El PP reclama a Pilar Bernabé el cese de su subdelegado «fake» tras el fallo de Antifraude
La portavoz adjunta ‘popular’ asegura que su ascenso meteórico «es un caso de enchufismo y fraude institucional»

Laura Chulià, portavoz adjunta del Grupo Popular en las Cortes valencianas
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha reclamado este martes la destitución inmediata del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, tras la resolución definitiva de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que ratifica las irregularidades en su ascenso como funcionario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer. La portavoz adjunta del Grupo Popular en las Cortes valencianas, Laura Chulià, ha acusado a la delegada del Gobierno y número cuatro del PSOE, Pilar Bernabé, de mantener en su cargo a un alto funcionario cuyo nombramiento se sustentó en un proceso «contrario a derecho».
Según el dictamen de Antifraude, emitido el pasado 23 de octubre, el meteórico ascenso de Rodríguez Jurado del subgrupo C1 (administrativo) al A1 (máxima categoría) se realizó de forma irregular, saltándose la normativa vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El organismo considera que la promoción interna que permitió ese salto vertical fue nula de pleno derecho, ya que el funcionario no había pasado por el subgrupo intermedio A2, como exige la ley, ni había cumplido el tiempo mínimo de servicio requerido para optar a esa categoría.
«Un caso de enchufismo y fraude institucional»
Chulià ha sido contundente al valorar el fallo: «El informe de Antifraude confirma lo que ya advertimos: su promoción fue contraria a derecho y vulnera la Ley de Régimen Local y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que prohíbe ascender directamente del subgrupo C1 al A1 sin haber pasado por el A2. Además, se redujo considerablemente el requisito del tiempo de servicio prestado de cinco a dos años. Es un caso de enchufismo y fraude institucional en toda regla».
La dirigente popular ha recordado que la Agencia Valenciana Antifraude ya había instado al Ayuntamiento de Canet de Berenguer a revisar de oficio el procedimiento y que, ante la negativa del consistorio a hacerlo, reiteró sus conclusiones en una nueva resolución en la que desestimó cualquier intento de revocar sus informes anteriores. En esa decisión, Antifraude reafirma que el Ayuntamiento incumplió las recomendaciones legales y advierte que la promoción interna «no se ajustó a los principios de legalidad y mérito».
«La Agencia insiste en que el procedimiento debe revisarse e, incluso, repetirse, por lo que no hay duda: el ascenso fue irregular y el Gobierno de Pedro Sánchez lo mantiene en el cargo pese a saberlo», ha recalcado Chulià. «Un cargo, el de subdelegado, al que Rodríguez Jurado accedió gracias a su puesto como funcionario local, y que hoy ocupa por decisión directa de Pilar Bernabé».
Ascenso meteórico bajo sospecha
El ascenso de Rodríguez Jurado en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer se produjo en apenas unos meses, poco después de haber obtenido el título de Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid. Apenas ocho meses después, y ya en posesión de la categoría A1, fue designado subdelegado del Gobierno en Valencia por la propia Bernabé.
El informe de Antifraude concluye que el Ayuntamiento diseñó un proceso de promoción interna sin observar las condiciones legales establecidas en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986, que exige al menos cinco años de experiencia en la escala de origen. Además, cita la doctrina del Supremo —sentencias 883/2021 y 1700/2022—, que prohíbe los ascensos directos (per saltum) desde el subgrupo C1 al A1.
El Partido Popular ha subrayado que la situación es especialmente grave porque el Gobierno central mantiene a Rodríguez Jurado al frente de la Subdelegación del Gobierno en Valencia con pleno conocimiento de los informes de Antifraude. «Sánchez y Bernabé sabían que el proceso era irregular y aun así lo premiaron con un puesto de máxima responsabilidad. Es el retrato perfecto del socialismo valenciano: trampas, favores y falsos méritos», denuncian desde el PP.
«El subdelegado ‘fake’ es la marca de la casa»
En su comparecencia, Laura Chulià ha ampliado las críticas al conjunto del PSOE valenciano: «El caso del subdelegado ‘fake’ no es una excepción, sino una muestra más de cómo actúa el PSOE cuando gobierna: con trampas, favores y falsos méritos. Es la marca de la casa».
La portavoz popular ha recordado otros episodios recientes, como el del excomisionado para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, que dimitió tras descubrirse la falsificación de su título universitario, o las polémicas en torno a la propia Bernabé, a quien la oposición ha acusado de inflar su currículum académico al atribuirse dos titulaciones universitarias no finalizadas.
«¿Va a actuar esta vez Pilar Bernabé ante este caso de irregularidades en sus filas, o volverá a mirar hacia otro lado? ¿Y Diana Morant, seguirá en el silencio de su irrelevancia pese a ser la secretaria general del PSPV?», se ha preguntado Chulià. «Queremos conocer hasta el último detalle del procedimiento de ascenso del actual subdelegado. Los valencianos merecen instituciones limpias, con procesos transparentes y sin trampas».
Silencio institucional
Por el momento, ni la Delegación del Gobierno ni el Ministerio de Política Territorial han ofrecido declaraciones tras el pronunciamiento definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude. Tampoco lo ha hecho el Ayuntamiento de Canet de Berenguer, que ha evitado pronunciarse sobre si acatará la recomendación de revisar el procedimiento.
Desde 2022, la AVAF había señalado las irregularidades en la promoción interna de Rodríguez Jurado y reclamado su revisión. En abril de 2023, la agencia emitió una nueva resolución constatando el incumplimiento de las recomendaciones y anunciando que incluiría el caso en su memoria anual, que se presenta ante las Cortes Valencianas. La decisión de ahora confirma íntegramente las anteriores y pone fin al procedimiento administrativo. Recuerda además que el Ayuntamiento de Canet «no aplicó las recomendaciones ni justificó su inaplicación», pese a haber sido notificado hace más de dos años.
