La presidenta del Puerto de Valencia habla de un «complot» y culpa a filtraciones internas

La reunión del consejo de administración del Puerto de Valencia celebrada el 30 de junio de 2025 comenzó con un giro inesperado. Apenas iniciada la sesión, la presidenta del organismo, Mar Chao, tomó la palabra para denunciar la existencia de un «complot» contra su persona y contra la institución. Su intervención no respondía a un punto ordinario del orden del día, sino a la aparición, en los días previos, de una serie de informaciones publicadas por THE OBJECTIVE sobre presuntas irregularidades, así como un correo electrónico anónimo enviado a todos los miembros del consejo que abundaba en la misma cuestión y en la opacidad de la primera autoridad del organismo. Aquel correo obligó a alterar la agenda y a incluir como punto de urgencia el demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que este periódico publicó en exclusiva la semana pasada.

El informe, fechado a finales de mayo, señalaba prácticas de «enchufismo» en seis puestos directivos y advertía de vulneraciones de principios esenciales como igualdad, mérito y capacidad. La aparición del correo anónimo activó las alarmas dentro del organismo, que se vio obligado a debatir un informe que llevaba semanas circulando internamente sin abordarse formalmente. En ese contexto, Chao abrió la sesión del consejo asegurando que las denuncias formaban parte de un ataque coordinado destinado a «ocasionar un daño reputacional evidente», tanto a ella como al Puerto de Valencia.

Según recoge el acta de la reunión a la que ha tenido acceso este periódico, la presidenta afirmó que se veía «en la necesidad de contestar el calumnioso escrito remitido a los consejeros» y sostuvo que la filtración de datos internos tenía como objetivo perjudicar a la institución en un momento clave: la negociación con el Banco Europeo de Inversiones para financiar grandes proyectos como la Terminal Norte, la infraestructura más ambiciosa del puerto en décadas. Chao se presentó así como víctima de una supuesta ofensiva orquestada, pese a que el informe de la IGAE constituyó la primera auditoría oficial que acreditaba irregularidades graves en la política de personal de la Autoridad Portuaria.

La defensa de Chao

Lejos de profundizar en el contenido del informe —que ponía el foco en convocatorias restrictivas, conflictos de interés no declarados y procesos diseñados expresamente para encajar perfiles concretos—, la presidenta centró su intervención en denunciar las filtraciones y cuestionar la intención de quienes habían difundido esa información. Aseguró que quería «informar sobre cuestiones de contratación teniendo en cuenta, además, el contexto nacional que vincula a alguna gran constructora». Aunque evitó citarla, la referencia se dirigía a Acciona, bajo el escrutinio de la Guardia Civil desde el pasado junio en el marco del caso Cerdán por presuntos pagos de mordidas.

Los datos reflejan la magnitud del protagonismo de Acciona en el Puerto de Valencia. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, la constructora ha recibido 613,4 millones de euros en adjudicaciones en el recinto valenciano, muy por encima de cualquier competidor. Más de 40 contratos han recaído en la compañía durante los últimos años —muchos bajo presidencias socialistas y parte de ellos en la etapa de Chao— y han configurado un escenario de concentración progresiva. El más relevante, adjudicado en julio del año pasado, otorgó a una UTE liderada por Acciona la construcción de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte, valorada en más de 545 millones de euros, el mayor contrato público en ejecución en la Comunidad Valenciana y el 96% de todo lo adjudicado a Acciona desde 2018.

En su exposición, Chao añadió que en los últimos ejercicios se había producido una «reducción drástica» del número de contratos menores. Según sus propios datos, se pasó de 329 contratos menores en abril de 2023 a 145 en abril de 2025, lo que presentaba como un esfuerzo de «mejora» del sistema de contratación. Sin embargo, no mencionó que parte de estos procedimientos han sido objeto de cuestionamiento desde que THE OBJECTIVE reveló también las presuntas actuaciones irregulares del directivo Federico Torres, responsable de adjudicaciones por más de 45 millones de euros a empresas de su entorno personal y profesional.

Pese a un informe condenatorio de la IGAE, dos expedientes antifraude internos y la constatación de conflictos de interés no declarados, Torres sigue ocupando puestos de responsabilidad a día de hoy en la institución portuaria. Seis meses después de que estallara el escándalo, Chao ha sido incapaz de cesarlo, un hecho que ha sorprendido al sector portuario.

Filtraciones y el apoyo de la alcaldesa

En la parte final de su exposición, la presidenta informó de que se había llevado a cabo una «auditoría sobre integridad documental» con el fin de fortalecer la seguridad de la información interna. «Manifiesta su intención de interponer denuncia por la filtración de datos que se ha producido», recoge el acta. En lugar de aclarar las presuntas irregularidades, su intervención pivotó sobre la existencia de un ataque interno y sobre el perjuicio reputacional que, según ella, estaba sufriendo.

La única respuesta que hubo al discurso de Chao provino de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, miembro del consejo y que generó sorpresa entre algunos asistentes. En lugar de solicitar una investigación exhaustiva sobre las informaciones periodísticas aparecidas o el contenido del informe de la IGAE—como suele ser habitual en casos de presuntas irregularidades—, Catalá agradeció las explicaciones de Chao y reclamó que «se examine la forma en que se haya podido filtrar la información». La alcaldesa pidió además «reflexionar sobre las medidas internas que la APV debe adoptar» y expresó «la confianza del ayuntamiento en su gestión». Para Catalá, por tanto, la preocupación principal era el origen de la filtración, y no los hechos revelados por la IGAE y los medios de comunicación.

El cierre de la sesión mantuvo el mismo tono. Chao subrayó nuevamente que las informaciones publicadas y las comunicaciones internas formaban parte de un intento de deteriorar la imagen del organismo portuario. Un organismo que, sin embargo, se enfrenta desde hace meses a una crisis de credibilidad derivada tanto de las advertencias de los fiscalizadores públicos como de las revelaciones periodísticas.