ERC y Junts, atrapados en la polémica de Rodalies por el reparto de cargos afines
Los dos partidos inician un cruce de acusaciones por las decisiones adoptadas en los últimos años en este servicio
Salvador Illa junto a Carles Puigdemont. | EP
El colapso ferroviario que se ha producido en Cataluña durante los últimos siete días ha obligado a todos los partidos políticos a tomar posiciones y subir el tono en busca de culpables. Pero, a diferencia de anteriores crisis, los independentistas no solo centran sus críticas contra el Estado por la falta de inversión, sino que ERC y Junts per Catalunya se reprochan mutuamente decisiones adoptadas durante sus respectivos gobiernos de la Generalitat y como socios del Ejecutivo central. En esta coyuntura de malestar e indignación generalizados, la empresa mixta Rodalies de Catalunya SME, SA está en el punto de mira, pese a que no ha empezado aún a operar, así como los nombramientos de afines que han hecho ambos partidos en Renfe o en esta nueva empresa.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentaron este enero en el Palau de la Generalitat la nueva empresa Rodalies de Catalunya SME, SA, la sociedad mercantil que gestionará el servicio de Cercanías en la región. La nueva sociedad está participada en un 49,9% por la Generalitat y en un 50,1% por Renfe Viajeros SME, SA, con un capital fundacional de dos millones de euros.
Desde el primer momento, Junqueras celebró el pacto para el traspaso y explicó que la empresa mixta era la fórmula que se encontró para garantizar por parte de Renfe el derecho de los trabajadores. Además, para contentar a ERC, el Ejecutivo ha colocado a un dirigente del partido, Marc Sanglas, como miembro del consejo de administración de Rodalies Catalunya. Sanglas fue secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat bajo la presidencia de Pere Aragonès.
Culpas compartidas
El temor es que cuando la empresa mixta empiece a operar se culpe a la Generalidad de la «mala gestión» y no a la administración central, pese a que no se trate un traspaso integral de las competencias ferroviarias. También se ha puesto sobre la mesa que ese acuerdo se selló sin poner antes sobre la mesa una inyección económica a la red.
En paralelo, cabe recordar que en 2023 ERC encomendó a otro catalán y antiguo cargo de CIU, Pere Macias, pilotar el traspaso de competencias del servicio ferroviario de Rodalies. Macias, que lleva en política desde 1983, ha trabajado para distintos partidos y tiene un sueldo actual de 124.000 euros anuales. Los independentistas más acérrimos lo ven parte del establishment y de este reparto de poltronas con el Gobierno en la que tanto ERC como Junts participan.
Al mismo tiempo, tampoco Junts puede alzar mucho la voz. En marzo acordó con el Ejecutivo de Pedro Sánchez colocar a Eduard Gràcia como miembro del consejo de administración de Renfe. En este cruce de acusaciones entre Junts y ERC, el portavoz republicano en Madrid, Gabriel Rufián, lo ha recordado mediante sus redes sociales. Al mismo tiempo, los posconvergentes le han reprochado su demora a la hora de pedir dimisiones por el caos ferroviario.
Manifestación transversal
Junts per Catalunya y ERC han ido casi a la una a la hora de pedir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y en criticar el «expolio fiscal» y la «falta de inversiones» en la red ferroviaria catalana (en Rodalies). No obstante, también se acusan entre ellos de haber perpetrado esta situación que, ahora, enfada a tantos ciudadanos. Hay aproximadamente 400.000 usuarios que usan el servicio de Rodalies y la indignación se ha elevado a otro nivel.
Las principales entidades de afectados han convocado una concentración para el próximo 7 de febrero en la que no quieren que participen directamente los partidos políticos y en la que también han renunciado el llamamiento de la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) con el fin de que no se apropien de esta queja ciudadana y la protesta sea lo más plural y mayoritaria posible.
Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, los partidos independentistas son conscientes de que el malestar ciudadano no se puede canalizar -solo- contra el Estado. Los afectados ya han denunciado que muchos aspectos de la «degradación crónica» que sufren las estaciones, etc. no solo dependen del Gobierno central. Tampoco les ha gustado que se identifique al «cambio climático» o «las lluvias» como principal responsable cuando ven que estos mismos problemas se arrastran desde hace muchos años. De hecho, la falta de transporte alternativo cuando hay suspensión del servicio o la incertidumbre en la información de las autoridades públicas está pasando factura al PSC y a su fama de «buen gestor».