Pilar Bernabé mantiene a su 'número dos' en el cargo pese a que Antifraude tumbó su ascenso

Tres años después de que la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) dictaminara que la promoción interna que permitió a José Rodríguez Jurado alcanzar el subgrupo A1 de la administración fue contraria al ordenamiento jurídico, el Gobierno de Pedro Sánchez lo mantiene al frente de la Subdelegación del Gobierno en Valencia.

El caso no es menor. Rodríguez Jurado no solo es el subdelegado del Gobierno en una de las provincias clave del país, sino que fue designado directamente por Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y número cuatro del PSOE a nivel nacional. Su nombramiento, consumado en enero de 2024, fue criticado desde el principio por venir acompañado de reparos legales que siguen vigentes y sin que se haya corregido la situación.

Antifraude fue tajante. En un informe emitido tras recibir una denuncia en 2022, el organismo concluyó que el proceso de promoción interna por el que Rodríguez accedió a la categoría A1 era nulo de pleno derecho. Según Antifraude, el salto de un funcionario del subgrupo C1 al A1 sin pasar previamente por el A2 vulneraba la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la sentencia 883/2021 de 21 de junio. Esa resolución dejó claro que para optar a un puesto del subgrupo A1 resulta imprescindible haber pasado antes por el A2 y haber permanecido el tiempo preceptivo en esa categoría.

El informe, firmado por el entonces director de la agencia, Joan Llinares, no solo cuestionaba las bases del procedimiento, sino también la propia admisión de Rodríguez como candidato. Ambos actos eran, según la ley, contrarios al ordenamiento jurídico y por tanto carecían de validez. En palabras de la AVAF, se trataba de un «fraude» que permitía adquirir derechos sin cumplir los requisitos esenciales para ello.

Una promoción fulgurante

Rodríguez Jurado accedió al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer en 2009 como administrativo del grupo C1. Desde entonces, su carrera estuvo marcada por su cercanía al núcleo duro del PSOE valenciano, en especial a Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y actual secretario provincial del partido.

En marzo de 2023, fue promovido al subgrupo A1 como técnico de administración general. Apenas unos meses después, ese ascenso le abrió las puertas a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, un puesto que exige pertenecer a esa categoría.

La velocidad de los acontecimientos levantó sospechas adicionales. Rodríguez no había terminado la carrera de Derecho hasta febrero de 2022, en la Universidad a Distancia de Madrid. Fue justo después de obtener el título cuando el Ayuntamiento convocó la plaza de técnico A1 por promoción interna, a la que solo él podía presentarse.

Un proceso sin garantías

El procedimiento parecía estar diseñado para que Rodríguez fuera el único beneficiario. Según el informe de Antifraude, en la vía interna solamente constaba su candidatura, y la plaza le fue concedida a los ocho meses de haber completado sus estudios y sin que existiera informe jurídico ni fiscalización previa por parte del consistorio de la población.

Pese a las advertencias previas del organismo autonómico, el nombramiento como subdelegado siguió adelante y fue aprobado por el Ministerio de Política Territorial. En enero de 2024, Pilar Bernabé lo presentó públicamente como su hombre de confianza en la provincia de Valencia.

El caso ha sido interpretado por la oposición como un ejemplo del «modelo Sánchez» de gestión institucional, en el que prima la fidelidad personal sobre la legalidad. Bernabé, una de las figuras emergentes del PSOE, decidió respaldar a Rodríguez pese a las dudas jurídicas que pesaban sobre su ascenso.

A pesar del dictamen de la AVAF, el Ejecutivo no rectificó y desde entonces no se ha abierto ningún expediente contra Rodríguez Jurado. La contundencia de la resolución de Antifraude contrastó con la pasividad institucional. El Ayuntamiento de Canet se negó a revisar de oficio la promoción, mientras que el Gobierno central mantuvo a Rodríguez en su puesto. El informe dejaba claro que la promoción directa de C1 a A1 estaba vetada por el Supremo y que la admisión de Rodríguez era nula de pleno derecho.

Casi tres años después del informe, Rodríguez Jurado sigue en su cargo como subdelegado en Valencia y como funcionario A1. Ni desde la Delegación del Gobierno ni desde Ferraz se han ofrecido explicaciones.

«Un traje a medida»

De hecho, el exalcalde y portavoz del PP en Canet d’en Berenguer, Leandro Benito, asegura que todo el proceso fue diseñado para favorecer al actual subdelegado. «Fue un traje a medida. Estaban esperando los tiempos y todo para que él acabara la carrera y tuviera la titulación necesaria para promocionar», afirma. Rodríguez Jurado terminó Derecho en febrero de 2022 y, apenas unos días después, el Ayuntamiento convocó la plaza de técnico A1.

Benito insiste en que el procedimiento contravenía la doctrina del Supremo. «Nosotros advertimos a Antifraude que no se podía pasar directamente del grupo C1 al A1. La jurisprudencia es clara: hay que pasar por el A2 con el tiempo reglamentario en ese nivel».

Desde el consistorio se defendieron alegando una sentencia del Tribunal de Andalucía. «Ellos decían que sí se podía, pero el Supremo está por encima de cualquier tribunal autonómico. Y eso lo confirmó Antifraude en su informe», recalca el portavoz popular.

El exalcalde añade que hubo otra aspirante que presentó denuncia. «Se vulneraron sus derechos, pero el Ayuntamiento tiró para adelante, lo hicieron deprisa y corriendo, y acto seguido lo colocaron como subdelegado del Gobierno». Benito describe además un Ayuntamiento «sumido en la polémica constante» y con una gestión «paralizada por el clientelismo».