La semana 'horribilis' de los fondos europeos compromete la ejecución de los Presupuestos

El Gobierno ha vivido quizás la peor semana para los fondos europeos Next Generation. Una semana ‘horribilis’ emulando el ‘annus horribilis’ de la Reina Isabel II en 1992. En siete días, a la conocida lentitud en la entrega de los recursos al tejido productivo se han sumado problemas como la advertencia de Bruselas sobre la implementación del sistema de auditoría, la salida de la responsable de este sistema y el órdago de la industria de la automoción que ha dejado en el aire el Perte VEC, la joya de la corona del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el freno en la entrega de estos recursos, posibles retrasos en la entrega de los pagos de la Unión Europea y en el desarrollo del Perte VEC comprometería seriamente la ejecución de las cuentas del próximo año. Las costuras que se han visto esta semana respecto de los fondos europeos repercutirán directamente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

El Gobierno confía buena parte del crecimiento comprometido para 2022 y 2023 precisamente al impacto de la ejecución de los fondos europeos. Asuntos Económicos dice que las reformas estructurales y la ejecución del Plan de Recuperación tendrán un impacto de 1,9 puntos en el PIB de este año y de 2,8 en el año 2023.

PIB de 2023

Por el contrario, los expertos con los que ha hablado este diario indican que es impensable pensar que los Next Generation tengan este peso en la economía ya que su despliegue hasta la fecha ha sido escaso, con 11.003 millones en pagos autorizados en 2021 y 5.618 hasta agosto, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Y no se espera que en 2023 sea diferente, pese a que el Ejecutivo ha vuelto a comprometer más de 25.000 millones de despliegue para el próximo año (26.000 en 2021 y 28.000 en 2022).

Si a esto le sumamos los problemas con el sistema de autoría que podría retrasar la tercera entrega con 6.000 millones comprometidos para el segundo semestre de este año con Bruselas; y la posibilidad de que descarrile el Perte del coche eléctrico y sus 24.000 millones de euros de inversión total -generando un efecto dominó el los otros 10 Perte anunciados-, tenemos una mezcla explosiva que hará imposible lograr todo el impacto presupuestado por el Ejecutivo en los Presupuestos.

El escenario macroeconómico que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé un crecimiento del PIB del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023. En 2023, es el doble de lo que pronostican otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso de los fondos europeos, no se incluyen en el apartado de ingresos y gastos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debido a que estos flujos no tienen impacto en el déficit público por el principio de neutralidad aprobado por Eurostat.

Impacto de los fondos europeos

Sin embargo, en su Plan Presupuestario de 2023 enviado a Bruselas el pasado sábado, el Gobierno reconocía que estas previsiones presupuestarias están basadas en un cuadro macroeconómico que refleja el impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). «El PRTR está estimulando el crecimiento de la economía española mediante la puesta en marcha de las múltiples inversiones y reformas comprometidas, las cuales están siendo aceleradas y terminadas en 2022, y que impulsarán un modelo productivo más competitivo, digital y verde», dice Asuntos Económicos en este documento.

Y agrega que «los desafíos externos que afronta la economía española se verán compensados por el impacto positivo del Plan de Recuperación, que maximizará su acción contracíclica en 2023«. No obstante, los expertos consultados dicen que este efecto contracíclico no se conseguiría si el dinero no comienza a llegar a las empresas y al tejido productivo, como no ha llegado en los 20 meses de ejecución de los Next Generation.

Por otro lado, -y por estos mismos motivos- se duda del estímulo que se conseguiría en el PIB con los fondos europeos, lo que inevitablemente haría que la economía crezca menos de lo esperado. Si la economía española crece menos de lo que dicen los Presupuestos inevitablemente se tendrá menos ingresos vía impuestos, formación bruta de capital y consumo, lo que haría descarrilar las cuentas presentadas y generaría un déficit y deuda pública mayor de la presupuestada.

Exigencias de Bruselas

Esto significa que fiar buena parte del crecimiento de 2023 a los fondos europeos tras el precedente de su ejecución en los últimos dos años, es cuanto menos temerario, dicen las fuentes consultadas. Una situación que empeora si se consideran las dificultades que se han conocido esta semana en torno a su ejecución y gestión.

El pasado viernes la agencia Bloomberg publicó que Bruselas había dado un toque al Gobierno español para que pusiera en marcha de manera eficaz el sistema de auditoría de los fondos europeos comprometido en el Plan de Recuperación. La agencia indicaba además que no se entregaría el tercer desembolso -de 6.000 millones- si no se cumplía con este proyecto. Posteriormente, otros medios publicaron que funcionarios de Bruselas habían estado en septiembre en España verificando este sistema de control.

Una situación que el Gobierno matiza indicando que estaba haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir con este requisito. «Se trata de un proceso complejo y hay que tener en cuenta que España es de los primeros países también en poner en marcha estos sistemas complejos. La descentralización de la gestión de los fondos europeos es un elemento que añade complejidad al proceso», señalaron. El viernes además indicaron que solicitarán el tercer desembolso antes del 11 de noviembre.

Salida de Rocío Frutos

Por su parte, Bruselas indicó tras esta información que cualquier desembolso sería aprobado -o rechazado- tras presentarse la solicitud, aunque reconoció que España debería cumplir con una serie de compromisos entre los que se encontraba este sistema de auditoría. «La Comisión llevará a cabo una revisión de la implementación de estos compromisos por parte de España cuando evalúe la próxima solicitud de tercer pago del país», indicaron sobre el Hito 173 referido al establecimiento de un sistema informático para el seguimiento y control del plan.

Pese a todo, el martes y solo cuatro días después de conocerse esta advertencia, Hacienda nombró a Jorge Fabra como máximo responsable del control de los fondos europeos en sustitución de Rocío Frutos. Esta última estaba a cargo desde comienzos de 2021 cuando arrancó el Plan de Recuperación. «Pidió salir del cargo hace medio año y hace mes y medio presentó su dimisión por motivos personales», filtró el Gobierno, aunque en las últimas semanas todas las salidas del Ejecutivo se han justificado por estos «motivos personales».

Sin embargo, la puntilla llegaría el jueves con el órdago que lanzó Seat al Gobierno. La compañía filtró a la prensa que se planteaba no poner en marcha su fábrica de baterías de Sagunto (Valencia), uno de los proyectos incluidos en el Perte del vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC), por discrepancias con los recursos que el Gobierno repartiría a la compañía del grupo Volkswagen. Aunque horas después matizó indicando que una vez resuelto el Perte se tomarían todas las decisiones correspondientes, lo cierto es que se manifestaron descontentos con la gestión de los fondos europeos.

Caos del Perte VEC

«La industria española del automóvil necesita una urgente y favorable resolución del Perte, alineada con las inversiones que plantean realizar todas las compañías, para acelerar el proceso de transformación del sector en toda su cadena de valor», indicaron públicamente, y agregaron que «el grupo Volkswagen y las 60 empresas que forman parte de Future: Fast Forward quieren movilizar 10.000 millones de euros para electrificar la industria del automóvil en España y convertir el país en un hub de la movilidad eléctrica en Europa» y que esta inversión está ligada a la gestión de estos Next Generation.

Lo cierto es que el proyecto Future: Fast Forward es el pilar sobre el que se construyó la elaboración del Perte VEC y sirvió de inspiración para todo el resto de Perte que se han aprobado posteriormente. Fue el primero en ver la luz en el Consejo de Ministros en verano del año 2021 y en él se ponen gran parte de las esperanzas de convertir a España en un eje de la fabricación de coches eléctricos. De esta manera, si falla este proyecto, el Perte VEC puede quedar herido de muerte.

El viernes, el Gobierno respondió al órdago de Seat anunciando más inversión a cargo de los fondos europeos, aunque sin confirmar si se la daría directamente a Seat. Se comunicó una inversión pública de 877,2 millones, lo que movilizará inversiones por valor de 2.250 millones de euros en el sector. Son 300 millones más del montante inicial para una resolución que se conocerá la próxima semana, la segunda después de que se quedasen sin adjudicar el 75% de las ayudas comprometidas.

En verano se conoció la primera resolución del Perte VEC con una adjudicación de sólo 703 millones de los 2.975 millones asignados. Se excluyeron los planes de Stellantis para Vigo y Madrid, el de Envision y Acciona para Navalmoral de la Mata y el de Rieju para vehículos eléctricos. Sí fueron elegidos Seat (con un importe que consideraron insuficiente), Renault, Mercedes-Benz, Ford, Opel, Fagor, Faurecia, Sapa, Irizar y Hub. Posteriormente, Ford renunció a las ayudas por 106 millones por cambios en su estrategia y el retraso en el calendario de entregas.