El Puerto de Valencia, a juicio el 3 de julio por un presunto caso de enchufismo
Su presidenta, Mar Chao, ha sido denunciada por vulnerar los principios de mérito, capacidad e igualdad
La presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, interviene durante la inauguración de la autopista ferroviaria Valencia-Madrid. | Jorge Gil (Europa Press)
La primera cita judicial por un presunto caso de enchufismo en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ya tiene fecha. Será el próximo 3 de julio cuando los juzgados de lo Social de Valencia aborden el caso del nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera. El sindicato UGT, impulsor de la denuncia, considera que el proceso estuvo dirigido desde su inicio para favorecer a la candidata, en una convocatoria que vulneró los principios legales de igualdad, mérito y capacidad.
Este juicio inaugura una serie de procedimientos judiciales contra la presidencia de la APV, todos ellos relacionados con el nombramiento de altos cargos durante el mandato de la actual dirigente, Mar Chao. Los otros dos casos impugnados afectan a Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras, cuya vista está fijada para el 1 de octubre de 2026, y a Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio, que ya ha abandonado su puesto, aunque su caso también sigue adelante.
El sindicato ha sugerido que estos procesos se diseñaron como «trajes a medida». De hecho, tres semanas antes de que concluyera el plazo de presentación de candidaturas, la organización registró ante notario un documento en el que manifestaba su convencimiento de que Gimeno y Gras serían las seleccionadas, como finalmente ocurrió. En el caso de Gras, que obtuvo la mayor puntuación final tras la entrevista, la demanda ya fue admitida y está también señalada.
Más allá de los procedimientos judiciales, el conflicto revela una profunda crisis interna en la gestión del personal en la APV. Desde que el Consejo de Administración delegó en Mar Chao las competencias en materia de personal en febrero de 2024, las decisiones adoptadas —según admiten otras fuentes sindicales— se han tomado sin informar debidamente al Consejo ni respetar los cauces internos. «La presidenta actúa como si la APV fuera su chiringuito personal», afirman fuentes internas.
Esta forma de gestión ha provocado un deterioro organizativo generalizado, según consta en informes internos y en el estudio de riesgos psicosociales que se elaboró recientemente y que, según estas fuentes, fue «depurado» para no mostrar la crudeza real del malestar existente. La entrada de personal externo sin experiencia ni conocimiento de la operativa portuaria ha bloqueado la promoción interna y generado desmotivación entre empleados con años de servicio, que se ven ahora bajo las órdenes de cargos nombrados sin concurso público y, en muchos casos, sin cualificación suficiente.
Organigrama descabezado
A ello se suma el hecho de que cuatro plazas clave del área comercial siguen sin cubrirse, incluida la subdirección general comercial —un cargo que en su día ocupó la propia presidenta—, y los departamentos de desarrollo de negocio, multimodalidad e inteligencia de mercado. «El área comercial está descabezada. De ocho puestos, la mitad están vacíos. Y nadie da explicaciones», lamentan desde el entorno sindical. «Mar Chao ha convertido más en jefa comercial que en presidenta», añaden.
La crisis se ha agravado recientemente con el cese de Marcelo Burgos, director de obra de las actuaciones vinculadas a la ampliación de la Terminal Norte. Su salida —que no ha sido explicada públicamente ni acompañada de un relevo inmediato— ha generado inquietud en el sector empresarial, que teme retrasos o disfunciones en un proyecto estratégico para el puerto. Burgos formaba parte del equipo técnico que lideraba las obras, junto a la subdirectora de Infraestructuras y el jefe de Dominio Público.
El malestar alcanza también al plano operativo. Fuentes del entorno de la estiba alertan de la falta de al menos 80 trabajadores en el Centro Portuario de Empleo para atender el crecimiento de la actividad, impulsado por el desvío de rutas a causa de la crisis del mar Rojo. La incapacidad de respuesta en recursos humanos, unida al desorden interno, amenaza con traducirse en cuellos de botella que afecten a la competitividad del puerto.
Mientras tanto, los ecos del conflicto valenciano resuenan también en otros puertos del Estado. En Santa Cruz de Tenerife, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado ha revelado graves irregularidades en la contratación de personal, compensaciones indebidas a prejubilados, favoritismo en la adjudicación de plazas, y un uso abusivo de las entrevistas como factor decisivo en procesos selectivos. En uno de los casos más llamativos, se adjudicó una plaza a la hija del antecesor de la actual jefa de Recursos Humanos, quien presidía también el tribunal calificador.