La izquierda convierte la comisión de la dana en un púlpito contra Mazón y desoye a los expertos
El tono bronco y la confrontación marcan la primera semana de comparecencias celebradas en el Senado

El arquitecto Julio Gómez-Perretta de Mateo comparece en la Comisión de Investigación del Senado sobre la dana. | Marta Fernández (Europa Press)
La comisión de investigación sobre la dana que devastó parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, y que debía aclarar las causas de la tragedia y estudiar soluciones técnicas se ha convertido —a ojos de muchos— en un juicio político contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En lugar de centrarse en la prevención futura, el refuerzo de infraestructuras o la revisión normativa, los grupos de izquierda han utilizado el Senado como plataforma para ajustar cuentas y alimentar sus propios relatos partidistas, despreciando incluso las voces de los expertos convocados.
La intervención el pasado martes del arquitecto Julio Gómez-Perreta, uno de los máximos conocedores del Plan Sur y del sistema hidráulico de la cuenca del Turia, fue el detonante de un clima bronco alimentado por Compromís, Esquerra Republicana y PSOE, más preocupados por sus vendettas ideológicas que por atender a los argumentos técnicos. La izquierda pareció más interesada en el artículo de opinión que Gómez-Perreta publicó tras la tragedia —con claras críticas a la politización de las manifestaciones— que en su conocimiento sobre la capacidad de los cauces o la falta de ejecución de obras hidráulicas claves como las del barranco del Poyo.
En su intervención inicial, el senador de Compromís, Enric Morera, desvió el foco técnico para centrar su intervención en la gestión de la emergencia y en unas declaraciones previas del compareciente en un artículo de opinión. «¿Mantiene usted que los catalanes fueron responsables de las 228 muertes?», preguntó de forma insistente, obviando los elementos estructurales que el experto venía a explicar. Gómez-Perreta, visiblemente incómodo, defendió su derecho a la opinión como ciudadano afectado y explicó que su artículo se escribió en un momento de indignación tras cuatro días de abandono institucional.
El cruce de acusaciones alcanzó un momento especialmente tenso cuando Morera acusó al experto de «sembrar odio» en sus escritos. El presidente de la comisión tuvo que intervenir para recordar que no se pueden atribuir presuntos delitos a un compareciente en sede parlamentaria.
«Valencia es la comunidad más pobre»
Uno de los elementos recurrentes de crítica por parte del experto fue la falta de ejecución de obras hidráulicas clave como las del barranco del Poyo, cuyo diseño estaba finalizado desde hace años y contaba incluso con declaración de impacto ambiental, caducada bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy.
A este respecto, Gómez-Perreta subrayó que la responsabilidad está repartida en el tiempo, y pidió no instrumentalizar la tragedia. En su opinión, «Valencia es la comunidad más pobre de España» en términos de inversión y poder adquisitivo, lo que agrava su vulnerabilidad ante catástrofes naturales. Su intervención incluyó varias propuestas: drenaje con nuevas canalizaciones, redefinición del planeamiento urbano en zonas inundables y una revisión del Patricova, el plan de prevención autonómico.
«El abandono de infraestructuras ha sido generalizado. Aquí ha fallado todo el sistema», afirmó, apelando a la necesidad de cooperación institucional.
Ataques al mensajero
En lugar de centrarse en estos datos técnicos, la oposición utilizó la comparecencia para interrogar al arquitecto sobre su empresa, su biografía personal y sus opiniones políticas. El senador del PSOE, Juan Antonio Sagredo, preguntó si su empresa se dedicaba a «construir hoteles» y le reprochó con sorna que opinara sobre emergencias sin ser experto. «Entiendo que es un gran arquitecto, pero no es ingeniero», afirmó, deslegitimando sus aportaciones técnicas, pese a que su padre fue el responsable del Plan Sur que salvó a Valencia de otras inundaciones como las de 1957 y con quien trabajó durante décadas.
ERC, por su parte, exigió explicaciones por unas líneas del artículo donde se aludía a autobuses llegados desde Cataluña a la manifestación posterior a la dana. Gómez-Perreta se reafirmó en su testimonio: «Me lo dijeron allí mismo, había autobuses con matrículas de Tarragona. Lo menciono porque me sorprendió, no para generalizar. Estoy casado con una catalana».
Lejos de aceptar la explicación, el senador de ERC Jordi Gaseni intentó reconducir el relato hacia la hermandad entre pueblos y la necesidad de superar estigmas, aunque volvió a remarcar que «no se puede criminalizar a quienes vienen a ayudar». Gaseni dijo incluso que él mismo estuvo esos días retirando barro en Algemesí, como voluntario.
Diagnóstico técnico ignorado
Pese a los esfuerzos del compareciente por centrar la atención en las obras no ejecutadas, en el planeamiento urbano deficiente y en la falta de coordinación interadministrativa, la oposición siguió derivando el debate hacia el terreno ideológico.
Julio Gómez-Perreta defendió, por ejemplo, que se podrían haber absorbido entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos por segundo de agua si se hubieran acometido las mejoras previstas. Recordó que proyectos como el de 2007 están pendientes desde hace casi dos décadas, pese a contar con respaldo técnico y jurídico. También pidió reordenar zonas industriales construidas sobre barrancos invisibilizados y establecer corredores hídricos urbanos, como calles por donde pueda discurrir el agua sin causar víctimas.
Nada de eso fue discutido por la izquierda. Las preguntas se centraron casi exclusivamente en Mazón, la ley de la huerta, los cambios legislativos recientes y la supuesta connivencia del experto con la derecha.
El centro de la polémica: ¿Quién tenía la competencia?
El senador Morera quiso establecer de forma categórica que el presidente Mazón es el único competente para declarar el nivel 3 de emergencia y activar recursos del Estado. El compareciente respondió que su impresión era la contraria: que ese nivel, por su gravedad, debería haber sido asumido directamente por el Gobierno central, como ocurrió en otras catástrofes. Reconoció que Carlos Mazón cometió el error de no ceder el mando y que eso pudo haber ralentizado la llegada de la UME, pero insistió en que «la responsabilidad es compartida».
«Lo que no puede ser es que el Estado permanezca cuatro días sin actuar porque una autonomía no declara una emergencia. Eso no es de recibo», sentenció.
Desaprovechando la oportunidad de escuchar a los técnicos
Expertos como los catedráticos Félix Francés y Juan Bautista Marco ya habían reclamado el lunes la ejecución urgente de infraestructuras pendientes, la necesidad de revisar el Patricova, y la reforma del sistema de predicción y alerta hidrológica. Las aportaciones de Gómez-Perreta iban en esa misma línea: conectar los barrancos al nuevo cauce, ampliar embalses como Vilamarxant y Cheste, y coordinar las competencias de protección civil.
Pero el foco acabó centrado en una polémica estéril sobre un artículo, unas frases sacadas de contexto y una larga batería de acusaciones cruzadas. El propio Gómez-Perreta lamentó que sus aportaciones fueran utilizadas como munición política y que se cuestionara su presencia por no ser ingeniero. «No pertenezco a ningún partido. Nunca he ocupado cargo público. Y sin embargo, parece que se me juzga por un artículo escrito en un momento de desesperación», afirmó. En varios momentos de su intervención pidió que no se desviara la atención de lo esencial: prevenir nuevas catástrofes.
El presidente de la comisión tuvo que intervenir en al menos cuatro ocasiones para frenar los excesos dialécticos, calmar los ánimos y recordar a los senadores que estaban allí para escuchar a expertos, no para emitir juicios de valor.
Una oportunidad malgastada
La primera semana de la comisión deja un regusto amargo. En lugar de aprovechar la presencia de uno de los técnicos que más ha trabajado sobre los riesgos hidráulicos de Valencia, los senadores de la izquierda convirtieron la comisión en una sesión de control encubierta, centrada en desgastar políticamente a Carlos Mazón y en ajustar cuentas ideológicas.
Mientras tanto, las cifras siguen siendo inapelables: 228 personas fallecidas, miles de millones en daños y una brecha emocional abierta en la sociedad valenciana.