La Generalitat buscará nuevas fórmulas para regular el alquiler social tras la sentencia del TC
El tribunal estableció la obligación de dar una alternativa de vivienda social antes de iniciar un desahucio en Cataluña
Salvador Illa. | Archivo
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula varios artículos de la Ley de Vivienda de Cataluña de 2022, ha impulsado al Govern de Salvador Illa a buscar nuevas estrategias para regular el alquiler social. A pesar de este revés, desde la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat se ha resaltado que, en los últimos años, se han establecido al menos 3.000 alquileres sociales obligatorios entre grandes tenedores y familias vulnerables, los cuales «ya no se pueden modificar».
La sentencia del TC, emitida el miércoles, no tiene efectos retroactivos, con la excepción de un artículo de naturaleza sancionadora. Según fuentes de la Consejería, la decisión «desestima la principal pretensión del recurrente, el Partido Popular, que solicitaba la inconstitucionalidad completa de la Ley 1/2022 por cuestiones competenciales».
El Govern, liderado por el presidente Salvador Illa, ha demostrado su compromiso con la problemática habitacional durante esta legislatura. En el Pleno del Debate de Política General del Parlamento, Illa anunció un conjunto de medidas, incluyendo una asignación de 10 millones de euros, para abordar situaciones de familias en vulnerabilidad. «Estamos preparados para ofrecer soluciones, tanto emergentes como estructurales, y convertir la vivienda en una de las grandes prioridades del mandato», afirmaron desde la Consejería.
La búsqueda de un nuevo marco para regular el alquiler social se ha convertido en una prioridad para la Consejería, que ahora ve en la sentencia del TC una oportunidad para «conocer un espacio jurídico suficiente que permita actuar y buscar los mismos objetivos con mayor seguridad jurídica». Según las fuentes consultadas, el departamento está decidido a implementar esta regulación «de una manera diferente», lo que sugiere un enfoque renovado y adaptado a las necesidades actuales y futuras en el ámbito de la vivienda social.
