Montero avisó al Puerto de Valencia de que un directivo tenía negocios con una adjudicataria

El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, detectó irregularidades graves por conflicto de intereses en el Puerto de Valencia que afectaban a Federico Torres, uno de sus altos cargos clave en la gestión de los contratos financiados con fondos europeos. La alerta quedó recogida en un informe reservado de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, elaborado en enero de 2024 tras auditar el contrato de instalación fotovoltaica sobre el Muelle Príncipe Felipe adjudicado a la UTE Pavasal-Pavener a finales de 2022 por tres millones de euros.

Torres —jefe de Transición Energética de la Autoridad Portuaria de Valencia— no solo redactó los pliegos, sino que formó parte de la comisión técnica de valoración y fue designado responsable del contrato (ver imagen inferior). Al mismo tiempo, compartía negocios con uno de los subcontratistas de la obra fiscalizada, Aris Nova SL, encargada de integrar el software de la instalación fotovoltaica.

Los auditores oficiales acreditan que «entre las afinidades de F.T.M. [Federico Torres Monfort, responsable de la Unidad Organizativa promotora de la licitación, así como del contrato y miembro de la Comisión Técnica de Valoración], se encuentra J.G.B. [Jorge Gramage Bordera, propietario/administrador del subcontratista Aris Nova SL], comprobándose que ambos son propietarios y miembros del Consejo de Administración de la sociedad Vienval SL».

A los 15 días de emitirse el informe del Ministerio de Hacienda, Torres se apresuró a comunicar oficialmente al Registro Mercantil su cese en dicha compañía (como puede apreciarse en la imagen inferior), pero aparece un tercer actor, Daniel Javaloyas, que además de ser amigo también de Torres fue elegido miembro de la junta directiva del Colegio de Ingenieros Industriales en noviembre de 2023, como hizo de forma similar con el exconsejero valenciano del PP y propietario de la constructora Lantania, Máximo Buch.

A ello hay que añadir que el domicilio social de Vienval, liquidada en agosto del pasado año tras la denuncia del Ministerio de Hacienda, tenía como domicilio social una vivienda de Daniel Javaloyas en la población valenciana de Sueca, donde tiene radicada otra de sus sociedades.

Este dato oficial, registrado en el Boletín del Registro Mercantil, confirma sin margen de duda los lazos empresariales de Torres con la empresa vinculada al subcontratista favorecido, lo que refuerza la relevancia de los hechos señalados por la Intervención del Estado. Aunque la incorporación formal de Aris Nova al proyecto como subcontratista no se produjo hasta octubre de 2023 —varios meses después de la adjudicación—, el informe subraya que esta vinculación empresarial «comprometía el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del afectado de la Autoridad Portuaria de Valencia desde el inicio de la participación en el proyecto de dicha sociedad subcontratista».

Conflicto de intereses nunca declarado

Según la Intervención del Estado, «el responsable del contrato debió conocer el posible conflicto de intereses que esto generaba y comunicar y actuar según indica la legislación al respecto». Sin embargo, Federico Torres no informó en ningún momento de la existencia de estos lazos societarios, ni se abstuvo de participar en los órganos de valoración, pese a estar obligado a hacerlo por las normas nacionales y europeas sobre integridad en la gestión de fondos públicos.

La Autoridad Portuaria de Valencia —presidida por Mar Chao— tampoco activó ningún mecanismo de control. El informe constata que «la Autoridad Portuaria de Valencia no detecta de oficio esta situación, por lo que no se inicia procedimiento ni actuación de ningún tipo para su corrección», pese a que la normativa comunitaria exige establecer sistemas eficaces de detección, supervisión y gestión de conflictos de intereses en todas las fases de los contratos financiados con fondos europeos.

Patrón repetido en contratos

Este expediente no es un caso aislado. Como adelantó ayer en exclusiva THE OBJECTIVE, la Autoridad Portuaria de Valencia adjudicó a través del departamento de Federico Torres en 2023 y 2024 otros dos contratos por más de 32 millones de euros a la constructora Lantania, cuyo máximo accionista es Máximo Buch, exconsejero de Economía del PP en la Generalitat Valenciana, amigo personal y compañero de Torres en el órgano de dirección de los ingenieros industriales.

En esas adjudicaciones, el directivo del Puerto de Valencia también ocupó puestos clave en las comisiones de valoración técnica que determinaron la concesión de los contratos. Lantania obtuvo las máximas puntuaciones en los criterios subjetivos de valoración, a pesar de que otras empresas presentaron ofertas más económicas. A este respecto, desde Lantania aseguran que «todos los contratos han sido obtenidos mediante procesos transparentes y conforme a la normativa vigente. Participamos en licitaciones abiertas y competitivas, presentando propuestas sólidas tanto a nivel técnico como económico, que están disponibles para su consulta en la Plataforma de Contratación del Estado. Competimos en igualdad de condiciones, sin trato preferencial ni ventaja alguna en todas las licitaciones a las que nos presentamos. En ambos contratos, fue la oferta económica la que determinó la adjudicación».

Preguntada por las adjudicaciones a dicha constructora, la Autoridad Portuaria de Valencia se ha limitado a señalar que «ya están sometidas a las correspondientes auditorías y controles por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); y cuenta, asimismo, con los mecanismos internos de prevención para la lucha contra el fraude. En este caso, además, al ser un contrato con fondos MRR, tiene que ser auditado por Puertos del Estado».

Sin embargo, la auditoría de Hacienda aquí presentada confirma las irregularidades graves, que los controles internos del Puerto de Valencia fallaron y que las únicas medidas adoptadas tras el informe oficial se limitaron a la salida de Federico Torres de Vienval y a la disolución de la empresa.

Advertencia directa de Hacienda

Asimismo, el informe de la Intervención deja constancia expresa de que Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, tenía conocimiento directo de los riesgos de irregularidad en este expediente, por lo que desplegó sus mecanismos de auditoría reforzada sobre los fondos europeos.

«Se obtienen las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de todos los intervinientes en el procedimiento por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, así como del contratista y los subcontratistas, con la salvedad» —señala el informe— «de que sólo se obtuvo la declaración de F.T.M. [Federico Torres Monfort] como redactor de los pliegos y responsable del contrato».

Los auditores advierten además de irregularidades formales en la tramitación de las declaraciones de los subcontratistas. «Tres subcontratistas firmaron su declaración de conflicto de intereses de forma manuscrita y en cinco casos la firma es posterior a la comunicación de inicio de subcontratación».

Pese a constatar estos incumplimientos, el informe final de Hacienda calificó el expediente como «favorable con incidencias», al no apreciar un perjuicio directo sobre el gasto auditado. Sin embargo, deja constancia de importantes deficiencias en el sistema de prevención y control de conflictos de intereses por parte de la Autoridad Portuaria.

Además, la Autoridad Portuaria de Valencia incumplió sus obligaciones de actualizar los datos en la plataforma informática de seguimiento de los fondos europeos: «A fecha de emisión de este informe, no se ha actualizado en la aplicación informática de seguimiento la información correspondiente a los subcontratistas».