Luces y sombras del marido de la juez de la dana por su papel en la instrucción del caso
Envió a juicio al hermano de Ximo Puig, archivó causas contra el entorno del PSOE y ahora afronta una querella contra él
Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, acude a declarar a los juzgados | Rober Solsona / Europa Press
El marido de la juez de la dana también es juez. Y esta semana ha quedado situado en el centro de la polémica tras la querella presentada contra él y contra la instructora por un abogado que representa a varios familiares de víctimas de la tragedia.
Se trata de Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia y esposo de Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que dirige la investigación sobre la riada que dejó 230 fallecidos. La denuncia, interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sostiene que el magistrado habría intervenido presuntamente en declaraciones practicadas durante los primeros compases de la instrucción.
La querella solicita medidas de gran alcance, entre ellas el apartamiento de ambos jueces. De prosperar siquiera parcialmente, el impacto procesal sería considerable en una causa que ya acumula más de 500 declaraciones y que examina la actuación de responsables autonómicos el día de la tragedia.
El episodio ha vuelto a colocar a este matrimonio de magistrados en el epicentro judicial y político de la Comunidad Valenciana. No es una posición menor. Mientras Ruiz Tobarra impulsa la investigación de la dana y ha elevado una exposición razonada para que se valore la posible responsabilidad del expresidente autonómico, Carlos Mazón, Martínez Ribera ha sido el instructor que ha enviado a juicio al hermano del expresidente Ximo Puig, Francis Puig, por presuntas irregularidades en subvenciones públicas.
Causas distintas. Dos tribunales distintos. Un mismo hogar.
Pero el caso de Francis Puig no es la única causa relevante que ha pasado por su juzgado. La trayectoria reciente de Martínez Ribera incluye decisiones que han afectado a dirigentes socialistas, resoluciones polémicas por prescripción y archivos de otras investigaciones. Un recorrido judicial con luces y sombras que ahora vuelve a examinarse bajo el foco de una querella que puede alterar el curso de una de las investigaciones judiciales más delicadas en tiempos recientes.
El precedente de Isabel García
En 2019, el mismo juzgado acordó el sobreseimiento de la causa abierta contra la socialista feminista Isabel García, entonces diputada provincial de Igualdad, tras una denuncia por presunta malversación relacionada con una subvención de 60.000 euros concedida a un club deportivo.
El procedimiento fue archivado en fase de instrucción al no apreciarse indicios suficientes de delito. Años después, en 2024. García dimitió como directora del Instituto de las Mujeres tras siete meses en el cargo por otra polémica distinta, vinculada a adjudicaciones contractuales de los puntos violeta, pero aquel archivo judicial se cerró sin consecuencias penales.
El archivo contra el presidente del PSPV-PSOE
No todas las decisiones del juzgado han tenido la misma lectura política: hace unos meses, Martínez Ribera acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra el que fuera presidente de los socialistas valencianos (PSPV-PSOE) y excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la presunta falsificación de un título académico utilizado en los años ochenta para acceder a una plaza en la Diputación de Valencia.
El magistrado razonó que el delito de falsedad documental se consuma de forma instantánea, aunque sus efectos puedan prolongarse en el tiempo, y que los hechos denunciados —situados en 1983— estaban prescritos conforme al artículo 131 del Código Penal.
La resolución generó críticas en sectores que sostenían que podía analizarse la eventual utilización posterior del título como un delito continuado o incluso como una estafa mantenida en el tiempo. El juez optó por la interpretación estricta del tipo penal y declaró extinguida la posible responsabilidad criminal por el transcurso del plazo legal.
El procesamiento de Francis Puig
El procedimiento de mayor impacto político instruido por Jorge Martínez Ribera en los últimos años es sin duda el que afecta a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig.
En octubre de 2025, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia decretó la apertura de juicio oral al apreciar indicios de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con estafa agravada por el presunto cobro irregular de subvenciones destinadas al fomento del valenciano entre 2015 y 2018.
El magistrado fijó fianzas superiores a los 147.000 euros y señaló como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Valencia. Al mismo tiempo, descartó el delito de fraude de subvenciones al aplicar la legislación más favorable vigente en el momento de los hechos, anterior a la reforma penal de 2019, que elevó el umbral económico para apreciar ese tipo delictivo.
La instrucción avanzó sin grandes estridencias públicas. No hubo autos de tono político ni reproches institucionales de relieve. El procedimiento siguió el cauce ordinario hasta la apertura de juicio oral, que no admite recurso salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados.
Criterios técnicos
El balance de decisiones permite lecturas diversas. Por un lado, el envío a juicio del hermano de un expresidente socialista. Por otro, archivos por prescripción o falta de indicios en procedimientos que afectaban a cargos vinculados al PSOE.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que la actuación del magistrado ha seguido criterios técnicos en cada caso, aplicando la normativa vigente y la jurisprudencia correspondiente. Sin embargo, la coincidencia de resoluciones políticamente sensibles y la actual querella han colocado su figura bajo una lupa pública inusual para un juez de instrucción.
Ahora el debate ya no se centra en el contenido de sus autos anteriores, sino en si existió una intervención efectiva en diligencias que formalmente correspondían a la instructora de la dana y qué consecuencias podría tener. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Consejo General del Poder Judicial tienen ahora que pronunciarse.