Un informe desmonta la acusación de falta de respuesta ante la crecida de la rambla del Poyo
Cinco días antes se activaron los protocolos y se comenzó a informar a municipios y cuerpos de seguridad

Barranco del Poyo, a su paso por Paiporta | David Canales / Zuma Press
Un informe técnico oficial niega que existiera descoordinación o pasividad por parte de la Generalitat valenciana ante la crecida de la rambla del Poyo durante el episodio de la dana del pasado 29 de octubre. Según el documento de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias remitido al Juzgado de Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la dana, se activaron los protocolos de emergencia desde cinco días antes, se emitieron avisos progresivamente más intensos, y se informó de forma continuada tanto a los municipios de la zona como a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El informe detalla que el seguimiento de este episodio comenzó el 24 de octubre a las 11:45 horas, cuando la Sala de Emergencias de la Generalitat recibió un Boletín de Fenómeno Adverso emitido por AEMET. Desde ese momento, se adoptaron medidas de planificación y comunicación, incluyendo la activación del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, el envío diario de avisos meteorológicos y la difusión de recomendaciones a los responsables municipales y organismos de respuesta.
Los municipios situados en la cuenca de la rambla del Poyo, integrados en la zona meteorológica del litoral norte de Valencia, comenzaron a recibir notificaciones desde el 25 de octubre. En esos primeros días, las alertas emitidas por AEMET eran de nivel amarillo por lluvias y tormentas. Estas fueron mantenidas o actualizadas los días 26, 27 y 28, conforme evolucionaban las previsiones.
Aviso especial y activación municipal
El informe incluye el contenido del aviso especial emitido el 28 de octubre a las 12:00 horas, en el que el Centro de Coordinación de Emergencias advertía que «las precipitaciones podrán llegar a 150 l/m² en diversos puntos de la Comunitat», y que «como consecuencia de estos fenómenos podría producirse la activación de las cuencas de ríos y barrancos, e inundaciones locales debido a los acumulados en zonas de alta ocupación urbana».
Ese mismo aviso especial instaba a los ayuntamientos a «activar con antelación los planes municipales ante el riesgo de inundaciones», e «informar a la población sobre los riesgos». Las comunicaciones se realizaron a través de correo electrónico, fax virtual, SMS a los responsables de protección civil y mediante actualizaciones en la aplicación móvil de la Generalitat valenciana (GVA Avisos), la web del 112 y redes sociales institucionales.
El 29 de octubre, día en que se registró el episodio de lluvias más intenso, se intensificaron las alertas. A las 07:31 horas se notificó un aviso por tormentas (nivel amarillo), a las 07:36 uno por lluvias (nivel naranja), y a las 09:41 se elevó al nivel rojo por lluvias. El informe incluye copia de estos mensajes enviados por Emergencias, que fueron remitidos a todos los municipios afectados por el barranco del Poyo, así como a cuerpos de emergencia y responsables provinciales.
Alerta hidrológica y retraso en los datos críticos
En paralelo a los avisos meteorológicos, el documento incorpora información relativa al incremento de caudal en la rambla del Poyo, registrado a través del sistema de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El día 29, a las 12:20 horas, se recibió un aviso de que el caudal había alcanzado los 264 m³/segundo a la altura de Riba-roja, lo que obligó a declarar formalmente la alerta hidrológica para esta rambla.
El informe técnico subraya que la información fue reenviada de forma inmediata a los municipios integrados en la cuenca del barranco del Poyo y al resto de agencias responsables, incluyendo la Diputación de Valencia, los bomberos, mandos policiales y grupos de seguimiento. Se incluyen en el documento pruebas documentales de los envíos de correo electrónico, SMS y fax.
Durante las horas siguientes, el caudal de la rambla descendió progresivamente, según las actualizaciones remitidas por el SAIH. Sin embargo, a las 18:43 horas, la Confederación Hidrográfica del Júcar comunicó un nuevo pico de crecida, con 1.686 m³/segundo, una cifra que superaba ampliamente todos los registros anteriores.
Falta de aviso intermedio y respuesta autonómica
El informe destaca que entre las 16:13 y las 18:43 no se produjo ninguna notificación intermedia sobre el incremento de caudal, pese a tratarse de una situación crítica. También se advierte que esta última notificación, clave para valorar el riesgo, «no vino acompañada de una llamada telefónica u otro mecanismo de aviso equivalente que permitiera valorar adecuadamente su impacto», algo que, según el informe, sí es habitual en las comunicaciones con AEMET en situaciones de gravedad.
Esa ausencia de comunicación reforzada contrasta con la actuación de la Generalitat, que, a las 19:30 horas, declaró oficialmente la situación 2 de Emergencia en toda la provincia de Valencia, reforzando la coordinación institucional y movilizando medios adicionales.
Otro de los aspectos fundamentales que recoge el documento es la gestión de los incidentes registrados en tiempo real por el teléfono 112 en los municipios afectados. El anexo del informe detalla el número de incidentes gestionados y cómo estos fueron trasladados a los cuerpos de seguridad y emergencias correspondientes.
Avisos a cuerpos de seguridad y desmentido de la acusación
En lo relativo a la coordinación operativa, el informe señala que los incidentes registrados a través del 112 en los municipios afectados por la rambla del Poyo fueron trasladados a los organismos competentes en función de su naturaleza, incluyendo servicios sanitarios, cuerpos de seguridad y policías locales. Esta gestión se realizó mediante la plataforma digital de emergencias o, en caso de organismos no integrados, por vía telefónica directa.
El informe documenta la derivación de incidentes a los códigos operativos correspondientes, lo que muestra que se siguieron los protocolos establecidos para garantizar la notificación a los servicios policiales y de emergencia cuando fue necesario. Frente a las críticas recibidas por una supuesta falta de atención a las llamadas, el técnico establece que la administración actuó en base a la información disponible y conforme a los procedimientos establecidos, de forma que los registros aportados permiten acreditar la trazabilidad de las comunicaciones.