Una abogada de las víctimas de la dana asegura que Moncloa orquestó los gritos contra Mazón

El homenaje por las víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia ha dejado tras de sí un nuevo frente político. Pilar Esquinas, abogada y representante de la familia de tres víctimas, asegura que el acto estuvo «cuidadosamente controlado desde Moncloa» y que los gritos contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, fueron «orquestados para tapar los abucheos dirigidos a Pedro Sánchez». Según relata Esquinas a THE OBJECTIVE, su grupo entró por la puerta sur del recinto, fuera del protocolo previsto, y el ambiente ya estaba «preparado para el ruido». Explica que «las asociaciones ideológicamente afines a la izquierda fueron situadas en el área más visible, junto a las cámaras de TVE», mientras que las demás familias de las víctimas «se encontraban dispersas y tuvieron trabas para acceder al interior». Añade que «colocaron a los que iban a gritar a Mazón justo al lado de la televisión pública. Fue un montaje. El ruido contra Sánchez se oyó menos porque estaba preparado para que así fuera».

El acto, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pretendía rendir homenaje a los fallecidos y damnificados por la catástrofe que asoló la provincia de Valencia en octubre de 2024. Sin embargo, la tensión política y el malestar entre algunas familias derivaron en abucheos, gritos y escenas de confusión durante la ceremonia. «Nosotros no íbamos a gritar», asegura Esquinas. «Habíamos acordado ser respetuosos. Pero cuando alguien del público empezó a increpar a Sánchez, de forma espontánea, los demás se sumaron. Lo que no fue espontáneo fueron los gritos contra Mazón. Esos vinieron del mismo grupo de siempre, los que estaban organizados».

A su juicio, la colocación del público, las cámaras y los accesos «no fue casual», sino que respondía a un diseño «para asegurar una imagen y un ruido». La abogada sostiene que «se buscaba que los medios destacaran las críticas a Mazón y no el descontento con el presidente del Gobierno». Según afirma, «llevan meses con la campaña de que Mazón es el único culpable. Incluso algún medio afín editó el audio para que solo se oyera ‘Mazón, Mazón’. Es incomprensible».

Este miércoles por la mañana se supo que el Gobierno había cambiado a última hora la escaleta del acto que incluía un saludo previo a la ceremonia de los Reyes y Sánchez a una decena de familiares —al parecer escogido de las asociaciones más activas— en una sala contigua a la principal cuya finalidad hubiera sido empujar a Mazón a entrar en el auditorio solo y encontrarse con las primeras escaramuzas verbales.

Un funeral bajo control

La familia representada por Esquinas está encabezada por Yolanda Garrido, una de las afectadas que más ha alzado la voz en los últimos meses. En la dana perdió a su hermano Jorge Garrido, de 45 años; a su cuñada Raquel Pagán, de 43; y a su sobrino Neizan, de apenas cuatro años. «Su hermano fue a recoger a su hijo al colegio junto con su mujer y, a cinco minutos de su casa, en Calicanto, entre Calicanto y Godelleta, no llovía», recuerda Pilar. «Quiero recalcarlo: no llovía. Una ola de más de cinco metros arrasó por donde él pasaba y se llevó a él y a su familia por delante». La abogada explica que Yolanda «solo pide que alguien asuma su responsabilidad». Añade que «el alcalde de Aldaia recibió a mediodía un correo electrónico alertando del riesgo y, aun así, no ordenó recoger a los niños antes. Por eso, en lugar de estar en su casa, su familia está hoy en el cementerio».

Durante el funeral de este miércoles, Yolanda fue una de las mujeres que abrazó a otros familiares a su llegada, consciente de que muchas de ellas habían sufrido pérdidas similares. «Nadie nos esperaba ni nos ayudó a entrar», cuenta su abogada, Pilar Esquinas. «Habíamos pedido las acreditaciones con semanas de antelación y, aun así, intentaron dejarnos fuera». Esquinas añade que, a las 11 de la mañana, «nos dijeron que no había entradas disponibles por motivos de seguridad y nos quedábamos fuera sin acreditación».

Tras varias gestiones, relata que habló con un responsable de la Delegación del Gobierno: «Me dijeron que era imposible entrar. Les respondí que llevábamos 21 días tramitando la documentación y que, si no se nos permitía el acceso, presentaría una reclamación patrimonial por daños morales. A las 15.31 me llegó el primer correo con las acreditaciones, justo antes del inicio del funeral». Finalmente, solo ocho de las 12 personas previstas (cuatro familiares directos por fallecido, según el Gobierno) pudieron acceder al acto. «Nos dijeron que el cupo estaba completo, pero luego vimos sillas vacías», lamenta. Asegura que «el protocolo fue un caos y el despilfarro, escandaloso: helicópteros, pantallas, arcos de seguridad… todo cerrado durante un día entero, mientras algunas familias ni siquiera pudieron entrar».

«Marginados por el Gobierno»

La abogada afirma que la tensión con el Gobierno se ha incrementado desde entonces: «Parece que molesta que hablemos claro. Pero solo pedimos verdad y respeto». Sostiene que la familia a las que representa se siente «marginadas» por el Ejecutivo y por parte de la judicatura. «No somos manejables. Y eso, en este país, tiene consecuencias», dice. Esquinas fue apartada del procedimiento judicial el pasado 4 de septiembre y ha presentado recurso en reforma, además de preparar un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial. «La juez lo ha retrasado todo lo que ha podido. Hasta hace pocos días, no recibimos la resolución del recurso. Es un ejemplo de inseguridad jurídica brutal». A su juicio, la expulsión deja en situación de indefensión a las familias afectadas. «Toda la instrucción podría declararse nula de pleno derecho, porque se ha negado la participación de parte de las víctimas», advierte.

El testimonio de Esquinas llega en un momento delicado para el presidente valenciano, Carlos Mazón. La abogada atribuye al Gobierno la estrategia de trasladar la responsabilidad exclusivamente al presidente autonómico. «No entiendo por qué Mazón lo acepta», señala. «Parece atrapado en un ruido mediático que no le favorece. Pero el problema no es él, es el relato que han fabricado desde arriba». Mientras la investigación judicial avanza lentamente, el eco de la tragedia sigue presente en la provincia de Valencia. Para las familias representadas por Esquinas, la batalla no es solo jurídica, sino también moral. «Queremos que se sepa la verdad», concluye la abogada. «Ni los focos ni los helicópteros pueden tapar lo que pasó realmente aquel día ni lo que sigue ocurriendo desde entonces».