Morant inició el sistema de adjudicaciones del agua que Anticorrupción investiga en Valencia

Entre 2016 y 2017, la actual ministra de Ciencia y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, adjudicó cerca de 830.000 euros como consejera delegada de la sociedad semipública del agua, Egevasa, a dos empresas del socio privado valenciano que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ya está investigando.

Aunque la Fiscalía centra su investigación en las adjudicaciones realizadas entre 2018 y 2022, también bajo mandato socialista, pero sin Morant ya en la Diputación de Valencia, THE OBJECTIVE ha tenido acceso a los contratos públicos otorgados durante el periodo en el que la ministra fue responsable política de Egevasa como miembro de la corporación provincial. Esos documentos revelan que el mismo sistema de adjudicaciones ya operaba años antes de la etapa investigada ahora.

Durante la gestión de Diana Morant, Egevasa –una empresa participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (Global Omnium)– adjudicó tres contratos en 2016 y uno en 2017 a empresas del mismo holding privado que hoy se encuentra en el centro de las diligencias judiciales. En febrero de 2016, la Empresa General de Servicios Públicos Urbanos S.A., una de las sociedades integradas en el grupo Global Omnium, recibió 35.927,36 euros por el suministro de contadores de agua en Játiva. En octubre de ese mismo año, la misma empresa fue adjudicataria de un contrato de 605.615,93 euros para el aprovisionamiento de material relacionado con el ciclo integral del agua.

Además, en julio de 2016, otra firma del mismo conglomerado, la Sociedad Española de Abastecimientos S.A., percibió 44.280 euros por el mantenimiento de la planta desmotrificadora de Alginet. Ambas compañías tienen su domicilio social en la Gran Vía Marqués del Turia número 19 de Valencia, la misma dirección que Global Omnium, la sociedad cabecera del grupo Aguas de Valencia, socio privado de Egevasa y proveedora del agua potable en la ciudad de Valencia.

Estas operaciones suman un total de 829.846,18 euros (IVA incluido) y reflejan un modelo de contratación idéntico al que hoy investiga la Fiscalía: adjudicaciones directas a empresas del socio privado de la empresa mixta, sin concurrencia efectiva y con procedimientos repetitivos.

Durante ese mismo periodo, Egevasa también adjudicó contratos a Construcciones Micó Ferrándiz S.L., una empresa señalada expresamente en la denuncia anónima que dio origen a la causa judicial abierta por Anticorrupción. El 16 de marzo de 2016, Ferrándiz obtuvo un contrato para la renovación de la red de agua potable en Bocairent por valor de 67.114,45 euros más IVA. El 1 de septiembre de 2016 recibió 136.896 euros más IVA por la rehabilitación de la piscina municipal de Casinos. Posteriormente, el 4 de mayo de 2017, la empresa percibió 56.416 euros por la reparación urgente de un colector, y el 7 de septiembre del mismo año, 62.160 euros por la conexión de canalizaciones en Villanueva de Castellón.

La denuncia anónima enviada a la Fiscalía el pasado año describe a Construcciones Ferrándiz como una sociedad «estrechamente vinculada» al grupo Global Omnium, que entre 2020 y 2023 recibió el 84% de las obras públicas por parte de Egevasa.

Un sistema que ya funcionaba

El modelo de contratación observado en los años en que Morant dirigió la empresa coincide plenamente con el descrito en la denuncia que ha motivado la investigación judicial: Egevasa adjudicaba contratos de forma directa o mediante procedimientos negociados sin publicidad, justificados por razones técnicas. Los principales beneficiarios eran siempre las mismas empresas del grupo privado, que participaban en licitaciones simultáneas y en distintos lotes del ciclo integral del agua. En la práctica, Egevasa funcionaba como una sociedad pública que transfería fondos a empresas del propio socio privado, según el patrón que Anticorrupción está estudiando.

El documento remitido a la Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022 se adjudicaron más de 80 millones de euros en obras, servicios y suministros, de los cuales una parte sustancial terminó en manos de Global Omnium y sus filiales.

La investigación judicial y su evolución

La Fiscalía Provincial de Valencia mantiene abierta la investigación sobre los contratos de Egevasa en el marco de las diligencias previas 1469/24, instruidas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. El juez requirió documentación a la empresa, dio traslado a la Fiscalía quien solicitó la declaración como testigos de algunos de sus responsables. Por ahora no hay personas investigadas formalmente, aunque fuentes judiciales aclaran que esto no impide futuras imputaciones. El objeto de la investigación son posibles delitos de prevaricación, fraude en la contratación pública y cohecho en relación con adjudicaciones millonarias del ciclo integral del agua en la provincia.

El actual presidente de la Diputación, Vicent Mompó (PP), ordenó hace unos días una auditoría interna sobre los contratos del agua gestionados durante la etapa socialista y ha pedido un informe específico sobre la situación de Egevasa y sus relaciones con el socio privado. Fuentes del gobierno provincial confirman a THE OBJECTIVE que «las licitaciones cuentan con el informe favorable de Intervención», aunque el nuevo equipo quiere revisar los procedimientos «para garantizar la transparencia y evitar conflictos de intereses».

Licitaciones conjuntas con el grupo privado

Además de las adjudicaciones directas, los documentos revisados muestran que Egevasa participó durante la etapa de Morant en varias licitaciones conjuntas con el grupo Global Omnium –en total unas seis–, un mecanismo que permitía convocar concursos simultáneos en nombre de varias sociedades del holding, entre ellas Aguas de Valencia o la propia Egevasa. En esas licitaciones, el poder adjudicador real no era la empresa pública, sino el propio grupo privado, que actuaba como coordinador y firmante de los contratos. Por ejemplo, en octubre de 2016, se adjudicaron 11,8 millones de euros (IVA no incluido) por parte del Grupo Aguas de Valencia que decía actuar, entre otras, en nombre de Egevasa.

Este sistema, reproducido después durante todo el periodo de gobierno socialista, es precisamente uno de los elementos más graves señalados en la investigación judicial: la confusión deliberada entre los roles público y privado dentro de la empresa mixta. Según ese escrito, Egevasa habría vulnerado el principio de autonomía del poder adjudicador previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las entidades con participación pública mayoritaria a mantener independencia funcional en sus procesos de licitación y a garantizar la libre concurrencia.

La denuncia sostiene que, al permitir que el socio privado –en este caso Global Omnium– actuara como poder adjudicador real en nombre de Egevasa dentro de licitaciones conjuntas con otras sociedades del grupo, se eludían los procedimientos de publicidad y concurrencia obligatorios. Dicho de otro modo, los contratos se licitaban desde un entorno privado, pero con fondos públicos y bajo la apariencia de un proceso legal, lo que supondría una infracción directa de la Ley de Contratos del Sector Público, que exigen transparencia y competencia efectiva en toda adjudicación de una entidad pública o participada.

Los documentos de 2016 y 2017 confirman así que el modelo de licitaciones conjuntas ya se aplicaba bajo la dirección de Morant, dos años antes del periodo que investiga la Fiscalía. THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con Diana Morant para recabar su versión, sin haber recibido respuesta hasta ahora.