La Fiscalía llama a declarar a los responsables socialistas de los contratos del agua en Valencia

La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado la declaración como testigos de los responsables de la empresa semipública Egevasa que gestionaron los contratos del agua durante el periodo de gobierno socialista en la Diputación. La causa, tramitada en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, se mantiene abierta en fase de instrucción y examina adjudicaciones por más de 80 millones de euros realizadas entre 2018 y 2022.

Según fuentes judiciales, el juez instructor requirió a Egevasa documentación sobre los contratos denunciados, la remitió a la Fiscalía y posteriormente acordó nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varios responsables de la compañía como testigos. Actualmente, en la causa no hay personas investigadas, pero eso no significa que no las haya en un futuro.

La investigación se inició tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado año, que describía un presunto entramado de contratación irregular dentro de la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa), participada en un 51% por la Diputación de Valencia y en un 49% por Aguas de Valencia, del grupo Global Omnium. El escrito detalla un sistema por el cual, supuestamente, se habrían adjudicado contratos de obra, servicios y suministros a empresas vinculadas al socio privado, eludiendo la libre concurrencia.

La etapa socialista bajo el foco

Los contratos bajo revisión corresponden a los años de gestión socialista en la Diputación de Valencia, cuando Toni Gaspar era presidente provincial y el actual dirigente del PSOE en la provincia, Carlos Fernández Bielsa, era el máximo responsable en la junta general de la sociedad. En el mismo periodo, Rafa García, alcalde socialista de Burjassot, también formaba parte del consejo de administración de Egevasa como presidente.

La denuncia identifica esa etapa como el núcleo temporal de las presuntas irregularidades. Entre los procedimientos citados aparecen adjudicaciones a las empresas Canalizaciones Civiles S.A., Medición Avanzada de Contadores S.A. y Construcciones Micó Ferrándiz S.L., todas ellas vinculadas directa o indirectamente a Global Omnium. Según el documento, empleados del grupo privado participaron en mesas de contratación y actos de adjudicación, pese a no pertenecer oficialmente a la plantilla pública.

El escrito califica estas prácticas de «graves conflictos de interés» y de «limitación de la libre concurrencia», al haberse utilizado procedimientos negociados con escasa publicidad y sin división en lotes. La denuncia, de más de una veintena de páginas, apunta además a una posible desviación de fondos públicos hacia el socio privado mediante licitaciones conjuntas no amparadas por la Ley de Contratos del Sector Público.

Egevasa, entre lo público y lo privado

Egevasa fue creada para gestionar el suministro y saneamiento de agua en numerosos municipios de la provincia. Aunque la Diputación controla la mayoría de las acciones, la dirección técnica y la gestión operativa recaían en la práctica sobre personal de Global Omnium, algo que la denuncia considera irregular.

El documento sostiene que el departamento de contratación de Egevasa estaba dirigido por trabajadores asalariados del grupo privado, quienes usaban incluso correos electrónicos con dominio de Aguas de Valencia. «En los hechos descritos se advierte que los contratos fueron adjudicados por empleados de Global Omnium a sociedades del mismo grupo», reza literalmente el escrito.

Hasta 2023, según el análisis económico que acompaña la denuncia, el 75 % de los contratos de servicios, el 48% de los suministros y más de un tercio de las obras se adjudicaron a empresas vinculadas al grupo. En total, unos 80 millones de euros habrían pasado por procedimientos de licitación en los que el socio privado mantenía posiciones dominantes.

El actual presidente de la Diputación, Vicent Mompó (PP), ha ordenado una auditoría interna sobre los contratos del agua gestionados durante la etapa socialista. Según confirmaron fuentes de Presidencia a THE OBJECTIVE, el área de Ciclo Integral del Agua, creada por el actual gobierno, ha solicitado un informe técnico detallado sobre la situación de Egevasa y la legalidad de las adjudicaciones.

Los servicios técnicos de la institución aseguran que todas las licitaciones «cuentan con el informe favorable de Intervención», pero Presidencia ha decidido «apretar y comprobar por sí misma» si existen irregularidades. La auditoría intentará detectar posibles responsabilidades políticas del periodo anterior.

Una denuncia con recorrido judicial

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió diligencias el pasado julio, tras recibir la denuncia remitida por la Fiscalía Provincial. En una primera fase, el juez reclamó toda la documentación relativa a 24 expedientes de contratación, incluidos los informes técnicos, las actas de adjudicación y las actas de las mesas de contratación. Una vez analizados los expedientes, el magistrado dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la conveniencia de practicar nuevas diligencias. El ministerio público respondió solicitando la declaración como testigos de varios responsables de Egevasa, paso que ahora está pendiente de concretarse en el calendario judicial.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, ninguna persona figura por el momento como investigada, aunque el procedimiento permanece abierto a posibles imputaciones si se acredita la existencia de delitos. Los posibles tipos penales apuntados según la denuncia inicial serían prevaricación, fraude en la contratación pública y cohecho.

El caso amenaza con reabrir una nueva crisis en el socialismo valenciano, ya golpeado por la polémica del caso Ábalos. Bielsa, actual secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, y Rafa García, alcalde de Burjassot, son dos de los dirigentes de referencia del entorno político del exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista.