El Gobierno no contactó con Pilar Bernabé en la dana hasta después del desastre en el Poyo

El Gobierno no se puso en contacto con su delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el día de la dana hasta bien entrada la noche del 29 de octubre, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado, varios puentes habían colapsado y ya se habían producido varias muertes. Así lo revela la transcripción de la declaración judicial que Bernabé prestó el pasado 14 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargado de investigar los hechos ocurridos durante la tragedia que asoló buena parte de la provincia de Valencia.

Según consta en su declaración, Bernabé recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasadas las 20 horas. En ese momento, según relató ante la juez, le sonó en el teléfono móvil el mensaje del sistema de alerta Es-Alert. La llamada, por tanto, se produjo una vez enviado el aviso masivo a la población. «En ese momento, mientras hablaba por teléfono con el ministro Marlaska, le sonó a ella la alerta. Cuando volvió la conexión ya se había mandado el Es-Alert», declaró Bernabé.

Hasta ese momento, no había mantenido comunicación directa con miembros del Ejecutivo central. Durante horas, la coordinación institucional en la Comunidad Valenciana recayó especialmente en los responsables autonómicos y municipales, sin que desde Moncloa se produjeran instrucciones ni contacto con su representante en la región. Para entonces, las consecuencias del temporal ya eran catastróficas: el barranco del Poyo se había desbordado a su paso por Paiporta o Torrente, varios puentes cedieron por la presión del agua y decenas de miles de personas quedaron incomunicadas y sin luz en municipios como los citados o Algemesí, Carlet, Utiel, etc.

La declaración revela también que, durante toda la jornada del 29, Pilar Bernabé se mantuvo en su puesto de trabajo, coordinando reuniones y llamadas con los alcaldes de las zonas afectadas, especialmente en La Ribera, Utiel y Requena. A las 9:30 de la mañana convocó por videoconferencia a los principales organismos implicados en emergencias.

Llamada a Pradas

A las 12:26 llamó a la consejera Salomé Pradas para ofrecerle apoyo y proponer la movilización de la UME. La petición formal llegó a las 14:53, y a las 15:29 se envió erróneamente un correo para desmovilizar a la UME, que fue corregido a las 15:41. Entre medias, Bernabé intentó desplazarse hacia Utiel pero recibió la convocatoria del CECOPI a las 16:20 y regresó a la Delegación del Gobierno.

En la reunión del CECOPI celebrada a las 17:00, la preocupación se centró en el riesgo de colapso de la presa de Forata, dejando fuera del foco informativo al barranco del Poyo, pese a que la alerta hidrológica para esa cuenca estaba activa desde las 12:20 del mediodía. Ningún responsable de la CHJ ni de la dirección de la emergencia pidió información específica sobre ese barranco, aseguró. De hecho, según la declaración de Bernabé, el colapso del puente en Picanya y las imágenes de vecinos de Paiporta trepando a las ventanas fueron las primeras señales claras de lo que ocurría en la cuenca del Poyo.

Tras recibir la llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 19:02, Bernabé se comunicó con la consellera Pradas a las 19:06 para reconectar el CECOPI. Pidió expresamente que el Es-Alert se extendiera a toda la provincia, no solo a la ribera del río Magro, ante la evidencia de que la emergencia se estaba extendiendo.

Además, Pilar Bernabé dejó en evidencia ante la juez que, pese a su papel como delegada del Gobierno, no recibió ninguna comunicación directa del Ejecutivo central hasta pasadas las 20 horas. Ni el presidente Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta, ni el Ministerio de Transición Ecológica contactaron con ella ese día. De hecho, el gabinete de crisis nacional no se constituyó hasta las 23.03 horas.

En su declaración, Bernabé lamentó que no se hubiera convocado el CECOPI por la mañana, cuando ya tenía información de graves inundaciones en municipios como Llombai o Alfarp. También señaló que no hubo una coordinación real entre los organismos estatales y autonómicos, que no se activaron los comités de asesoramiento ni se grabaron las reuniones, y que muchos datos críticos, como los del barranco del Poyo, nunca fueron compartidos.

La falta de contacto temprano por parte del Gobierno con su delegada genera nuevas dudas sobre la cadena de mando y la eficacia en la gestión de la emergencia. La declaración judicial de Bernabé, realizada en calidad de testigo, se suma a las diligencias abiertas por el Juzgado de Catarroja para esclarecer posibles negligencias en la previsión y respuesta ante la dana, que dejó un saldo de 228 muertos, miles de afectados y cuantiosos daños materiales. El retraso en la activación del Es-Alert ha sido uno de los puntos más controvertidos de la gestión del desastre. Aunque el sistema fue diseñado para emitir avisos de forma inmediata ante riesgos severos, en esta ocasión se activó cuando buena parte de los daños ya se habían producido.