El Puerto de Valencia adjudicó 22,6 millones a una empresa de la que es socio y cliente a la vez
El recién dimitido director general del organismo abandonó de forma exprés el consejo de Infoport tras ser nombrado
Mar Chao en el centro, flanqueada por el ya exdirector general (a su derecha) y por el presidente de Infoport, Jorge Herrero (a su izquierda) | THE OBJECTIVE
El Puerto de Valencia ha adjudicado 22,6 millones de euros en siete años a Infoport —empresa de la que es simultáneamente socio minoritario y cliente preferente— en un modelo de contratación que las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE califican de potencial «conflicto de interés estructural». La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) posee el 24,98% del capital —281 acciones valoradas en 84.443 euros de un total de 338.073,75—, una participación que no le otorga la mayoría, pero sí la convierte en el accionista individual más relevante y que ha hecho de Infoport su proveedor casi exclusivo de servicios tecnológicos. Desde 2018, la sociedad ha recibido 28 contratos públicos, muchos de ellos esenciales para la digitalización del puerto, con una concurrencia mínima o directamente inexistente en la mayor parte de los expedientes.
Pese a ello, preguntada por estos aspectos la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, asegura que «la Autoridad Portuaria no mantiene control sobre la participada», a pesar de que es quien aporta el 99% de la cifra de negocio de Infoport y que «no existen acuerdos de colaboración entre el Puerto e Infoport» cuando las cuentas anuales evidencian lo contrario.
El análisis de las licitaciones públicas muestra que 18 de los 28 contratos concedidos a Infoport se resolvieron con la empresa como único licitador, lo que, pese a ajustarse formalmente al procedimiento abierto, convirtió las adjudicaciones en prácticamente automáticas. En otros cinco concursos solo hubo un competidor adicional y solo en una licitación se presentaron cinco empresas. Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a garantizar «igualdad, libre concurrencia y transparencia», y advierten de que, cuando el órgano de contratación es socio de la empresa adjudicataria, «la objetividad queda comprometida porque la administración termina adjudicándose indirectamente el contrato a sí misma».
Contratos de Mar Chao
El trato preferente hacia Infoport afecta también a la actual presidenta del organismo, Mar Chao, que adjudicó 3,8 millones de euros a la empresa en distintos contratos tecnológicos cuando ejercía como directora comercial del Puerto de Valencia en 2020. Desde entonces, la sociedad participada ha continuado acumulando adjudicaciones de forma prácticamente ininterrumpida, sin que la existencia de alternativas tecnológicas en el mercado hayan alterado su posición de ventaja. La empresa cerró 2024 con un beneficio de 430.538,14 euros.
Infoport está, además, muy influida por el Puerto de Valencia a través de su representación en el consejo. La APV aporta tres —antes cuatro— consejeros: Jorge Herrero (presidente de Infoport y secretario general del Puerto), Carmen García Vilar (actualmente en excedencia, aunque continúa en el consejo), Juanma Díez (jefe de Innovación) y el puesto que ocupaba Enrique Belda, aún pendiente de cubrir. Belda —quien dimitió el pasado miércoles como director general del Puerto de Valencia— fue nombrado consejero de Infoport el 30 de abril de 2024, pero pidió abandonar voluntariamente dicho órgano apenas dos meses después de asumir el cargo, un movimiento que en el sector se interpreta como un distanciamiento frente a un modelo societario que ha acumulado señales de riesgo jurídico dada la alineación entre el organismo adjudicador y la empresa adjudicataria.
Resulta también llamativo que estos consejeros, que actúan formalmente en representación del Puerto de Valencia en una sociedad participada por el propio organismo público, perciban dietas personales por su actividad en Infoport. Según las cuentas anuales de la empresa, el conjunto de consejeros se repartió 36.828 euros en dietas en 2024 y 32.643 euros en 2023.
Directivo investigado
Pero la cosa no acaba ahí. El presidente que precedió a Jorge Herero en representación de la autoridad portuaria fue Federico Torres, polémico directivo del Puerto de Valencia que ostentó la presidencia de la sociedad participada desde el año 2010. El pasado mes de junio, THE OBJECTIVE destapó un patrón de adjudicaciones millonarias —45,5 millones en dos años— desde el departamento de Torres en el puerto hacia empresas vinculadas a su círculo de amigos y colaboradores. Además, un informe reservado de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), elaborado en enero de 2024, advirtió de un conflicto de intereses que afectaba directamente a su gestión.
Los contratos públicos asignados a Infoport son de alto valor estratégico y económico. Entre ellos destacan la gestión técnica del ValenciaportPCS, repartida en varios contratos que superan conjuntamente los 6,2 millones de euros; el desarrollo e implantación de la nueva arquitectura PCS, con un coste de 2,7 millones; la asistencia técnica TIC para el período 2021-2023, valorada en 1,28 millones; y los servicios de soporte TI del pasado año, adjudicados por 3,38 millones. A estas cifras se suman proyectos de mantenimiento en Sagunto, desarrollos de aplicaciones móviles, suministros informáticos y servicios recurrentes de digitalización. En muchos de estos expedientes, la falta de competencia real ha sido la norma, incluso en contratos de gran envergadura que en condiciones normales deberían haber atraído a múltiples operadores del mercado tecnológico.
Las fuentes legales consultadas insisten en que el tratamiento de Infoport choca con los estándares de la contratación pública. Destacan que «cuando un ente público concurre en el capital de la empresa adjudicataria, la objetividad queda comprometida», y añaden que, incluso cuando no existe mayoría pública, la relación cruzada entre socio y cliente «exige una cautela extrema para evitar que la licitación se convierta en una formalidad». En el caso del Puerto de Valencia, afirman, la reiterada adjudicación a la misma empresa mixta «sitúa al organismo en una posición en la que se adjudica indirectamente contratos a sí mismo».
En la actualidad, el porcentaje de participación del Puerto de Valencia en la polémica empresa es del 24,98% por encima de las participaciones privadas de otros accionistas como Prosertek (20%), la Asociación Naviera Valenciana (21,15%), el Colegio de Agentes de Aduanas (13,87%) y los grupos con un paquete accionarial del 6,67%.