PP y Vox sellan la investidura de Pérez Llorca pese a las diferencias en la cuestión lingüística

La política valenciana encara una semana decisiva con el principio de acuerdo cerrado entre PP y Vox para asegurar la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat valenciana a partir del jueves. Pese a las diferencias visibles entre ambos partidos en materia lingüística, las dos formaciones sentaron las bases del acuerdo a finales de la semana pasada para lo que resta de legislatura. El PP acudirá al pleno del jueves con el apoyo garantizado de Vox salvo sorpresas.

La presentación formal de la candidatura de Pérez Llorca por parte del PP hace unos días fue interpretada como la señal de que el acuerdo estaba encarrilado. A diferencia de 2023, cuando populares y voxistas escenificaron su acuerdo con una fotografía de la firma, esta vez no habrá ni imagen conjunta ni documento rubricado ante los medios. 

De hecho, Vox ha introducido un matiz relevante a través de su portavoz nacional, José Antonio Fuster, quien subrayó este lunes que la decisión final dependerá del discurso de investidura del candidato popular. «Lo que hace falta es escuchar a Pérez Llorca, escuchar al candidato del Partido Popular, escuchar su discurso de investidura y ver exactamente cuál es su posición, porque ese discurso de investidura será en sede parlamentaria, pero también será un discurso a todos los valencianos». 

Fuster añadió que estarán «muy, muy atentos» a sus compromisos programáticos y a la claridad de sus políticas. Y lanzó una advertencia directa: «Hemos aprendido a base de bofetadas que pactar por escrito algo con el Partido Popular no sirve para absolutamente nada. Es papel mojado. Te engañan a la menor oportunidad». Aunque reconoció que las impresiones internas son positivas y que ya conocen «lo que transmiten los equipos de negociación», insistió en que «el compromiso tiene que ser con los valencianos» y que «la clave es el discurso de investidura».

Confianza con flecos lingüísticos

Más allá de la advertencia de Fuster, Vox mantiene que existe «plena confianza» en que el acuerdo avance como se ha hablado, aun reconociendo «algunos flecos» sin resolver en la cuestión lingüística. El partido exige una posición más contundente en favor del castellano como lengua vehicular en educación y administración, además de revisar ordenanzas municipales que, a su juicio, «imponen el valenciano en ámbitos donde no corresponde».

Otra de las razones por las que no se quiere escenificar ningún acuerdo en público es porque,  por un lado, al PP no le conviene evidenciar públicamente su gran dependencia de los de Abascal, y a estos últimos les interesa la desconexión con el PP ahora que todas las encuestas les auguran su momento más dulce desde su nacimiento.

En los días previos al acuerdo final, Vox había intensificado la presión con iniciativas presentadas en las Cortes para eliminar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en más municipios y revertir medidas municipales que consideran vinculadas al «fanatismo climático». La formación había reclamado también revisar ayudas sociales relacionadas con inmigración, reforzar controles administrativos y exigir más contundencia en políticas de seguridad.

La investidura se celebrará este jueves 27 de noviembre a las 10:00. Pérez Llorca necesitará mayoría absoluta en primera votación, algo que PP y Vox garantizarán según lo previsto con sus 53 escaños. Si no se lograra se convocaría una segunda votación el sábado, que solo requeriría mayoría simple.

Semiparálisis institucional

La investidura llega aún marcada por el eco persistente de la gestión de la dana del año pasado y por la salida esta semana del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras meses de desgaste político. El aún presidente en funciones ha sido objeto de críticas tanto por parte de la oposición como de colectivos de víctimas, que le reprochan una respuesta tardía ante aquel desastre. Todo ello derivó en un periodo de semiparálisis institucional, especialmente desde el primer aniversario de la tragedia, cuando en el acto oficial de homenaje —en el que también recibió reproches Pedro Sánchez— Mazón no logró despejar las dudas sobre su gestión. Cinco días después, anunció su decisión de presentar la dimisión.

El propio Mazón dejó pendiente una remodelación del Consell que ya estaba prácticamente diseñada y que quedó en suspenso tras la crisis institucional desencadenada. Falta por ver si Juanfran Pérez Llorca retomará parte de esos cambios o si optará por un rediseño propio, aunque todo apunta a que el nuevo president se verá obligado a imprimir un giro a la imagen pública del Ejecutivo valenciano. Entre los movimientos que suenan con más fuerza figuran la salida de Susana Camarero como portavoz del gobierno autonómico y su sustitución por el castellonense Miguel Barrachina, actual conseller de Agricultura. También se especula con que Ruth Merino pueda abandonar Hacienda y Economía, lo que abriría la puerta al ascenso del conseller de Educación, José Antonio Rovira. A estos posibles relevos se sumarían ajustes en el núcleo duro de Presidencia y la incorporación de nuevos perfiles.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que el nuevo gobierno recupere un tamaño mayor respecto a la estructura reducida que Mazón impuso tras su victoria de 2023. Diversas fuentes apuntan a que el diseño actual —más ligero y con menos equipos multidisciplinares— ha sido uno de los factores que más se han señalado en la crisis de gestión de la dana, por lo que Pérez Llorca podría apostar por reforzar el organigrama para evitar déficits de coordinación en futuras emergencias y con la obligación de reimpulsar la recuperación de las zonas afectadas.