El Gobierno valenciano cifra en 29.000 millones el plan para recuperar la zona cero de la dana
Los ayuntamientos estarán obligados a reportar cada hora el nivel de los barrancos cuando se activen las alertas
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols. | Rober Solsona / Europa Press
Baterías en los ascensores para evitar atrapamientos durante una riada. Bombas de achique automáticas obligatorias en todos los edificios. Rutas de evacuación vertical hacia azoteas o plantas seguras. Eliminación masiva de cañas en los cauces fluviales. Test de estrés hidrológicos para cada barranco. Barreras antirriada en garajes. Y formación escolar en protocolos de evacuación ante inundaciones. Son algunas de las medidas más llamativas y novedosas del Plan Endavant (Adelante), presentado este lunes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como hoja de ruta para recuperar la zona cero de la dana del pasado 29 de octubre y transformar el modelo territorial valenciano frente a futuras catástrofes naturales.
El plan, que contempla 339 medidas estructurales y un presupuesto estimado de 29.000 millones de euros, no solo pretende reparar lo dañado, sino transformar de raíz el enfoque institucional ante las emergencias climáticas. Según ha señalado Mazón, «lo responsable no es ver el 29-O como una rareza, sino como una advertencia que nos obliga a actuar para que no vuelva a producirse tanto dolor y destrucción».
El vicepresidente segundo para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha desgranado las medidas, muchas de ellas inspiradas directamente en las deficiencias detectadas durante la emergencia. Entre ellas, se encuentran los planes de vivienda, la delimitación de suelos donde ya no se podrá construir, y la incorporación de nuevas normas técnicas para la edificación y la seguridad.
Prevención, evacuación y cambio cultural
Uno de los pilares fundamentales del Plan Adelante es el de prevención, que incluye una modernización completa de los sistemas de monitoreo y alerta temprana, el diseño de guías individualizadas para cada barranco y la realización de tests de estrés hidrológicos e hidráulicos por cuenca. Estas pruebas permitirán identificar zonas de riesgo elevado, evaluar su capacidad de respuesta ante lluvias extremas y definir protocolos específicos.
En materia de protección, el plan propone modificar la normativa de edificación para exigir la instalación de bombas de achique automáticas y desarrollar protocolos de evacuación vertical en todos los edificios, públicos y privados, con rutas hacia zonas seguras, cubiertas o plantas altas accesibles. Además, Mazón ha destacado una medida inédita: la formación de escolares en protocolos de evacuación frente a inundaciones, con simulacros periódicos en colegios y centros educativos, para que esta cultura preventiva se instale en la ciudadanía desde edades tempranas.
Gan Pampols ha explicado también propuestas concretas como la instalación de baterías auxiliares en ascensores para evitar atrapamientos, la creación de barreras antirriada en garajes públicos, la eliminación intensiva de cañas y vegetación obstructiva en cauces, y la revisión de las zonas donde actualmente no es seguro construir.
Infraestructuras hidráulicas
El plan se estructura en cuatro grandes ejes: infraestructuras, prevención, protección y gestión de emergencias. En el primer bloque, se prevé una actuación integral en los barrancos del Poyo y del Magro, con identificación y jerarquización de los tramos más peligrosos en función de su proximidad a núcleos urbanos o capacidad de desagüe. También se instalarán tanques de tormenta y parques inundables, y se realizará un estudio conjunto con el Gobierno para entender por qué carreteras y puentes colapsaron durante la riada, con el objetivo de adaptar los métodos constructivos.
En el ámbito de la gestión de emergencias, se plantea un cambio normativo para que las agencias que aporten información también interpreten su impacto, evitando que los datos brutos —como caudales o niveles de agua— lleguen sin contexto a los órganos decisores. «No basta con decir cuántos metros cúbicos lleva un barranco; hay que decir si eso implica un riesgo inmediato o no», ha subrayado Mazón. En esa línea, los ayuntamientos estarán obligados a reportar cada 60 minutos el nivel de los barrancos cuando se active una alerta naranja o superior.
El presupuesto estimado del plan —29.000 millones de euros— se distribuye entre los 14.500 millones que asumirá la Generalitat, los 12.600 millones que corresponderán a la Administración General del Estado, y el resto, que recaerá en otras entidades. Aparte, Mazón ha recordado que infraestructuras de ámbito nacional como el Corredor Mediterráneo, estaciones intermodales o plataformas logísticas, que sumarían otros 12.000 millones, no se han incluido en este documento por exceder el marco competencial.
Entre las propuestas institucionales, Mazón ha anunciado la creación de una empresa pública mixta participada por Generalitat y Estado para gestionar las infraestructuras hidráulicas, así como su intención de plantear al Gobierno de España la creación de una Agencia Estatal del Agua con sede en la Comunidad Valenciana. También ha propuesto que se cree una comisión parlamentaria de seguimiento en el parlamento regional para fiscalizar el cumplimiento del plan.
En el preámbulo del acto, celebrado en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat, el jefe del Gobierno autonómico ha hecho balance del trabajo ya realizado desde la dana, reivindicando la agilidad en el reparto de ayudas y la movilización de medios. Según los datos presentados, ya se han ejecutado 2.400 millones en ayudas directas, 945 millones en obras, se han limpiado garajes, retirado residuos, repartido alimentos y bienes básicos, y se han acumulado más de 180.000 horas de trabajo de maquinaria pesada.
La presentación ha contado con una amplia representación institucional, empresarial y social. Entre los asistentes, además del gobierno autonómico en pleno, figuraban el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó; los líderes de UGT y CCOO, Tino Calero y Ana García Alcolea; el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro; y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. También han estado presentes rectores universitarios, institutos tecnológicos, colegios profesionales, asociaciones agrarias y empresas implicadas en la reconstrucción, así como los 103 alcaldes incluidos en el decreto de emergencia. En representación del Gobierno central ha acudido el comisionado para la reconstrucción, José María Ángel, aunque no ha asistido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.