La juez María Tardón deniega una nueva solicitud de libertad del excomisario Villarejo

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado una nueva petición de libertad del comisario jubilado José Manuel Villarejo al entender que se ha incrementado el riesgo de fuga por el que ingresó en prisión por la denominada Operación Tándem, así como que persiste el de destrucción de pruebas mientras se encuentre en proceso de volcado, análisis y descifrado la documentación informática incautada de la que aquel tendría el control sobre las claves de acceso.

En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, en sustitución del juez del caso, Manuel García Castellón, desestima así la solicitud de Villarejo, que pedía su excarcelación o, de forma subsidiaria, la permanencia en su domicilio con la instalación de algún mecanismo de vigilancia por control telemático, solicitud a la que se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

La magistrada recuerda que el juzgado de instrucción ha desestimado sus solicitudes de libertad en siete ocasiones y otras tres la Sala de lo Penal y advierte de que en este momento de la investigación no se ha producido modificación alguna que haga variar su situación. A su juicio, los indicios que inicialmente determinaron las imputaciones al investigado de pertenencia a organización crimina y blanqueo de capitales se han ido consolidando y se ha  evidenciado su aparente implicación en delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

Señala la juez que el propio investigado, en su declaración del 12 de enero del pasado año, afirmó que la totalidad del material informático intervenido contenía información sensible, entendiendo por tal, dice, aquella que afectaría a la seguridad del estado, a altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros.

Múltiples delitos de naturaleza grave

Dicha manifestación, indica la instructora, a la vista de las fuentes documentales ya analizadas a las que los investigadores han tenido acceso, han aportado un “sólido cuadro indiciario de la comisión de múltiples delitos de naturaleza grave”, con lo que los requisitos objetivos que han venido sustentando la prisión provisional del solicitante resultan claramente concurrentes en el investigado y la medida cautelar se advierte como plenamente proporcionada a la particular gravedad de los delitos que resultan indiciariamente imputados.

En cuanto al riesgo de reiteración de alteración o destrucción de pruebas, dice la juez que comparte los argumentos de la Fiscalía respecto del hecho de que la encriptación del acceso a la información telemática constituye una medida de seguridad reveladora del alcance presumiblemente ilícito de los contenidos así protegidos.

“En consecuencia, y mientras se encuentre en proceso el volcado y análisis de la documentación incautada, y aún esté pendiente el descifrado de este material informático, la persistencia del riesgo de destrucción o alteración de estas pruebas por parte del investigado, que como máximo responsable de la organización criminal mantendría el control, directo o indirecto sobre las claves de acceso al mismo, resulta plenamente vigente, y su existencia, ciertamente seria y real”, explica el auto.

El riesgo de fuga se ha incrementado

Para la juez tampoco se ha evidenciado modificación respecto de la existencia de un elevado riesgo de fuga y reiteración delictiva y que lejos de desaparecer o disminuir, afirma, con el transcurso del tiempo y el avance de la investigación, “deben, por el contrario, estimarse incrementados en buena medida”.

Tardón rechaza también que el arraigo familiar y social alegado por Villarejo desvirtúe el riesgo de fuga y recuerda que la Sala de lo Penal ya entendió al denegarle la libertad que podía tener medios económicos aún no descubiertos. En este sentido, destaca el acopio de dinero en metálico y oro en sus domicilios de Madrid y Estepona, algo que, junto con la existencia de documentación en blanco y con datos de identidad que no se correspondían con la identidad de Villarejo, “lleva a inferir que podrían utilizarse para una eventual huida del territorio nacional si fuese preciso”.

En relación con la repercusión de los más de trece meses que lleva en prisión sobre su salud alegada por Villarejo para la adopción de la modalidad atenuada de prisión provisional, María Tardón considera que no se ha aportado nueva documentación en relación con la última petición de libertad y que confirmó que el cuadro clínico del interno era “perfectamente compatible con el régimen penitenciario propio de los presos preventivos”.