El exconsejero Alfredo Prada, imputado por las irregularidades en el Campus de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigado al ex vicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada, del Partido Popular, en la causa en la que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM). Prada deberá declarar el 27 de marzo.

En el auto judicial, el juez también llama a declarar el mismo día a tres técnicos de la Comunidad de Madrid: Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar y Alicio de las Heras Rodríguez.

De la Mata investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los cuales 324,7 millones correspondían a contratos para las diferentes construcciones en el campus. Estas construcciones debían sustituir a 21 inmuebles de la ciudad de Madrid. En total, se llegaron a pagar 91,7 millones, pero solo se construyó el edificio del Instituto de Medicina Legal.

Tanto Prada como los tres técnicos, a la vista de la valoración de los contratos y gastos que contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre el CJM, deben ser interrogados como responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad en el periodo en que prestaron sus servicios en la sociedad, explica el juez.

Según el juez, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, «la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo», y presentaba «un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil».

Todos los puestos de trabajo «se cubrieron con personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados», explica el auto judicial.

El juez De la Mata distingue dos etapas en la actividad del Campus de la Justicia, una hasta 2008 y otra a partir de ese año. En la primera etapa, Prada y los tres técnicos formaron parte de una Mesa de Contratación permanente constituida por orden del exconsejero de Justicia el 1 de julio de 2006.

El informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 concluye que CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público, explica el juez.

Además, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.

Observa que las «carencias en la determinación del objeto de los contratos conllevan que, en prácticamente todas las licitaciones realizadas por el Campus de la Justicia, se hayan utilizado criterios de valoración que tienden a suplir la falta de precisión en la definición de las prestaciones, exigiendo a los licitadores que la completen con sus proposiciones”.