.

IRPF, a partir de 2026

PSC y ERC acuerdan también que el espacio fiscal propio de Cataluña arrancará ya en 2025 con propuestas para que la Generalitat tenga competencias sobre la recaudación del IVA de las pymes y para que Cataluña pueda «decidir» sobre la aplicación del IVA a los arrendamientos turísticos en su territorio o en parte.

«El primer tributo en el cual se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF», asegura el acuerdo, que añade que las comisiones entre ambas partes -la bilateral y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos- adoptarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución «a lo largo de 2026».

El pacto también prevé que para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y a la baja ejecución de las inversiones previstas se creará un consorcio paritario entre el Estado y la Generalitat para supervisar su gestión y ejecución.

Más allá de la carpeta de la financiación, el preacuerdo entre los equipos negociadores del PSC y de ERC para la investidura de Salvador Illa incluye medidas en el ámbito del conflicto político, del impulso social del idioma catalán y de infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

A falta de saber si las bases de ERC dan el viernes su visto bueno al texto, los siguientes son, pacto sobre financiación a parte, los aspectos más destacados del pacto de 25 páginas dado a conocer hoy por los republicanos.

Devolver el conflicto catalán a la política

El primer punto del texto aborda la «resolución del conflicto político» catalán, sobre el que ambas partes consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut supuso «un antes y un después», si bien admiten que tiene «profundas raíces históricas».

El fallo del TC «evidencia un choque entre la legitimidad parlamentaria y popular de Cataluña y la legitimidad institucional y constitucional del Estado, ambas imprescindibles en toda democracia avanzada y en cualquier Estado de Derecho», convienen socialistas y republicanos.

Ambas partes rechazan que la solución pase por «la respuesta judicial» y ponen en valor «el camino recorrido» en los últimos años -indultos, derogación de la sedición y amnistía-, al tiempo que abogan por «devolver el conflicto al terreno de la política».

La «nueva etapa» debe centrarse en dos premisas: «El debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente este reconocimiento»; y «la necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía, y favorezcan la creación de un amplio consenso sobre el futuro de Cataluña».

Con base en todo lo anterior se acuerda que durante el primer pleno del Parlament bajo el nuevo Govern se cree una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, que presidiría un miembro de ERC. Este ente «promoverá» un debate sobre la resolución del conflicto, «monitorizará» la aplicación de la ley de amnistía y el Govern le asegurará los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios.

Departamento de política lingüística

Cataluña es «una nación donde el catalán ha actuado y debe seguir actuando como la lengua común y de progreso del conjunto de la sociedad y donde la vocación europeísta y mediterránea debe continuar guiando la proyección internacional del país», señala el texto.

Como medidas para «potenciar su uso social», el acuerdo prevé que «la política lingüística tenga rango de Departamento» o que el nuevo Govern socialista asuma el Pacto Nacional por la Lengua del ejecutivo de Pere Aragonès y lo dote con 200 millones en su primer año.

Buena parte de este apartado se centra en garantizar el catalán como idioma vehicular en la educación. También en actividades extraescolares o en asegurar que se invierta en audiovisual en catalán lo ya previsto en los presupuestos, no aprobados, de 2024.

Se pacta, asimismo, que se mantenga el departamento de Acción Exterior y se «consolidará y ampliará» la red actual de delegaciones.

En el ámbito del deporte se «promoverá la proyección de las federaciones deportivas catalanas y su reconocimiento», mediante una nueva oficina del Govern y con la intención de que aquellas federaciones catalanas fundadas antes que las españolas «puedan optar a la participación directa en el ámbito internacional».

Hard Rock, El Prat y Renta Básica

PSC y ERC también pretenden avanzar hacia un «modelo de país basado en el progreso». En el caso del polémico macroproyecto de ocio Hard Rock -el detonante del fin de la legislatura-, han pactado modificar la ley del CRT de modo que se incremente el tipo impositivo vinculado a los casinos hasta dejarlo como preveía la norma anterior.

La Oficina del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal se mantendrá, si bien no se concreta qué actuaciones debe llevar a cabo ni cómo asegurar su financiación.

El documento defiende que El Prat debe «ganar capacidad con nuevas conexiones intercontinentales de largo radio». Se creará un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña para que la Generalitat tenga «un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán».

También se creará la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña para dar apoyo al «nuevo modelo de gobernanza que centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria».

Continuidad de las políticas públicas de Aragonès

Entre lo ya impulsado por el ejecutivo de Aragonès, ERC se asegura que se «consolide» el rol de la empresa pública L’Ènergètica; diversas medidas para seguir con el despliegue del traspaso de Rodalies; o mantener los impuestos de sucesiones y patrimonio en sus tipos actuales, sin implementar propuestas de deflactación del IRPF -un impuesto que se rebajará para rentas menores de 35.000 euros-.

En educación se mantendrá la gratuidad en infantil 2 y se avanzará para hacer gratuito y universal el ciclo de 0 a 3 años, con la implementación de la gratuidad en Infantil 1 en el curso 2025-2026; y en cultura se alcanzará el 2 % del presupuesto de la Generalitat en 2025.

Renovables y sequía

Garantizan un modelo basado en implementar las energías renovables: «En consecuencia, el Govern de la Generalitat se opondrá a aquellos proyectos contrarios a este modelo en energético, como son los proyectos privados de las líneas eléctricas de evacuación de muy alta tensión (MAT) de la línea del Baix Cinca-Pierola-Rubí, la línea Valmuel-Begues y la línea Laluenga-Isona».

En materia hídrica y ante eventuales nuevos episodios de sequía, se comprometen a cumplir el calendario de inversiones relativas a «las nuevas infraestructuras de desalación previstas en la Tordera y el Foix», así como las estaciones de agua regenerada para llegar a 130 hm3/año, y garantizar una partida de 110 millones para la construcción de 24 plantas de agua regenerada.

También prevén dar continuidad al Pacte Nacional per la Indístria 2020-25 (Pacto Nacinal por la Industria, en castellano) para lograr un peso industrial del 25% del PIB en 2030; un programa urgente de fomento de la vivienda con mantenimiento de los compromisos presupuestarios; la gratuidad de la educación de 0-3 años en el curso 2025-26, mantener el avance del calendario escolar y el impulso de una veintena de leyes durante la legislatura.

Rodalies

En Rodalies, prevén ejecutar este año los acuerdos suscritos el 9 de febrero entre Gobierno y Generalitat: concretamente transferir el déficit de explotación de Renfe de 2023; presentar un borrador de los estatutos de la nueva empresa operadora, y completar el estudio de las infraestructuras a transferir.

En este sentido, se cita el inicio del traspaso de la línea R1; impulsar conjuntamente entre Generalitat, Gobierno y Renfe un plan de choque de mejora de servicios; mantener el despliegue de la T-Mobilitat con vistas a implementar la integración tarifaria de toda Cataluña en 2025; continuar con las bonificaciones de la T-Jove, y mantener el compromiso de la gratuidad de la T-16 y su uso en toda Cataluña. Los dos partidos acuerdan aprobar el ‘Plan de choque para unas Rodalies dignas’ con el fin de «dignificar el servicio actual».