El Puerto de Valencia admite la apertura de un expediente antifraude a Federico Torres
Se concluyó que al ser una relación con un subcontratista no afectaba a la adjudicación.
Puerto de Valencia.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha confirmado este jueves que abrió un expediente interno por conflicto de intereses a su jefe de Transición Energética, Federico Torres, tras el informe reservado de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), desvelado ayer por THE OBJECTIVE, en el que se constataba la existencia de vínculos empresariales entre Torres y uno de los subcontratistas de la planta fotovoltaica del Muelle Príncipe Felipe.
Según han explicado fuentes de la Autoridad Portuaria, durante los primeros meses del pasado año se instruyó un expediente en el seno de la Comisión de Análisis de Conflictos de Intereses (CAF), el órgano antifraude interno de la organización, «en aplicación de los procedimientos internos», tras la advertencia del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
En las conclusiones de ese expediente, la institución portuaria reconoce que «las personas sobre las que se identifica el conflicto de interés formalizaron las DACI (declaraciones de ausencia de conflicto de intereses) correspondientes sin advertir la situación de conflicto», a pesar de mantener vínculos societarios en la empresa Vienval, compartida hasta hace poco por el directivo portuario y el administrador de Aris Nova, subcontratista de la obra auditada.
El Puerto de Valencia admite expresamente que el conflicto de intereses es de «carácter personal del responsable del contrato con uno de los subcontratistas», si bien insiste en que el propio Torres argumentó que desconocía la identidad de los subcontratistas en el momento de la adjudicación, dado que el proceso de subcontratación «no interviene la APV, contando el contratista principal y el subcontratista con procesos de solicitud y remisión de ofertas para la elaboración de propuestas de licitaciones públicas».
Respecto al papel de Aris Nova, la autoridad portuaria sostiene que «la actividad de la empresa subcontratada es la de la integración del software de la instalación fotovoltaica en el sistema SCADA de Siemens de la APV, siendo una de las empresas especializadas en este tipo de instalación, habiendo otras que prestan el mismo servicio». Asimismo, recalca que «la sociedad mercantil que tienen en común no tiene transacciones con la institución con la empresa subcontratada».
No obstante, el expediente antifraude reconoce que Torres debió haber declarado esta vinculación al firmar las declaraciones de conflictos de intereses. Añade que «en la resolución emitida por la CAF se resalta a las partes la importancia de indicar el conflicto de interés a la firma de las DACI en tiempo y forma».
A pesar de estas omisiones, la APV sostiene que «no hay evidencias de que el conflicto de interés advertido en el indicado expediente, indirecto y de tipo personal, haya afectado en este caso a sus funciones como responsable del contrato ni influido de manera indebida en el desempeño de sus deberes en el contrato analizado». Sostiene también que un conflicto potencial «no es en sí mismo un problema, a no ser que devenga en un conflicto de interés real».
Como medida preventiva, la Comisión de Análisis de Conflictos de Intereses ha instado que «Federico Torres debe advertir durante al menos dos años desde su desvinculación de Vienval (diciembre de 2023) al órgano de contratación la existencia de posible conflicto de interés en el caso de contratos en los que se dé la participación de Aris Nova, para la aplicación del procedimiento interno de gestión de conflictos de interés de la APV». Esa advertencia deberá constar en el expediente de cualquier futura adjudicación.
Por último, la Autoridad Portuaria aclara que «en la actualidad Federico Torres no es responsable de ningún contrato vinculado a las citadas empresas».
Expediente tras la investigación
Este reconocimiento de la Autoridad Portuaria de Valencia se produce después de que la IGAE advirtiera en enero de 2024 de la existencia de este conflicto de intereses en el marco de su auditoría oficial, remitida al Ministerio de Hacienda, en la que subrayaba que «el responsable del contrato debió conocer el posible conflicto de intereses que esto generaba y comunicar y actuar según indica la legislación al respecto».
Tal y como desveló THE OBJECTIVE, el vínculo empresarial entre Torres y el subcontratista fue documentado en la auditoría, al constatar que ambos compartían el órgano de administración de Vienval SL durante la tramitación del contrato auditado.
Además, la propia IGAE criticó que la Autoridad Portuaria «no detecta de oficio esta situación, por lo que no se inicia procedimiento ni actuación de ningún tipo para su corrección», incumpliendo los mecanismos preventivos de control de conflictos de intereses exigidos en la gestión de los fondos europeos.