La policía tendrá la posibilidad de controlar el cumplimiento de las cuarentenas por coronavirus[contexto id=»460724″] en Madrid. Si la Justicia lo ratifica, las fuerzas de seguridad podrán exigir identificaciones en las calles, pero los agentes no visitarán los domicilios de las personas contagiadas.
Lo más importante: la Orden 1262/2020 de la Consejería de Sanidad de Madrid, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la región, establece que los datos de localización de las personas aisladas o en cuarentena por COVID-19 serán cedidos al 112 de la Comunidad de Madrid, mientras el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) esté activado. Estos datos podrán ser facilitados a los cuerpos policiales (Policía Minicipal, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), a los servicios de inspección o a los servicios públicos de emergencia «cuando realicen tareas incluidas dentro de las operaciones de lucha contra la pandemia».
Los agentes de la Policía Municipal de Madrid recibieron el pasado 23 de septiembre una instrucción porque sus efectivos son los encargados de notificar de forma individualizada los positivos por coronavirus en los domicilios. Desde ahora, con esta nueva medida, los agentes conocerán de forma inmediata si una persona debe estar en cuarentena y esa información se utilizará en los controles policiales o cuando sean identificadas en las calles, sin tener que acudir a los domicilios. Sobre este asunto, los sindicatos de policía municipal, que son los que se volcarán más en esa labor, se han pronunciado de forma negativa, ya que es una labor más que se añade a su trabajos diarios de un cuerpo que está mermado por la escasez de la plantilla.
El secretario general de UPM (Unión de Policía Municipal), Jaime Johnson, ha afirmado que este trabajo no lo puede realizar la policía por la «escasez de efectivos» que tienen, en un cuerpo que también notifica los positivos por coronavirus y controla las restricciones de movimientos en Madrid. Los agentes municipales tienen una plantilla «muy mermada», han pasado de 7.000 a 5.600 agentes, y la «carga de trabajo» es muy grande, añade Johnson.
Se trata de una medida que ya se viene realizando en otras regiones donde se han aprobado propuestas parecidas, como Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares. Sin embargo, tiene que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ser efectiva, por lo que aún no hay diseñado un dispositivo de seguridad para acometerla, detallan la fuentes.