El PSOE dio 8,4 millones en contratos a una empresa del ‘caso Aguas’ en Valencia
La Fiscalía investiga las adjudicaciones mediante licitaciones sin competencia real desde los tiempos de Diana Morant
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la líder del PSOE valenciano, Diana Morant. | Rober Solsona (EP)
Construcciones Micó Ferrándiz S.L., una de las compañías bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción por su relación con la empresa semipública Egevasa –que gestiona el suministro de agua para 250.000 usuarios de la provincia de Valencia–, recibió 8,4 millones de euros en contratos públicos entre 2016 y junio de 2023, todos ellos bajo gobiernos socialistas.
Durante ese periodo, la constructora fue adjudicataria de 37 contratos públicos, de los cuales 31 procedieron de tres organismos: Egevasa, el Ayuntamiento de Ontinyent y Aguas de Calpe, sociedad participada mayoritariamente por Egevasa y Aguas de Valencia (Global Omnium), el grupo privado que controla casi la mitad del capital de la empresa mixta provincial.
Según los datos obtenidos por THE OBJECTIVE, Egevasa –participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Global Omnium– adjudicó 22 contratos por 7,9 millones de euros a Micó Ferrándiz desde la llegada del PSOE al gobierno provincial en 2015. Los primeros altos cargos socialistas en aterrizar en la empresa fueron la actual ministra de Ciencia y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, como consejera delegada, y el entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent y hoy líder del partido Ens Uneix, socio de gobierno del PP en la institución provincial.
Fue precisamente bajo el tándem Morant-Rodríguez cuando Egevasa empezó a adjudicar contratos a la constructora, con sede precisamente en Ontinyent. Entre 2016 y 2017 se firmaron cuatro adjudicaciones por valor de casi 400.000 euros. Aunque ambos dejaron la Diputación entre 2017 y 2018, Micó Ferrándiz siguió siendo una de las grandes beneficiarias en los años posteriores.
Antes de su dimisión, Rodríguez colocó al frente de la empresa semipública a Miguel Ángel Ferri, quien ejerció como gerente hasta noviembre de 2020, consolidando un sistema de contratación que se mantuvo durante toda la etapa socialista. Tras la salida de Ferri, la gerencia de Egevasa pasó a Gloria Fayos, una técnica avalada por Global Omnium, el socio privado que posee el 49% de la empresa. La dirección política había ya recaído entonces en Carlos Fernández Bielsa, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Mislata, y en Rafa García, alcalde de Burjassot. Ambos del entorno de José Luis Ábalos, asumieron el control político del ciclo integral del agua hasta 2023.
Solo en 2021, la constructora Micó Ferrándiz percibió 4,3 millones de euros en seis adjudicaciones públicas, el año de mayor volumen contractual del periodo analizado.
Contratos en Onteniente y Aguas de Calpe
Lo llamativo es que la empresa también fue beneficiaria de adjudicaciones desde el Ayuntamiento de Ontinyent, donde Jorge Rodríguez ha sido alcalde durante todo el periodo analizado. En total, el consistorio le otorgó 87.000 euros a través de cuatro contratos menores, todos ellos por adjudicación directa y sin licitación pública. Tres de esos expedientes fueron firmados personalmente por el propio alcalde, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, y se aprobaron en 2018, 2019 y 2022 para pequeñas obras de mantenimiento y saneamiento urbano.
Por su parte, Aguas de Calpe, la sociedad mixta participada por Egevasa y Global Omnium, adjudicó cinco contratos más a la misma empresa por un total de 487.752 euros, completando así una red de adjudicaciones vinculadas al mismo grupo empresarial.
El examen de 31 expedientes de contratación muestra una baja concurrencia en los procesos donde Micó Ferrándiz resultó ganadora. La empresa obtuvo los contratos en procedimientos con una media de 2,4 ofertas por licitación, aunque en más de la mitad de los casos (17 de 31) fue la única licitadora.
Otros cinco expedientes tuvieron dos licitadores, y solo siete recibieron tres o cuatro ofertas, casi todas con diferencias de precio inferiores al 5% respecto al presupuesto base. Además, cuatro contratos se tramitaron mediante procedimiento negociado sin publicidad, un sistema que permite adjudicar directamente sin concurso abierto.
En conjunto, los datos reflejan un patrón de baja competencia y reiteración de adjudicatarios, con la misma empresa resultando ganadora en todos los procedimientos analizados, acumulando más de ocho millones de euros en adjudicaciones en menos de siete años.
Un modelo de contratación bajo sospecha
El sistema que permitió esa concentración de contratos reproduce el esquema que investiga la Fiscalía Anticorrupción en el caso Aguas correspondiente al periodo 2018-2023. Una denuncia anónima presentada en 2024 describe una estructura de licitaciones conjuntas entre Egevasa y otras filiales del grupo Global Omnium, donde el socio privado actuaba como poder adjudicador real.
Según la denuncia, ese modelo vulneró varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, que obligan a las entidades con mayoría pública a mantener independencia funcional y transparencia. El escrito apunta a dos fines concretos: transferir fondos públicos al grupo privado y limitar la concurrencia, asegurando que las adjudicaciones quedaran «dentro del mismo circuito empresarial».
La Fiscalía Provincial de Valencia instruye el caso bajo las Diligencias Previas 1469/24, abiertas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Por ahora no hay personas investigadas formalmente, aunque la Fiscalía ha pedido la declaración como testigos de varios responsables de Egevasa. Los posibles delitos bajo estudio son prevaricación, fraude en la contratación pública y cohecho.