El Puerto de Valencia confirma otro expediente y deja abiertas nuevas pesquisas a su directivo
La presidenta ordenó seguir investigando a su alto cargo tras descubrir nuevas anomalías en las adjudicaciones

La presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, en el centro de la imagen. | THE OBJECTIVE
El Puerto de Valencia ha confirmado que mantiene bajo vigilancia los contratos públicos adjudicados al entorno de Federico Torres, jefe de Transición Energética, y deja abierta la puerta a incoar nuevas investigaciones internas, tras las revelaciones publicadas por THE OBJECTIVE que han destapado un patrón sistemático de adjudicaciones a empresas vinculadas al círculo personal y profesional del alto cargo.
Como publicó este viernes THE OBJECTIVE, en apenas año y medio cuatro miembros de la junta directiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, presidido por Torres desde 2023, han recibido contratos por 15,5 millones de euros en el Puerto de Valencia, en procedimientos donde la intervención directa de Torres resultó determinante. Entre los adjudicatarios figuran amigos personales como Daniel Jabaloyas (exsocio de Torres en Vienval) y el exconsejero valenciano del PP, Máximo Buch (dueño de Lantania); así como Pablo Benlloch (IDOM) y Pascual Lloria (Gesman Ingeniería).
Ahora, el organismo público que preside Mar Chao ha admitido que, tras la primera investigación interna abierta a raíz de la advertencia de Hacienda (enero de 2024), acordó «en la misma fecha del cierre, la apertura de un nuevo expediente centrado en la revisión de los procesos de contratación de los expedientes en los que el subcontratista identificado por la Intervención General del estado (IGAE) hubiese tenido participación directa».
Este segundo expediente tuvo como objetivo «identificar, considerando la información disponible, empresas vinculadas a Federico Torres que hubiesen podido prestar sus servicios en el Puerto de Valencia». Además de Aris Nova, la empresa señalada en el primer informe de la Intervención General del Estado, se identificó también a la empresa Orcus, cuya relación con Torres es, según reconoce la propia Autoridad Portuaria, «similar a la advertida por la IGAE en el caso de Aris Nova».
En total, la investigación interna localizó ocho expedientes de contratación directa, entre 2017 y 2023, en los que Torres actuó como responsable de contrato y resultaron adjudicatarias las empresas vinculadas a su entorno personal y profesional.
Durante la inspección, el Puerto sostiene que «no se podía constatar que se hubiese beneficiado a las empresas vinculadas con Federico Torres ni que él hubiese obtenido un beneficio particular de las mismas» y que «los expedientes de contratación se realizaron siguiendo los procedimientos de contratación aplicables a cada momento».
Segundo caso
No obstante, el organismo reconoce expresamente que «debido a la relación de amistad declarada de Federico Torres y el Administrador Único de Orcus [su amigo Daniel Jabaloyas], se informó que persistía el conflicto de interés con la empresa Orcus, por lo que Torres no debería participar de forma directa o indirecta en ningún contrato vinculado con esta empresa».
Respecto a Aris Nova, la Autoridad Portuaria sostiene que «la relación mercantil entre el Administrador Único de Aris Nova y Federico Torres había desaparecido», pero que el directivo deberá seguir declarando esta vinculación durante «al menos dos años desde la desvinculación», de modo que los órganos de contratación puedan analizar «la aplicación, en su caso, de medidas compensatorias» en futuras adjudicaciones.
Inspección periódica del directivo
Como resultado de la segunda investigación, el Puerto de Valencia emitió varias recomendaciones para reforzar los controles internos, entre ellas «emitir instrucciones sobre el contenido mínimo de los expedientes de contratación e incluir medidas para manifestar la ausencia de conflictos de interés», «reforzar los mensajes y trasladar las instrucciones en relación con los conflictos de interés al personal con funciones relevantes» y realizar un «seguimiento periódico durante un periodo determinado de la integridad de los contratos del área de la que es responsable Federico Torres», especialmente los que pudieran celebrarse con Aris Nova y Orcus.
Finalmente, el organismo público subraya que «desde la fecha de la resolución, no se han detectado nuevos contratos que hayan contado con la participación de Torres con las empresas vinculadas mencionadas» pero deja abierta la puerta a futuras actuaciones: «Como se ha venido realizando hasta la fecha, se activarán los mecanismos para la incoación de los expedientes de investigación que correspondan».
Compromís exige una investigación
Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha exigido un cambio total en la dirección de la Autoridad Portuaria de Valencia y una investigación exhaustiva sobre las adjudicaciones realizadas en los últimos años, tras las informaciones publicadas sobre los contratos otorgados desde el departamento que dirige Torres.
«La situación en la Autoridad Portuaria de Valencia es insostenible. Urge no solamente cambiar su dirección, no solamente cambiar las dinámicas de gobernanza, sino analizar e investigar cada uno de los contratos que posiblemente están salpicados de corrupción», ha declarado Ibáñez. El diputado nacionalista ha reclamado además revisar también «la licitación de ampliación del puerto vinculada a empresas que están saliendo ahora mismo en la trama de corrupción del señor Ábalos y el señor Santos Cerdán».
Para Compromís, la paralización de la ampliación portuaria no solo responde a motivos medioambientales y sociales, sino también «porque es un nido de corrupción y de amaño de contratos». Ibáñez ha advertido que su formación continuará reclamando «responsabilidades políticas y judiciales» en el ámbito portuario valenciano.