Cristina Seguí se enfrenta a más de cuatro años de prisión solicitados por una fiscal afín a Oltra
Arranca el juicio por denunciar el acogimiento de una menor en la etapa de Mónica Oltra que Seguí considera irregular
Mónica Oltra, en un acto oficial de marzo de 2020 enalteciendo la figura de la fiscal, Susana Gisbert, como referente feminista. | THE OBJECTIVE
La comunicadora e influencer Cristina Seguí afronta desde este lunes 2 de marzo una petición de cuatro años y seis meses de prisión en un procedimiento penal derivado de sus publicaciones en 2022 sobre un expediente de protección de menores en la Comunidad Valenciana. El trasfondo del proceso se remonta a enero de 2018, cuando una bebé fue retirada a su familia biológica por decisión de la entonces Consejería de Igualdad, dirigida por Mónica Oltra. A partir de ese momento se inició una prolongada batalla judicial entre la familia biológica, la administración autonómica y los acogedores.
Los abuelos paternos reclamaron el acogimiento y un régimen de visitas. En distintas resoluciones, los tribunales analizaron la actuación de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y ordenaron la implantación de un régimen progresivo de visitas supervisadas, tras apreciar deficiencias en la tramitación administrativa.
En paralelo, los familiares biológicos denunciaron obstáculos en la ejecución de esas resoluciones, generando un fuerte enfrentamiento público en torno a la gestión de expedientes de desamparo durante la etapa del Gobierno autonómico de izquierdas.
Las publicaciones de 2022
En ese contexto, Seguí publicó en julio y noviembre de 2022 varios mensajes y un vídeo en los que vinculaba el acogimiento de la menor con un cargo orgánico del Partido Socialista relacionado con áreas de infancia. Según la comunicadora, dicho acogedor presumía en redes sociales de su cercanía con responsables políticos del departamento de Oltra.
«En Valencia, la Administración del PSOE y Compromís han robado niños a las familias destrozándoles la vida para darlos a amigos afines», afirma Seguí. «Repito lo que dije en 2022 y si lo tengo que hacer desde una celda, lo hago desde una celda».
La Fiscalía sostiene que en esas publicaciones se revelaron datos personales del acogedor —nombre, apellidos, profesión y lugar de residencia— y que se hizo referencia a que se trataba de una pareja del colectivo LGTBI. Según el ministerio público, los mensajes alcanzaron decenas de miles de visualizaciones y generaron comentarios ofensivos y amenazas contra los afectados.
Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Seguí la presunta comisión de tres delitos contra la intimidad, en concurso con un delito de odio, además de la agravante de discriminación por orientación sexual. La pena solicitada asciende a cuatro años y medio de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, es decir, a ir en unas listas electorales.
Además, se solicita la prohibición de aproximación y comunicación durante cinco años con la menor y los acogedores, la prohibición de acceso a la red social X durante ese mismo periodo y una indemnización de 25.000 euros para cada uno de los denunciantes.
La versión de Seguí
Seguí sostiene que el procedimiento original sobre la retirada de la menor está actualmente bajo investigación judicial y que ella ejerce como acusación popular desde 2023 en diligencias donde se indagan presuntos delitos de prevaricación, desobediencia, detención ilegal de la menor y coacciones a la familia biológica.
Según su versión, nueve meses después de la retirada hospitalaria, la menor fue entregada en acogimiento a una persona a la que califica como «acogedor irregular», extremo que —afirma— fue cuestionado en resoluciones posteriores. La comunicadora asegura que su labor ha consistido en denunciar lo que considera irregularidades en la gestión de expedientes de desamparo.
La fiscal y el debate político
La acusación está impulsada por la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert. Desde el entorno de Seguí se sostiene que Gisbert mantiene una relación de cercanía personal con la exlíder de Compromís, Mónica Oltra, tras haber coincidido en distintos actos y foros institucionales durante su etapa en la Generalitat.
El procedimiento cobra especial relevancia política porque Cristina Seguí es la principal impulsora que ha conseguido sentar en el banquillo a Mónica Oltra en la causa relacionada con la gestión del caso de abusos sexuales de su exmarido sobre una menor. Seguí ejerce como acusación popular y ha mantenido una posición activa durante la instrucción, contribuyendo a que la exdirigente de Compromís y varios altos cargos de su departamento tengan que responder ante los tribunales, tal y como dictaminaron los tribunales la pasada semana.
Este hecho añade una dimensión de confrontación evidente al proceso que ahora la sitúa a ella en el banquillo. Mientras Oltra afronta juicio por decisiones adoptadas desde la Consejería de Igualdad, Seguí se enfrenta a más de cuatro años de prisión por denunciar públicamente otro expediente vinculado a esa misma etapa política.
Libertad informativa
El juicio vuelve a situar en el centro del debate los límites entre libertad de información, denuncia pública y protección reforzada de menores tutelados. Seguí descarta cualquier acuerdo con el ministerio público y mantiene su posición. El desenlace judicial determinará si esas afirmaciones quedan amparadas por la libertad de expresión o si, por el contrario, constituyen un ilícito penal en el marco de la legislación sobre intimidad y delitos de odio.