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Madrid

Anticorrupción investiga el destino de los 90 millones para construir la Ciudad de la Justicia

La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre las presuntas irregularidades en la Ciudad de la Justicia de Madrid, pues considera que hay posibles delitos de malversación y prevaricación.

Anticorrupción investiga el destino de los 90 millones para construir la Ciudad de la Justicia

La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre las presuntas irregularidades en la Ciudad de la Justicia de Madrid, pues considera que hay posibles delitos de malversación y prevaricación.

La denuncia contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que, entre otras irregularidades, señala el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios en el Campus de la Justicia, de los cuales solo se terminó uno que, además, no se puede utilizar.

El informe detecta además adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y “diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal”, según informa la Fiscalía.

Por este motivo, considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y ha remitido la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción.

El Gobierno de Cristina Cifuentes denunció estas presuntas irregularidades tras estudiar el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. El Ejecutivo regional llegó a la conclusión de que en el proyecto del Campus de la Justicia se incumplieron de forma “sistemática” las “normas más esenciales” de contratación pública y contabilidad.

La oposición ya había llevado este caso a la Fiscalía en el mes de marzo y advirtió de que el proyecto supuso un “quebranto patrimonial” de más de 130 millones de euros.

El proyecto del Campus de la Justicia fue encargado en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Su objetivo era agrupar las 19 sedes judiciales de Madrid en unos 200.000 metros cuadrados del barrio de Valdebebas.

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