La Fiscalía abre diligencias para investigar al 'número dos' de Pilar Bernabé en Valencia
En el centro de la investigación, el ascenso meteórico de administrativo al máximo nivel del subdelegado del Gobierno
Pilar Bernabé y su 'número dos' en la presentación de la 'Operación Verano 2025'. | Jorge Gil (Europa Press)
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer el proceso de nombramiento de José Rodríguez Jurado, actual subdelegado del Gobierno en la provincia y actual número dos de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La decisión se formaliza en un escrito fechado el pasado 17 de febrero, en el que el Ministerio Público solicita el «expediente íntegro de nombramiento» del funcionario como técnico de la Administración General, grupo A1, nivel 26.
El documento requiere que se remita a la mayor brevedad toda la documentación relativa al acceso de Rodríguez Jurado al subgrupo A1, requisito imprescindible para su posterior designación como subdelegado del Gobierno. El escrito lleva la firma de la fiscal jefe provincial, Pilar Tomás.
Un ascenso bajo sospecha
La apertura de diligencias supone un nuevo giro en un caso que ya estaba siendo analizado por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y que ha sido objeto de denuncia ante distintas instancias de control. El núcleo de la controversia se centra en la promoción interna que permitió a Rodríguez Jurado ascender desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer de manera meteórica.
Según la resolución definitiva de Antifraude, fechada el 23 de octubre de 2025, dicho ascenso fue «ilegal» por vulnerar la normativa vigente y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo. La agencia recuerda que el marco normativo no permite la promoción interna vertical «per saltum» directamente del subgrupo C1 al A1, sino que exige un paso intermedio por el A2. Esta doctrina fue fijada, entre otras, por la sentencia 883/2021 del Alto Tribunal y posteriores resoluciones que refuerzan el criterio de progresividad en el acceso a los distintos subgrupos de la función pública.
La resolución de la AVAF, firmada por su director Eduardo Beut, desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Canet para revocar las conclusiones emitidas en 2022 y 2023. El consistorio defendió la validez del procedimiento, pero Antifraude fue tajante al señalar que las bases del concurso no aplicaron correctamente la legislación que regula la promoción interna en las administraciones locales. Además, recordó que ni el Ayuntamiento ni el propio funcionario invocaron durante la tramitación del expediente los preceptos legales que ahora pretendían hacer valer.
El informe recalca que la potestad de revocación administrativa «no es absoluta ni ilimitada» y que las resoluciones previas conservan su presunción de validez al no apreciarse vicios de nulidad. En su resolución de apertura de investigación, la agencia habló de «indicios razonables» de posible «fraude» o «corrupción» en el proceso selectivo y advirtió de un «quebranto institucional» al ocupar un puesto de alta representación estatal una persona que, jurídicamente, no habría cumplido los requisitos de acceso. También subrayó la inacción del Ayuntamiento de Canet al no abrir revisión de oficio pese a los requerimientos expresos del organismo de control.
La dimensión penal
La entrada en escena de la Fiscalía introduce ahora una derivada penal en un asunto que hasta el momento se movía en el ámbito administrativo y de control institucional. El Ministerio Público no se limita a solicitar información genérica, sino que exige el expediente íntegro de nombramiento como técnico A1, lo que permitirá analizar en detalle las bases de la convocatoria, los requisitos exigidos, la documentación aportada por el aspirante y las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento.
En esta fase preliminar, la apertura de diligencias no implica, por ahora, imputación alguna, pero sí refleja que la Fiscalía aprecia elementos suficientes para examinar la posible relevancia penal de lo ocurrido. La investigación deberá determinar si los hechos pueden encajar en algún tipo penal vinculado a la función pública, como la prevaricación administrativa o el fraude en la gestión de recursos humanos.
Impacto político e institucional
El caso tiene una evidente dimensión política. Rodríguez Jurado fue nombrado subdelegado del Gobierno en enero de 2024 por decisión de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, secretaria de Igualdad del PSOE y líder del partido en la ciudad de Valencia. Su designación se produjo cuando ya existían informes de Antifraude que cuestionaban la legalidad de su promoción al grupo A1.
El subdelegado del Gobierno es la máxima autoridad del Estado en la provincia en ausencia de la delegada, coordina las fuerzas y cuerpos de seguridad y representa al Ejecutivo central en múltiples ámbitos administrativos. La investigación afecta, por tanto, a un cargo de especial relevancia institucional.
Con la solicitud de todo el expediente íntegro, la Fiscalía da el primer paso en una investigación que puede tener consecuencias relevantes desde el punto de vista administrativo, político e incluso penal. La documentación requerida será clave para determinar si el procedimiento se ajustó a la legalidad vigente o si, por el contrario, se consolidó un ascenso contrario a la legalidad que fue usado como base para el nombramiento del actual «número dos» de Pilar Bernabé en Valencia.