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Comunidad Valenciana

Manos Limpias amplía el ‘caso Aguas’ y se querella contra 12 cargos de seis partidos

La acción judicial sostiene que los contratos del agua en Valencia sirvieron para desviar fondos hacia Global Omnium

Manos Limpias amplía el ‘caso Aguas’ y se querella contra 12 cargos de seis partidos

El socialista Rafa García, presidiendo una reunión del consejo de administración en 2020.

El caso Aguas amenaza con convertirse en uno de los posibles mayores escándalos de contratación pública en la Comunidad Valenciana. El sindicato Manos Limpias ha presentado una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia contra 12 cargos públicos de seis partidos políticos —PP, PSOE, Compromís, Ens Uneix, Ciudadanos y Vox—, así como contra la empresa privada Global Omnium, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación pública en torno a la empresa semipública abastecedora de agua potable en la provincia de Valencia, Egevasa (Empresa General Valenciana del Agua).

La acción judicial amplía las diligencias previas 1469/2024, que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia instruye desde julio de 2024 por posibles irregularidades detectadas en más de 80 millones de euros en contratos públicos. Según el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la red de adjudicaciones bajo sospecha se extendió durante varios ejercicios en los que, bajo gobiernos de PSOE y Compromís, Egevasa habría favorecido de forma sistemática a empresas vinculadas al grupo Global Omnium, socio privado de la compañía.

La querella sostiene que el sistema de contratación de Egevasa, participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Global Omnium, «responde a un entramado caciquista y a una cadena de favores entre dirigentes de Global Omnium y responsables políticos de la Diputación de Valencia», que habrían dirigido una treintena de contrataciones hacia «proveedores recurrentes» del grupo, limitando la libre competencia y beneficiando a empresas del entorno de la izquierda política.

Desvío de fondos a Omnium

El sindicato sostiene que «la finalidad de los denunciados era desviar fondos de la sociedad pública Egevasa hacia sociedades privadas del grupo Global Omnium», a través de la manipulación de los procedimientos de contratación y «estableciendo limitaciones ficticias en las licitaciones».

Entre los querellados figuran nombres relevantes de la política valenciana. Teniendo en cuenta que los expedientes de contratación recogidos en la querella hacen referencia al período de los gobiernos de PSOE y Compromís, entre 2018 y 2023, cabe destacar que del lado socialista aparecen el alcalde de Burjassot, Rafa García, hombre en su día de confianza de José Luis Ábalos en la provincia y del actual dirigente del partido a nivel provincial, Carlos Fernández Bielsa, junto a Jorge Vidal Miguel e Isabel Herrador Peces. Por parte de Compromís aparecen querellados Juan Manuel Ramón Paúl, Xavier Rius Torres y Pau Andrés Anglés. Los querellados del Partido Popular que aparecen en el escrito son el alcalde de Massanassa, Paco Comes; el diputado nacional Carlos Gil y el alcalde de Benaguacil, José Joaquín Segarra. Por Ens Uneix, se incluye a Ricard Gallego, actual jefe de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix y responsable política de la empresa Egevasa. También figura el exasesor de Ciudadanos, Daniel Bellod; y Sergio Pastor, diputado provincial de Vox.

Manos Limpias amplía así una investigación que ya destapó en detalle THE OBJECTIVE la pasada semana al revelar las adjudicaciones reiteradas de Egevasa a empresas del grupo Global Omnium y a la constructora valenciana Construcciones Micó Ferrándiz S.L., que acumuló más de ocho millones de euros en contratos entre 2016 y 2023. El sindicato afirma ahora que esas prácticas no fueron episodios aislados, sino «una metodología estructurada y continuada en el tiempo» en la que participaron responsables políticos de varios partidos y directivos del grupo empresarial. Este diario ya adelantó que incluso estas prácticas se produjeron entre 2016 y 2017, coincidiendo en el tiempo en que la ministra socialista Diana Morant fue consejera delegada de la empresa semipública objeto de investigación.

Dos tipos de licitaciones bajo sospecha

La querella detalla dos formas de actuación principales. En primer lugar, las denominadas licitaciones conjuntas, en las que Egevasa no ejercía realmente de adjudicadora. En estos casos, los contratos se tramitaban junto a otras sociedades del grupo Global Omnium, principalmente Aguas de Valencia S.A., apareciendo la empresa pública como adherida o participante, pero sin capacidad efectiva de decisión. Según el texto, «esta fórmula es contraria a la legislación española», que prohíbe la licitación conjunta entre entidades públicas y privadas. El escrito argumenta que este método permitía alterar artificialmente la solvencia exigida a los licitadores, no dividir los contratos en lotes y limitar de manera deliberada la concurrencia de otras empresas, lo que garantizaba que las adjudicaciones recayeran siempre en el entorno del socio privado.

El segundo método consistía en las licitaciones individuales, formalmente impulsadas por Egevasa pero gestionadas de facto por empleados del grupo Global Omnium. Las actas de apertura, correos electrónicos y documentos de contratación incorporados a la querella revelan, según el sindicato, que empleados de Global Omnium actuaban como técnicos responsables en nombre de la sociedad pública. En algunos expedientes, los funcionarios adjudicadores utilizaron direcciones de correo corporativo con dominio @aguasdevalencia.es, y las plicas fueron abiertas por miembros del departamento de compras del grupo privado.

Entre los ejemplos más destacados aparecen el expediente EC-1131/2021, adjudicado a Medición Avanzada de Contadores S.A., filial del grupo Global Omnium, por 2,4 millones de euros, el mismo importe que el presupuesto base, sin que se presentara ninguna otra oferta. También se cita el expediente EC-1267/2022, con un valor estimado de 3,36 millones, en el que la apertura de plicas fue realizada por empleados del grupo privado y que acabó adjudicado a Canalizaciones Civiles S.A. —del mismo conglomerado— y a Construcciones Micó Ferrándiz. En otro expediente, el EC-1342/2023, relativo al suministro y gestión de material del ciclo integral del agua, el contrato fue adjudicado a Soluciones Avanzadas del Agua, Servicios y Medio Ambiente S.L. (SAMAS), también del grupo Global Omnium, por 12,8 millones de euros, sin rebaja alguna sobre el precio base y sin competencia.

Entramado «caciquista»

Manos Limpias sostiene que la finalidad de estas operaciones era desviar fondos de la sociedad pública hacia empresas privadas del mismo grupo y establecer un circuito cerrado de contratistas. «Las adjudicaciones se producían a precios sin bajas, con la seguridad de que no existiría competencia», señala el documento. Según los cálculos incluidos en la querella, solo entre 2020 y 2023, Egevasa adjudicó 12,2 millones de euros en obras, de los cuales 4,4 millones fueron a sociedades de Global Omnium y 7,7 millones a Construcciones Micó Ferrándiz y su UTE con Guerola Transfer, proveedores habituales del mismo grupo.

El sindicato describe el entramado como una «red de favores» donde los órganos de contratación de Egevasa actuaban al servicio de intereses privados, vulnerando los principios de independencia, transparencia y libre concurrencia que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Además, apunta a un «aprovechamiento irregular de la plataforma estatal de contratación» y al uso de procedimientos negociados sin publicidad en supuestos no contemplados en la ley.

La querella dedica también un apartado al papel de Global Omnium, que habría «coordinado y controlado» tanto las licitaciones conjuntas como las adjudicaciones individuales, valiéndose de su posición como socio privado y de su red de empresas participadas. El escrito pide al juez instructor que requiera todos los expedientes de contratación mencionados, así como los correos electrónicos y actas de las mesas de adjudicación, para determinar si las decisiones se adoptaron por órganos legalmente competentes.

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