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Comunidad Valenciana

Los vídeos del Cecopi de la dana retratan el caos entre administraciones ante la tragedia

Las imágenes aportadas a la juez muestran el tránsito de una mañana de aparente control al desconcierto absoluto

Los vídeos del Cecopi de la dana retratan el caos entre administraciones ante la tragedia

Llegada de la exconsejera Pradas al centro de Eemergencias el día de la dana. | THE OBJECTIVE

Los vídeos grabados en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) durante el 29 de octubre de 2024 en que la dana arrasó parte de la provincia de Valencia muestran con crudeza el desconcierto y la descoordinación entre administraciones mientras la tragedia se consumaba. Las imágenes, registradas por la televisión autonómica y la empresa contratada por la Consejería de Justicia e Interior, revelan el paso de un aparente control de la situación a gestos y semblantes de preocupación, dudas técnicas y un continuo cruce de órdenes imprecisas bajo un desconcierto absoluto ante la imprecisión de datos recibidos.

En los vídeos grabados a lo largo de la mañana puede verse la llegada de la entonces consejera Salomé Pradas al Centro de Coordinación de Emergencias sobre las 12.30 horas, recibida por el también investigado ex secretario autonómico, Emilio Argüeso, y Jorge Suárez. En ese momento, el escenario meteorológico ya era crítico, con alerta roja en buena parte de la provincia y emergencia nivel 1 en la Ribera Alta. A las 11.45 se había decretado alerta hidrológica en el río Magro, y a las 12.20 otra para la rambla del Poyo, tras el aviso del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

Los vídeos muestran a la consejera hablando inicialmente de una conversación con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y preguntando por los medios desplazados y por la información a los municipios. Pradas pide expresamente «alertar en redes sociales y avisar a los ayuntamientos» sobre las zonas de riesgo. En efecto, los mensajes se publicaron en las cuentas oficiales a las 12.25 y 12.59 horas, y se remitieron correos a los municipios afectados. Según las fuentes autonómicas, todos los ayuntamientos con riesgo potencial fueron advertidos antes de las 13.00.

Hasta ese punto, la gestión parecía seguir el guion del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, aunque con un tono de confianza que, a la vista de lo sucedido después, resultó insuficiente. Los técnicos de Emergencias explican que enviaron bomberos forestales a Carlet y a las zonas del Poyo, pero solo «para hacer un seguimiento visual». Pradas, según las grabaciones, muestra preocupación por «los barrancos que llevan agua», mientras en la pantalla del centro de mando ya se acumulaban incidencias.

De la alerta al silencio

El problema empezó pocas horas después. Los propios registros de Emergencias —citados en sede judicial— indican que tras las 13:00 horas se sucedieron tres avisos del SAIH (13.42, 15.04 y 16.13) que apuntaban a una tendencia descendente en el caudal del fatídico barranco del Poyo. Esa información, que tranquilizó a los responsables autonómicos, resultó ser el preludio de un error fatal.

Cuando el Cecopi fue convocado a las 17.00 horas, no había ninguna alerta hidrológica activa en el sistema del SAIH. Los técnicos de la CHJ no advirtieron ningún repunte. No fue hasta las 18.43 cuando, tras más de dos horas y media de silencio, la Confederación Hidrográfica del Júcar envió un correo electrónico informando de un caudal de 1.686 m³/s en el Poyo, el doble de la capacidad del cauce y, por tanto, señal inequívoca de desbordamiento.

A esa hora, según declaró ante la jueza el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, «no le llamó especialmente la atención» el dato. Dijo que lo consideró «congruente con lo que estaba pasando en otras zonas» y que no lo comunicó verbalmente a nadie porque «la información ya se había enviado por los cauces habituales». Fue un error letal: el correo se recibió, pero nadie reaccionó.

Entre la inercia y la improvisación

Los vídeos de la tarde —que documentan parte de la reunión del Cecopi— retratan un ambiente de confusión y descoordinación institucional. Los presentes —técnicos, mandos de emergencias y representantes de las administraciones— consultan pantallas, hablan por teléfono y se cruzan indicaciones sin rumbo claro. En paralelo, la CHJ seguía sin realizar llamadas directas ni a la Generalitat ni a la Delegación del Gobierno.

La declaración judicial de Polo del pasado septiembre complementa lo que las imágenes no muestran, el vacío de liderazgo técnico. Según reconoció, «nadie del Centro de Coordinación de Emergencias se puso en contacto» con la CHJ para pedir interpretación de los datos, pero él mismo tampoco llamó a nadie. Justificó su actitud afirmando que «ese día no se había planteado hacer esas reflexiones».

Las imágenes del Centro de Emergencias muestran otro instante donde el responsable provincial de bomberos, José Miguel Basset, advierte de los riesgos de hipotermia para los vecinos afectados por los desbordamientos en la zona de Utiel, y donde ya puede verse al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Sin embargo, mientras el agua arrasaba Utiel y la Ribera, la atención del centro de mando ignoraba ante la ausencia de información donde se estaba gestionando la catástrofe que estaba por venir, la de Paiporta, Catarroja, Torrente y otras decenas de municipios del área metropolitana de Valencia.

La grabación muestra rostros tensos, conversaciones cruzadas y una sensación de bloqueo institucional. Nadie parece tener información completa. La Generalitat alega que cumplió con los avisos previos y que no recibió actualizaciones críticas de la CHJ. La Confederación, por su parte, se escuda en que sus protocolos son puramente técnicos y que las decisiones de alerta a la población corresponden a Protección Civil.

Fuentes del entorno autonómico interpretan los vídeos como prueba de que la Generalitat actuó conforme a los protocolos, decretando alertas hidrológicas, avisando a los ayuntamientos y ordenando el despliegue de recursos. Pero las mismas imágenes, vistas junto a la declaración de Polo, revelan algo más profundo, una falta total de coordinación vertical entre administraciones, donde cada organismo actuó como si el otro fuera a resolver el problema.

La cronología posterior —mails sin respuesta, llamadas cruzadas, alertas que nadie interpreta— demuestra que el sistema de emergencias falló por exceso de compartimentos estancos. La CHJ gestionó datos; Emergencias gestionó alertas; y el Cecopi trató de coordinar sin poner el foco donde tocaba.

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