Los abogados de Cataluña piden un extra para el turno de oficio por hablar en catalán

El Gobierno de la Generalitat fomenta el uso del catalán en varios campos, pero en los tribunales sigue siendo la lengua minoritaria pese a los esfuerzos públicos para «catalanizar» el sector. En este contexto, el Consell de la Advocacia Catalana, que engloba a 14 colegios de la región, ha planteado la posibilidad de que se bonifique hablar en catalán en la fase de juicio oral en el turno de oficio. En la actualidad, ya existe una recompensa económica —de unos 25 euros— por cada escrito presentado en esta lengua en el turno de oficio. El objetivo es ampliarla para quienes también lo hablen.

Los miembros del Consell transmitieron esta semana al presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), su propuesta. El incentivo existente, que abarca recursos, demandas o contestaciones, forma parte de un convenio entre el Departamento de Justicia y el Consell de l’Advocacia Catalana que está operativo desde 2017. Dicha bonificación no corre a cargo del juzgado, sino que es la Generalitat la que efectúa este pago dentro del sistema de asistencia jurídica gratuita.

Según explican desde el Consell, bonificar «las intervenciones orales de los abogados» es una medida para reforzar el fomento del catalán. «El objetivo del programa es reforzar la presencia del catalán en el ámbito de la justicia y contribuir a garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración de justicia en esta lengua».

«Catalanizar la justicia»

Dicha propuesta ya se ha presentado a la Consejería del ramo, así como al Departamento de Política Lingüística. Desde el Consell insisten en que sirve para «avanzar hacia una presencia real y normalizada del catalán en la actividad judicial». Defienden que las intervenciones de los letrados durante las vistas judiciales —ya sea en juicios, comparecencias u otras actuaciones ante el juez— «constituyen una parte esencial del procedimiento judicial y, por tanto, también son un espacio clave para garantizar el uso de la lengua catalana».

Su presidente, Rogeli Montoliu, también decano del Colegio de Abogados de Vic, fue más allá y aseguró que «está demostrado que cuando el primer abogado que habla en un juicio lo hace en catalán, ese juicio se hace todo en catalán; en cambio, si el primer abogado interviene en castellano, entonces ya todo el juicio se hace en castellano». A su juicio, tendría un «efecto catalanizador de la justicia».

El español, lengua que se impone

Aunque alrededor del 35% de la población catalana usa habitualmente el catalán, el porcentaje en la justicia se limita al 9% de las sentencias, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, más del 90% se redacta en lengua castellana. Si se observan los escritos —bonificados en el turno de oficio—, el porcentaje sube, pero poco: entre el 5% y el 20% de los escritos procesales son en catalán.

Esta presencia testimonial del catalán se debe a varios motivos, como el hecho de que hay un déficit de catalanes que optan a ser jueces, y la mayoría de magistrados destinados en Cataluña proceden de otras regiones. La costumbre también juega en contra: mucha de la doctrina, jurisprudencia y formularios tradicionales están en castellano. Y si hay recursos ante tribunales estatales, facilita la comprensión el hecho de expresarse en la lengua común. Al mismo tiempo, en el caso de la abogacía, se trata de profesionales del sector privado, no reciben subvenciones —son autónomos— y presentan menos objeciones a expresarse en cualquiera de las dos lenguas de la región.