La Generalitat de Cataluña expedienta al bombero que criticó las cuotas femeninas
Motivan la incoación del expediente disciplinario por unas declaraciones que Ricardo Cantero hizo a TO

Un bombero de la Generalitat de Cataluña. | Europa Press
La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente disciplinario contra Ricardo Cantero, el bombero que denunció en una entrevista en THE OBJECTIVE que las cuotas femeninas impuestas dentro del cuerpo «ponían en riesgo la vida de los bomberos». En el expediente, al que ha accedido este periódico, se motiva la investigación interna en estas declaraciones que hizo al ser entrevistado por este medio. Cantero está citado a declarar este lunes 12 de enero.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments sostiene que ha tenido conocimiento de diferentes «declaraciones públicas» que habría efectuado, de forma continuada, a través de diversos canales y medios de comunicación, «en las que se ha identificado como bombero».
A su juicio, «estas manifestaciones podrían contener afirmaciones inexactas que podrían afectar a la imagen y confianza de la ciudadanía en el Cuerpo de Bomberos, comprometer la percepción de su seguridad, profesionalidad y adecuación para el correcto desarrollo de las funciones que tiene encomendadas y generar una sensación de riesgo o peligro injustificada entre la población en cuanto a la capacidad operativa y la fiabilidad de este servicio público esencial».
Suspensión de sueldo y empleo
El expediente, abierto en octubre, está pendiente de resolución. Pero de momento se ha incoado el procedimiento disciplinario para «determinar si los hechos expuestos pueden ser constitutivos de infracción disciplinaria». Se expone a una falta grave o muy grave que le puede acarrear la suspensión de sueldo y empleo como funcionario de la categoría de bombero de primera de la escala técnica del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat.
Ricardo Cantero es un bombero de 50 años que trabaja en el parque de Lloret de Mar (Barcelona). Desde la imposición de cuotas por parte del Govern abandera un colectivo de bomberos que alerta sobre el peligro de que las pruebas de acceso tengan «distintos baremos» en función del sexo en «cuerpo de emergencia» donde se arriesgan vidas humanas. En conversación con este periódico, sospecha que es una cuestión intimidatoria, para «hacer callar a las voces discordantes», y confía que el expediente se cierre sin sanción.
Reserva del 40% de plazas a mujeres
El Gobierno de la Generalitat impulsó en 2023 una reforma para reservar un máximo del 40% de nuevas plazas de acceso y/o promoción interna a las mujeres que ha dividido a los bomberos. Se han iniciado incluso dos cambios de sexo de dos bomberos que, amparados por la llamada ley trans, buscan acceder a estas plazas reservadas a las mujeres.
Este colectivo se queja de que un hombre con una nota media de 7,2 puede quedar excluido ante una mujer que ha obtenido un 5 en su calificación en el primer examen, que es de conocimientos específicos sobre el cuerpo de bomberos. El Departamento de Interior estableció un umbral que no supere el 10% para que los hombres con la nota de corte mínima de un 8 no puedan ser excluidos por otra persona que obtenga un 5. Un umbral que les parece demasiado desproporcionado y discriminatorio.
Cantero lleva años trabajando codo con codo con hombres y mujeres dentro del cuerpo. Y afirma que nunca había tenido problemas porque sabía que habían sido elegidos por sus aptitudes, independientemente del sexo. En cambio, cuestiona que la medida de cuotas actual hace que se reserven plazas «a personas con peores aptitudes y calificaciones en las pruebas».
A raíz de estas cuotas, explica, se han encontrado situaciones rocambolescas, como compañeras que no quieren asumir el peso del equipo de respiración autónomo (ERA), que sirve para respirar en entornos tóxicos, o que usan mochilas forestales con tres mangueras en lugar de cuatro. Matiza, además, que no está en contra de facilitar el acceso de más mujeres al cuerpo, y de «modificar las pruebas» de acceso, pero critica la forma en que Interior lo ha hecho, a través de cuotas y distintos baremos que excluyen a las «personas más válidas».
