El Gobierno ignora las críticas y proyecta el desvío de barrancos hacia el Turia tras la dana

Siete meses después de la dana del 29 de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido avanzar en solitario con un plan de 530 millones de euros para canalizar varios barrancos del área metropolitana de Valencia hacia el nuevo cauce del Turia. La propuesta, presentada este jueves en la capital por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha sido recibida con resistencia por parte de ayuntamientos afectados, vecinos y la Generalitat Valenciana, que critican su carácter unilateral y la falta de coordinación institucional.

El plan, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), incluye como pieza central el desvío del barranco de la Saleta desde Aldaia, cruzando Xirivella, Alaquàs y Quart de Poblet, hasta su entrega al nuevo cauce del Turia. El trazado combina tramos soterrados, canalizaciones a cielo abierto y una vía verde de 30 metros de anchura, con conexión final mediante un puente de 30 metros de ancho bajo la V-30. La actuación, con un coste estimado de 90 millones de euros, prevé iniciar las obras en 2026.

Junto a esta obra, el Ministerio ha anunciado ocho nuevas actuaciones con modificaciones técnicas relevantes, por valor de 335 millones, entre ellas reforestaciones en los barrancos del Poyo y la Saleta, zonas inundables en La Saleta, el Poyo y el Gallego, una vía verde entre el Poyo y el nuevo cauce, y obras de protección en Utiel, Buñol, Algemesí, la V-31 y la Albufera. También se contemplan cinco intervenciones en el tramo bajo del Júcar, con una inversión de 42 millones, y un programa de 60 millones para adaptar edificios vulnerables a las inundaciones.

Alegaciones desde Valencia

El Ayuntamiento de Valencia anunció hace semanas alegaciones formales al proyecto. El concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, advirtió de que la incorporación al nuevo cauce del Turia del caudal de la Saleta (130 m³/s) y del Poyo (700 m³/s) disminuiría el nivel de protección de la ciudad frente a futuras crecidas. De hecho, durante las inundaciones del 29 de octubre, el cauce alcanzó un pico de 2.300 m³/s de un máximo teórico de 4.200, por lo que cualquier nuevo aporte sin obras complementarias de refuerzo podría poner en riesgo a la capital, denuncian desde el consistorio.

El Ayuntamiento también ha cuestionado los muros laterales previstos, por su posible impacto sobre las depuradoras y sobre las viviendas colindantes de huerta. También se critica la eliminación de vías de servicio necesarias para el mantenimiento del canal y el acceso a los campos de cultivo.

Las alegaciones de Valencia han provocado a su vez malestar en Aldaia, cuyo alcalde, el socialista Guillermo Luján, calificó la oposición de la capital de «indignante». En el municipio vecino de Quart de Poblet, Compromís ha anunciado que presentará alegaciones al considerar que el municipio ha sido excluido del diseño del proyecto, pese a verse directamente afectado por el canal soterrado en varios tramos. La formación reclama participar en la toma de decisiones y que se publique un informe técnico completo sobre lo ocurrido durante la dana, que a día de hoy el Gobierno sigue sin presentar.

En paralelo, se han intensificado las protestas vecinales, especialmente en diferentes distritos de Aldaia y Quart, como el conocido como Barrio del Cristo. Allí, más de un centenar de alegaciones han sido registradas por sus vecinos que denuncian que el proyecto, rescatado de un expediente de hace más de una década, atraviesa zonas escolares, espacios naturales y viviendas sin actualización técnica ni alternativas. «No se nos ha escuchado, y eso genera miedo», criticaron en uno de los plenos celebrados recientemente.

El Poyo, sin fecha

Mientras se acelera la tramitación del desvío de la Saleta, el barranco del Poyo, identificado como el cauce más conflictivo de la zona y cuyo desbordamiento en poblaciones como Paiporta, Torrent o Catarroja fue letal , sigue sin fecha de ejecución. Aunque el Gobierno lo incluye en el plan general como espacio para reforestación y creación de zonas inundables, no se ha anunciado su licitación ni plazos concretos, a pesar de que afecta directamente a doce municipios del sur del área metropolitana, considerados los más expuestos a nuevas avenidas de agua.

Desde el Ayuntamiento de Valencia se ha advertido también que incorporar el caudal del Poyo al nuevo cauce del Turia sin rediseñar su estructura podría provocar situaciones de colapso. Las advertencias se han reiterado: sin intervención estructural sobre el Poyo, el plan queda cojo.

La Generalitat Valenciana, por su parte, ha insistido en que el Gobierno central a día de hoy no ha activado ninguna de las obras prioritarias que se le propusieron en noviembre. El consejero de Agricultura, Miguel Barrachina, criticó este jueves la falta de respuesta a las iniciativas del Consell y ha advertido: «Cada día perdido en planificación y ejecución es un riesgo que asumen injustamente los ciudadanos».

A los vecinos y a la administración autonómica, así como a varios ayuntamientos, les llama la atención que el Ejecutivo de Sánchez haya optado por lanzar un paquete de actuaciones sin participación territorial, sin calendario detallado y sin evaluaciones técnicas compartidas. La consecuencia es que el plan, lejos de unir, fractura todavía más la confianza entre administraciones y deja sin resolver los riesgos reales que siguen amenazando a buena parte del área metropolitana de Valencia.