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Economía

Preocupación entre los economistas por el aumento del gasto de Illa en la Generalitat

Se prevé que el Govern catalán se endeude más de lo permitido este año y el siguiente

Preocupación entre los economistas por el aumento del gasto de Illa en la Generalitat

El presidente catalán, Salvador Illa. | Agencias

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, aspira a aprobar los presupuestos autonómicos del próximo año con el apoyo de la mayoría que conforman en el Parlament su partido, el PSC, con ERC y los Comunes. Los dos potenciales socios de los socialistas en la comunidad han planteado condiciones y se espera que las negociaciones se alarguen, de modo que será difícil que las cuentas lleguen a principios de año.

Precisamente porque los presupuestos están pendientes de negociación, el Govern de Illa todavía no ha detallado su contenido, aunque ya se han trabajado ciertas líneas generales que han hecho saltar algunas alarmas económicas. Especialmente por el incremento del gasto público, que genera preocupación por su impacto en el déficit y el endeudamiento. Las cuentas que alumbrará el Ejecutivo catalán serán probablemente expansivas, precisamente por el objetivo de consensuarlas con otras formaciones de izquierdas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha avisado de que percibe «riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en Cataluña» tanto en el presente ejercicio como en el próximo. En un informe que vio la luz pública el pasado martes, el organismo asegura que el gasto que se tiene en cuenta para controlar las normas fiscales subirá en esta comunidad un 6,8%, superando más del doble el límite del 2,6% en vigor para 2024.

Aunque la Generalitat tiene la previsión de incumplir el objetivo de déficit este año para cumplirlo en 2025, la Airef advierte que las líneas principales del presupuesto para el próximo año apuntan a un déficit superior al límite establecido del 3,2% del producto interior bruto (PIB). «La Airef estima que, en 2025, de acuerdo con la metodología actual y en ausencia de nuevas medidas, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en la Comunidad Autónoma de Cataluña crecerá por encima del límite del 3,2% fijado», señala el informe de control presupuestario de esta Administración autonómica, que de nuevo sería incapaz de cerrar unas cuentas con menos gastos que ingresos en un momento de elevado endeudamiento público.

El organismo recuerda además que lleva alertando de esta desviación en las cuentas catalanas desde el verano de 2023 y que «en los sucesivos informes emitidos desde entonces ha ido elevando el nivel de alerta y riesgo». Si bien prevé que en los próximos años el peso de la deuda pública catalana sobre el PIB vaya disminuyendo, se estima que la cantidad de dinero que los catalanes deberán aportar para pagar los intereses de esa deuda seguirá aumentando.

En cuanto a las previsiones de crecimiento económico para el último trimestre de 2024, el ente fiscal se muestra más optimista, dando a Cataluña un 3,5%, un incremento que empata con Aragón y solo se ve superado por Canarias, Baleares y Castilla y León. En el conjunto de España, el organismo valora que los compromisos de gasto asumidos en el Plan Fiscal «no garantizan alcanzar los objetivos de déficit y deuda previstos por el Gobierno» central.

«España tiene un problema de gasto público por la actualización de las pensiones y lo que viene del baby boom,
y por el consumo de las Comunidades Autónomas, no solo Cataluña», manifiestan fuentes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que recuerdan que en el caso particular de Cataluña, «hay un nuevo Gobierno que no tiene presupuestos y va a tener difícil aprobarlos». Añaden que «hay un problema de consumo público: sanidad, educación y servicios públicos», que registran «tasas elevadas de crecimiento por encima del PIB a nivel autonómico».

España incumple los límites europeos

De hecho, con anterioridad a la catástrofe de Valencia, la fundación ya preveía que España iba a incumplir los objetivos de déficit superando en cinco o seis décimas el 3% permitido, precisamente, o al menos en un gran parte, por el descontrol en el gasto autonómico. El paso del temporal ha obligado a Bruselas a flexibilizar sus normas con España, pero las mismas voces económicas recuerdan que la forma de hacerlo es que «la Comisión Europea excluye del déficit excesivo todo lo relacionado con una catástrofe natural», lo que implica que el Estado podrá endeudarse más de lo previsto pero solo y estrictamente para recuperarse de la riada; el resto del gasto seguirá bajo un escrupuloso control.

Otra fuente del ámbito financiero señala que el futuro de las cuentas de la Generalitat dependerá de la «condonación» de deuda en el marco de la «negociación con los socios del Gobierno». De cumplirse lo acordado entre PSOE y ERC, el Estado absorberá 15.000 millones de euros de una deuda total de 71.306 millones que ha ido colocando en los últimos años al fondo de liquidez autonómica el Govern, que durante un largo tiempo ha tenido vetado el acceso a los mercados financieros internacionales por la baja calidad de sus bonos.

El mismo interlocutor hace hincapié en que «Valencia va a necesitar un empujón económico bastante grande» ante la «catástrofe absoluta» que ha sufrido, circunstancia que obligará a revisar todos los cálculos y previsiones presupuestarias, ya que «el gasto público necesariamente va a tener que aumentar». «Antes de Valencia, parecía que en España el déficit estaba controlado por el récord de recaudación», señala, aunque lamenta que España tiene «un problema de productividad y eficiencia» que es muy visible en el caso del gasto público, así como en la «racionalización, control y gestión» de «grandes partidas» que «no se sabe adónde van».

Aun así, recuerda que otros países como Estados Unidos o Japón comparten el problema del excesivo endeudamiento público, que se vio agravado por la pandemia. En el caso de España, el Gobierno se comprometió ante Bruselas a cumplir las normas de déficit en 2024 tras incumplirlas el año anterior. Logró así evitar la apertura de un procedimiento sancionador que es ahora una amenaza cada vez más inminente.

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