La víctima del alcalde de Almusafes amplía la denuncia y señala a dos cargos del PSOE local
Les atribuye un patrón de hostigamiento que eleva a cuatro las mujeres del entorno socialista denunciadas
El alcalde Almusafes, Toni González, durante un acto de su municipio. | THE OBJECTIVE
La causa abierta en la población valenciana de Almusafes por el presunto caso de acoso sexual y laboral atribuido a su alcalde, el socialista Toni González, ha dado un nuevo giro que no solo complica aún más el escenario político del máximo regidor, sino también el del PSOE valenciano. La mujer que denunció a González ha ampliado su actuación ante la Guardia Civil y ha señalado ahora a dos mujeres vinculadas a la ejecutiva local del partido, a las que atribuye un trato hostil tras los hechos denunciados en los grupos de comunicación internos de la empresa pública donde la denunciante está contratada.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la presunta víctima compareció esta semana en dependencias de la Benemérita para formalizar una nueva denuncia relacionada con hechos posteriores a la presentación inicial del caso. En su declaración, la mujer detalla episodios que, a su juicio, se produjeron como consecuencia directa de haber acudido previamente a la Oficina Antifraude de la Generalitat Valenciana y de haber puesto en conocimiento del PSOE y de las autoridades la situación de acoso padecida.
La denunciante identifica a dos trabajadoras de la empresa pública municipal y militantes socialistas —B. M. y C. J.— como autoras de conductas dirigidas a desacreditarla y menospreciar su papel de representación sindical dentro de la empresa pública.
Conflicto interno
En su declaración, la mujer explica que los hechos se han producido recientemente en el contexto de un grupo de mensajería instantánea utilizado por trabajadoras de la empresa pública del Ayuntamiento de Almusafes. En ese foro, señala, compartió información de carácter laboral sobre la posible ilegalidad de instalar sistemas de fichaje en dispositivos móviles personales, una cuestión sobre la que —según expone— había recibido asesoramiento jurídico.
Tras la difusión de ese mensaje, la denunciante sostiene que las dos personas ahora señaladas reaccionaron de forma relevante para desacreditarla públicamente, cuestionar su legitimidad y generar un clima de hostilidad en su contra. La documentación aportada recoge que estas actuaciones ya tuvieron su origen en los grupos de WhatsApp del PSOE local, donde las denunciadas se solidarizaron con el alcalde e invocaban pasar a la acción para manifestar públicamente la adhesión inquebrantable con la autoridad munícipe puesta en cuestión.
La denunciante subraya que, hasta el momento en que decidió acudir a Antifraude, mantenía una relación cordial y profesional con dichas personas, y que el cambio de actitud solo se produjo tras hacerse visible su denuncia contra el alcalde de la población. A su juicio, ese giro no puede entenderse como un conflicto laboral ordinario, sino como una reacción directa a su decisión de denunciar.
Vínculos orgánicos y contexto político
Uno de los elementos que adquiere mayor relevancia en la ampliación de la denuncia es el vínculo orgánico de las dos personas señaladas con el PSOE de Almusafes. Según consta en el acta, ambas forman parte del entorno político del partido en el municipio y del propio alcalde, quien, aunque formalmente apartado del grupo socialista, sigue manteniendo influencia en el día a día de la organización local. Al menos una de las denunciadas tendría responsabilidades en la estructura municipal o en el ámbito de gestión de la empresa pública.
La víctima sostiene que ese contexto explica la ausencia de oposición previa a sus planteamientos sindicales y el cambio posterior, que coincide temporalmente con la presentación de la denuncia contra el primer regidor ante la Agencia Valenciana Antifraude y del canal antiacoso del PSOE.
Este nuevo paso se produce en un momento especialmente delicado para el PSOE valenciano, que arrastra desde entonces una crisis interna por la gestión política del caso del alcalde. La decisión de González de abandonar sus cargos orgánicos, pero mantener la alcaldía y el acta de concejal, abrió una brecha entre la dirección autonómica y sectores de la estructura provincial, una tensión que posteriormente se trasladó a la configuración de la gestora local.
Un patrón de hostigamiento
Con esta nueva denuncia, ya son cuatro las mujeres del entorno socialista denunciadas por la presunta víctima, además del propio alcalde. A las dos militantes ahora señaladas se suman dos dirigentes socialistas denunciadas el mes pasado por amenazas, injurias y calumnias dentro del mismo contexto de hostigamiento.
Tal y como informó THE OBJECTIVE el pasado 19 de diciembre, presentó dos denuncias penales tras recibir mensajes y ataques en redes sociales y canales internos del partido en los que se ponía en duda su credibilidad y se la instaba, de forma explícita, a quitarse la vida. Aquellos hechos, documentados en sede policial, se produjeron en las primeras horas posteriores a hacerse público el caso del alcalde.
Fuentes jurídicas consultadas subrayan que la relevancia del caso no reside solo en el número de denuncias, sino en la coincidencia del perfil de las personas señaladas, todas ellas vinculadas al aparato socialista local y al alcalde, y en la continuidad temporal de las actuaciones denunciadas.
Represalias y presiones
El nuevo escenario añade complejidad a un caso que ya había adquirido una dimensión política relevante y que ha colocado al PSOE en una posición incómoda en términos de discurso y coherencia interna. Fuentes del entorno de la denunciante insisten en que su actuación responde a la necesidad de proteger su integridad y su función de representación de los trabajadores en la empresa local. En su declaración, afirma sentirse señalada, cuestionada y aislada desde que decidió denunciar, y sostiene que determinadas actitudes no pueden desligarse del contexto político en el que se producen.
La ampliación de la denuncia introduce así un nuevo foco de presión sobre el PSOE de Almusafes y, por extensión, sobre la dirección autonómica del partido, comandada por la ministra Diana Morant, que ha defendido públicamente una línea de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda interpretarse como acoso, presión o represalia en el caso del alcalde de Almusafes.