La Fiscalía investiga en Valencia 80 millones en contratos de agua gestionados por el PSOE

La Fiscalía Provincial de Valencia investiga presuntas irregularidades en contratos del agua adjudicados durante los años de gobierno socialista en la Diputación de Valencia hasta 2023. La investigación tiene su origen en una denuncia anónima de 22 páginas remitida a la Fiscalía Anticorrupción el pasado año, en la que se señalan posibles delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación por parte de la sociedad pública: Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa).

El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, detalla un sistema de contratación presuntamente diseñado para favorecer al socio privado de la entidad, el grupo Global Omnium, matriz de la empresa Aguas de Valencia, mediante licitaciones conjuntas, manipulación de procedimientos y la participación de empleados del grupo privado en decisiones de adjudicación. En total, según la denuncia, se habrían adjudicado más de 80 millones de euros en contratos durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022, cuando el control político de la Diputación correspondía al PSOE y Compromís.

Controlada por un socio privado

Egevasa, participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia, aparece en el centro del caso. La denuncia sostiene que, pese a su condición de empresa pública, las decisiones reales en materia de contratación las adoptaban empleados de Global Omnium, que actuaban como si fueran personal de la sociedad mixta. En algunos expedientes, los mismos técnicos que elaboraban informes o abrían plicas figuraban como trabajadores del grupo privado, lo que la denuncia califica como «un grave conflicto de intereses».

El texto describe una estructura en la que la parte privada habría asumido de facto las funciones reservadas a los «poderes adjudicadores» y que la ley confiere exclusivamente a las entidades del sector público. De acuerdo con el denunciante, el resultado fue un sistema paralelo de contratación en el que las empresas del propio grupo terminaban siendo las adjudicatarias de los contratos públicos.

«Se produce una alteración de la libre concurrencia mediante el uso de licitaciones conjuntas irregulares y procedimientos negociados sin justificación legal», sostiene el escrito. En algunos casos, las licitaciones se realizaban de forma conjunta entre Egevasa y varias filiales de Global Omnium, lo que, según el denunciante, inflaba artificialmente los requisitos de solvencia económica y técnica y limitaba la posibilidad de que otras empresas pudieran competir.

Procedimientos bajo sospecha

La denuncia recoge más de una veintena de expedientes concretos, identificados por número, año y objeto del contrato. En varios de ellos se repiten los nombres de los mismos empleados del grupo privado –Javier B.R., Begoña A.B. o Carmen D.M.– como miembros de las mesas de contratación. Entre los procedimientos señalados se incluyen servicios de mantenimiento de redes de agua potable, retirada de lodos de depuradoras o pequeñas obras de reparación y saneamiento.

Uno de los casos más relevantes es el expediente EC-1267/2022: un acuerdo marco para la ejecución de obras urgentes de mantenimiento de colectores y depuradoras adjudicado a la empresa Canalizaciones Civiles S.A., filial de Global Omnium. También se mencionan contratos adjudicados a Medición Avanzada de Contadores, Global Omnium Medioambiente y Construcciones Micó Ferrándiz, esta última identificada como proveedor estrechamente vinculado al grupo y beneficiaria de licitaciones repetidas en distintos ejercicios.

En varios expedientes, la denuncia advierte de irregularidades graves, como la rectificación de anuncios de licitación después de vencido el plazo de presentación de ofertas, o la ausencia de publicación de pliegos y documentos contractuales en la Plataforma de Contratación del Estado (Place). Estas deficiencias, según el denunciante, vulneran los principios de transparencia y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

80 millones en cuatro años

El análisis estadístico incluido en la denuncia revela que entre 2020 y 2023 se adjudicaron 12,2 millones de euros en obras, de los cuales el 36% fue a parar a empresas del grupo Global Omnium y el 63% a Construcciones Micó Ferrándiz. En los contratos de servicios, el 75% de los 11,2 millones adjudicados recayó también en sociedades del grupo. Y en el caso de los suministros, por un valor total de 80,6 millones de euros, el 48% fue para Global Omnium y 8,4 millones para Micó Ferrándiz.

La coincidencia de porcentajes y beneficiarios en diferentes categorías de contratos refuerza, según el denunciante, la existencia de un patrón de adjudicación dirigido. El documento incluso destaca la «anomalía estadística» de que muchas adjudicaciones se produjeran sin rebajas sobre el precio base de licitación, un indicio de que los licitadores «tenían la certeza de ser los únicos o de tener garantizada la adjudicación».

Contexto político

La denuncia atribuye los hechos a una posible trama de connivencia entre directivos de la empresa pública y responsables del grupo privado, y considera que podrían constituir delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación pública. En el primer caso, argumenta que los directivos de Egevasa ostentan la condición de «autoridad» a efectos penales, al ser designados por la Diputación de Valencia. En el de cohecho, sostiene que los salarios percibidos por los empleados del grupo que actuaban en nombre de la empresa pública pueden considerarse una «retribución indebida».

La Fiscalía de Valencia recibió el documento a comienzos de 2024 y lo trasladó al Juzgado de Instrucción número 15, que asumió las diligencias en julio de ese mismo año. Las actuaciones se encuentran en fase inicial y, de momento, no hay personas formalmente investigadas. No obstante, fuentes jurídicas confirman que el juzgado ha requerido los expedientes de las 24 contrataciones señaladas, todas ellas correspondientes a la etapa de gobierno socialista en la Diputación.

Durante el mandato del PSOE y Compromís, la Diputación de Valencia mantuvo el control mayoritario de Egevasa a través de su 51% de participación. Sin embargo, la denuncia sugiere que el poder real de gestión recaía en el socio privado, que habría manejado la contratación y la dirección técnica.

«El 51% público servía de escudo, no de control», señala el escrito. Según el denunciante, esa estructura permitió «desviar fondos de la sociedad pública hacia empresas del grupo privado» y consolidar un modelo de contratación cerrado y opaco.

La llegada del nuevo gobierno provincial, formado por el Partido Popular y Ens Uneix, coincidió con la apertura de la investigación judicial. La actual Diputación ha recibido ya requerimientos para remitir documentación y revisar contratos suscritos durante la etapa socialista. El caso Egevasa se perfila así como uno de los principales focos de investigación en la administración provincial, con implicaciones que pueden extenderse a varios municipios. El documento anónimo que lo originó, según fuentes fiscales, fue «tan preciso y documentado» que no requirió modificaciones antes de ser remitido al juez.