La acusación readmitida en el caso de la dana exige anular pruebas y repetir declaraciones

La instrucción del caso de la dana afronta uno de sus momentos más delicados tras la readmisión, por orden de la Audiencia Provincial de Valencia, de Yolanda Garrido como acusación particular. Su abogada, Pilar Esquinas, ha presentado un escrito ante el juzgado instructor en el que solicita la nulidad de todas las actuaciones practicadas desde el pasado 4 de septiembre hasta este miércoles 10 de diciembre, un periodo en el que su clienta ha estado fuera del procedimiento por decisión de la juez. La petición incluye la repetición íntegra de las declaraciones de investigados, testigos y peritos, así como la revisión de las pruebas que se incorporaron al procedimiento sin su intervención.

La abogada sostiene que la expulsión, ahora anulada por la Audiencia Provincial, ha generado una situación de «grave indefensión», al quedar la acusación particular privada de intervenir en diligencias centrales del procedimiento. Entre ellas, según explica Esquinas, las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; del ahora presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; de la periodista que comió el fatídico día con Carlos Mazón, Maribel Vilaplana; del número dos de Emergencias, Jorge Suárez; el dueño de El Ventorro; o del exnúmero dos de Mazón, José Manuel Cuenca, todas practicadas sin la posibilidad de formular preguntas o proponer contrapruebas por la acusación expulsada hace tres meses.

El escrito presentado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE confirma que la acusación pide la retroacción de la causa al momento inmediatamente anterior a su expulsión, acordada por la juez el pasado 4 de septiembre. Según el documento, la instructora adoptó una medida «extrema» carente de cobertura legal y que ha sido desautorizada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En consecuencia, la acusación exige que se declare la nulidad de las diligencias, resoluciones, ratificaciones de informes y actuaciones probatorias practicadas en ese periodo, al haberse desarrollado «a espaldas» de la víctima y vulnerando los artículos 24 de la Constitución y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Una expulsión contraria a Derecho

La Audiencia Provincial estimó íntegramente el recurso de apelación presentado por Garrido y dejó «sin efecto» su expulsión del proceso penal, una decisión que ya es firme. El tribunal fue especialmente claro al señalar que los argumentos utilizados por la instructora —relativos al supuesto abuso de derecho, coincidencia con la defensa del investigado o declaraciones públicas atribuidas a la víctima— no justificaban una medida tan severa como la expulsión, y que, en todo caso, el juzgado debería haberse limitado a rechazar las peticiones concretas que considerara improcedentes.

El auto provincial también subraya que las opiniones externas al proceso, incluidas las que pudieran calificarse de «teorías conspiratorias», no son motivo para privar a una víctima de su condición de parte. Solo la conducta desplegada dentro del procedimiento puede valorarse para determinar si existe abuso procesal, algo que, según la Audiencia, no concurría en este caso.

Esa corrección institucional abre ahora un escenario complejo para la instrucción. La acusación particular sostiene que, si la expulsión fue contraria a Derecho, todas las actuaciones realizadas en su ausencia «carecen de la intervención de quienes eran parte y debieron serlo» y están afectadas por una vulneración estructural del derecho de defensa, lo que obliga a su anulación.

Tres meses sin poder intervenir

En declaraciones a este periódico, Pilar Esquinas explica el alcance de la situación: «Nosotros llevamos sin podernos defender desde el 4 de septiembre, y estamos en diciembre. Sí, han pasado tres meses. Ha habido interrogatorios bastante importantes y se ha perdido la posibilidad de estar personados en muchas de las actuaciones que se han hecho». Esquinas recuerda que en ese periodo se realizaron declaraciones clave, como la de Vilaplana y la del presidente de la Confederación Hidrográfica, y que la acusación no pudo ejercer sus derechos».

La abogada también denuncia el impacto personal y profesional que ha tenido el auto por el que fue apartada inicialmente del procedimiento. «El daño reputacional ha sido brutal. Se ha llegado a hablar de teorías conspiranoicas y se ha cuestionado mi ética profesional. Esa exposición mediática negativa genera riesgos de estigmatización en el ámbito judicial». Añade que la expulsión afectó igualmente a la víctima, Yolanda Garrido, que «ha perdido a toda su familia» y cuya defensa se ha visto limitada durante semanas.

¿Qué puede ocurrir ahora?

La petición de nulidad presentada este miércoles abre un frente jurídico de primer orden. El escrito invoca los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permiten declarar nulas las actuaciones cuando se produce «absoluta falta de intervención de quienes sean parte o debieran serlo» o cuando se prescinde de normas esenciales del procedimiento generando indefensión. La acusación argumenta que eso es exactamente lo sucedido durante los últimos tres meses.

Si se aceptara la nulidad total, la causa volvería a situarse en el punto procesal del 3 de septiembre: deberían repetirse declaraciones, informes, citaciones y otras diligencias probatorias que se desarrollaron sin la acusación particular. En caso de que el juzgado no estimara una nulidad completa, la acusación solicita una alternativa: repetir todas las diligencias esenciales, incluyendo las declaraciones de investigados, testigos y peritos, para garantizar la igualdad con el resto de acusaciones.

Además, el escrito pide que, mientras se resuelve la nulidad, no se practiquen nuevas diligencias que pudieran quedar afectadas por una eventual retroacción, con el fin de preservar la economía procesal y evitar un mayor perjuicio.

La readmisión de la acusación particular y la solicitud de nulidad sitúan a la instructora ante un escenario en el que gran parte del trabajo realizado en los últimos meses podría quedar sin efecto. Si la juez rechaza la nulidad, la defensa de Garrido podrá recurrir nuevamente ante la Audiencia Provincial, que ya ha corregido al juzgado en dos ocasiones: primero al admitir la apelación y ahora al estimarla de manera íntegra.

El conflicto procesal llega en un momento en el que la causa de la dana se encuentra en plena fase de consolidación probatoria, con un volumen considerable de diligencias practicadas y numerosas partes personadas. La decisión que adopte el juzgado en los próximos días será determinante para el rumbo del procedimiento.

Mientras tanto, la acusación readmitida mantiene su posición: «Se ha vulnerado un derecho constitucional y se ha impedido nuestra intervención en un tramo clave de la instrucción», afirma Esquinas. «Ahora toca restablecer la legalidad y corregir el daño causado».