¿Es España un país seguro?

En los tres primeros trimestres de 2022, el total de delitos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en España tuvo un espectacular crecimiento del 22,5%. La delincuencia ha demostrado una gran resiliencia en nuestro país y a diferencia de otros sectores ya ha superado las cifras previas a la pandemia de la covid-19. Es verdad que la delincuencia se está trasformando. Así, las estafas en internet crecen exponencialmente mientras tenemos menos casos de robos en el mundo físico, pero el conjunto de delitos crece por encima del 5% respecto a 2019. La pregunta es si asistimos a un cambio de ciclo hacia un deterioro de nuestra seguridad interior o simplemente hemos recuperado lo que podemos denominar la «normalidad criminal» prepandemia.

Un grupo de analistas del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria acabamos de publicar un Panorama de la Seguridad en España 2022 elaborado en colaboración con Prosegur Research. El estudio trata de analizar la seguridad en España a través de diferentes factores: el nuevo escenario estratégico, la seguridad ciudadana, el crimen organizado, el terrorismo, el medioambiente y la ciberseguridad. A través de ellos, se ha buscado recopilar la información más relevante a la vez que fiable y actualizada, proporcionando así un panorama conciso pero exhaustivo que analiza los principales delitos que afectan a la seguridad española. El resultado es un diagnóstico integral, independiente y creemos que único de la seguridad en nuestro país. En este artículo haremos algunas reflexiones añadidas en torno a ese análisis. 

Un mundo más inseguro

El nuevo escenario estratégico nos sitúa ante una paradoja del desarrollo: parece que nunca hemos vivido mejor, y, sin embargo, las personas no han logrado aumentar su sensación de seguridad. Este hecho se ha visto agravado por la pandemia de covid-19 y ahora, el conflicto geopolítico y geoeconómico de la guerra en Ucrania. Estas crisis globales han contribuido a aumentar la sensación de inseguridad e incertidumbre. 

Este clima de confrontación global está provocando a su vez una fragmentación en el escenario internacional. Hay una quiebra del orden mundial liberal que surge tras el fin de la Guerra Fría y no está claro aún qué orden o desorden global nos espera. Quizá el escenario más probable sea el de un mundo multipolar con centros de poder interdependientes. Desde un punto de vista económico, la situación sigue la misma línea, tras la disrupción de las cadenas de suministro provocada la pandemia y la crisis energética y alimentaria generada por la guerra de Ucrania. Nos enfrentamos aún a los efectos de desabastecimiento mundial y una creciente rivalidad en el campo tecnológico entre Washington y Beijing. Todo ello conduce a la introducción de políticas neoproteccionistas y a la progresiva emergencia de bloques económicos.

A esta realidad, con tensiones inflacionistas, subidas de tipos de interés y estancamiento económico, debemos sumarle el incremento de las desigualdades que agudiza en muchos países la conflictividad social y la inestabilidad política. Basta pensar en las crisis institucionales y los conflictos que viven buena parte de Latinoamérica y de África. Pero esta inestabilidad afecta también a las grandes potencias, Estados Unidos y China, y por supuesto, a Europa.

Por otro lado, observamos la emergencia de actores armados no-estatales que cuentan con más recursos económicos y militares sofisticados, lo que nos está dificultando la gestión de los conflictos latentes. 

La fragmentación política, la crisis económica, el incremento de la conflictividad y los eventos climáticos extremos están siendo el motor que alimenta unos importantes movimientos de población. En este contexto, la trata de personas se configura como la actividad más extendida entre las organizaciones criminales, seguida por el comercio de sustancias narcóticas, aunque la droga siga siendo la principal fuente de ingresos del crimen organizado internacional.

Es difícil pensar que Europa o España pueden aislarse de este deterioro de la seguridad en el contexto global. Por ejemplo, la extensión del yihadismo por el Sahel constituye una amenaza evidente para nuestra seguridad. Los flujos de inmigración que vienen del Este o del Sur como consecuencia de nuevos conflictos aumentan la presión sobre nuestras fronteras. El fortalecimiento de las organizaciones criminales en Latinoamérica o el Norte de África supone a su vez un desafío para nuestra seguridad. Todo ello sin mencionar que si algo define a la cibercriminalidad es la ausencia de fronteras. 

Los riesgos a la seguridad futura afectan tanto a la seguridad nacional como a la seguridad de los ciudadanos y es un desafío para el Estado y para el conjunto de la sociedad. Así, las compañías se enfrentan a un importante reto: construir nuevas estrategias de control de riesgos que respondan a la seguridad en un contexto tan amplio de desafíos y amenazas, y definir cuál será el papel de la empresa privada en esta estratégica transición. 

¿Hacia una sociedad más violenta?

España ha sido tradicionalmente un país seguro. Nuestra tasa de homicidios, 0,7 por cien mil habitantes, se encuentra según el World Homicide Report entre las más bajas del mundo, en línea con la de los países del sur de Europa. Las tasas de delitos por mil habitantes marcaron mínimos históricos durante la pandemia, aunque en 2022 han retomado la senda de crecimiento que veníamos observando desde 2016. A falta de datos definitivos, es probable que el pasado año esa tasa se sitúe cerca de 50 delitos por mil habitantes, aunque buena parte de ese crecimiento viene impulsado por el aumento de la ciberdelincuencia. La preocupación por la seguridad ciudadana se encuentra también en niveles muy bajos según el último barómetro del CIS.

Si nos comparamos con nuestro entorno europeo nuestras cifras suelen estar por debajo de la media, excepto en lo que se refiere a los atracos. Así, según la estadística de criminalidad en la Unión Europea en 2020 publicada por Eurostat, nuestra tasa de robos con fuerza en las casas y hurtos es la mitad de la media europea. Estos datos comparativos deben ser analizados en todo caso con prudencia dados los diferentes sistemas penales y las discrepancias de medición estadística entre los diferentes socios europeos. 

El problema con la delincuencia en España es que tiende a concentrarse en unas pocas zonas. En el caso de nuestro país, son las provincias de la costa mediterránea, junto con Madrid en el interior, las que presentan una tasa de criminalidad más elevada. Solo las cinco provincias con mayor número de delitos: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga acaparan casi la mitad de todos los delitos que se cometen en España.

Esta tendencia a concentrarse provoca que la tasa de criminalidad en Madrid o Barcelona sea el doble que en Teruel o en Asturias y que algunos municipios presenten niveles de delincuencia particularmente elevados, lo que hace de la seguridad ciudadana un problema grave a nivel local. Este el caso de Salou, El Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Marbella e incluso Barcelona capital, con tasas de criminalidad que se sitúan por encima del doble de la media nacional. El crecimiento de la delincuencia sigue además acelerado en algunos de estas ciudades, con aumentos en los tres primeros trimestres del 2022 de más del 50% en algún caso. España es por tanto un país seguro, pero el nivel de seguridad depende mucho de donde vivamos.

Una segunda preocupación que surge del análisis de los datos de 2022 es el aumento de la delincuencia violenta en nuestro país. España es, de hecho, el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de atracos –robos con violencia e intimidación–. En 2019 nuestra tasa de atracos, en torno a 140 por 100.000 habitantes, estaba solo por detrás de Bélgica, y casi triplicaba la media europea, según datos de Eurostat. En los nueve primeros meses de 2022 este tipo de delitos creció en nuestro país un 26,8%. Por su parte, los delitos de lesiones han subido un 40% en ese mismo periodo, los delitos contra la libertad sexual subieron un 16,3% y los homicidios crecieron en su conjunto un 16% (sumando los consumados con los perpetrados en grado de tentativa). Si tomamos como referencia el año 2019, previo a la pandemia, corroboramos que el conjunto de los homicidios aumentó aún en mayor medida, un 26,1%, las lesiones un 33,1%, mientras que los delitos contra la libertad sexual crecieron un 31,1%. 

Esta tendencia de aumento de la violencia contrasta con una tendencia sostenida de caída de la delincuencia violenta en todo el mundo occidental y de forma especial en España en la última década. Así, entre 2012 y 2018 los homicidios consumados cayeron en nuestro país un 20% y los robos con violencia disminuyeron un 37,3%. No obstante, habrá que esperar a ver la evolución en próximos años para discernir si realmente estamos ante un fenómeno de cambio a una delincuencia más violenta o se trata simplemente de un efecto rebote tras la pandemia. Es este sentido, desatacar que la creciente polarización social, así como el auge de las bandas y grupos de crimen organizado, situado en un contexto internacional turbulento, supone una alerta para los próximos años. 

Sin embargo, la tipología delictiva más frecuente en España se corresponde con los delitos patrimoniales —un 35% del total de las infracciones—. Esta tipología incluye los robos con intimidación, los robos con fuerza en establecimientos, domicilios y otras instalaciones, hurtos y sustracciones de vehículos. También la tendencia de este tipo de delitos patrimoniales ha ido al alza en los dos últimos años, pero se mantienen aún por debajo de las cifras prepandemia. 

Por último, los delitos que no requieren de presencia física en su comisión, como son la estafa o el blanqueo de capitales, se han visto incrementados en los dos últimos años, reflejando así la amenaza que representa la cibercriminalidad para nuestro país. 

España como hub del narcotráfico internacional

La criminalidad organizada, combinada con el blanqueo de capitales y las nuevas tecnologías, constituye en nuestra opinión la principal amenaza a la seguridad interior de España. Como se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional, «el crimen organizado es una amenaza a la seguridad que se caracteriza por su finalidad esencialmente económica, su efecto horadador sobre la instituciones políticas y sociales, su carácter transnacional y su opacidad», además «el crimen organizado tiene un relevante potencial desestabilizador. Sus estructuras se adaptan al entorno geoestratégico y repercuten en la gobernanza, la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones». En este mismo sentido, la Estrategia de Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave introduce el riesgo que supone el avance de la tecnología y su uso con fines criminales, señalando que «la delincuencia asociada a las nuevas tecnologías y el cibercrimen continúa en ascenso generalizado en todo el mundo, y su tendencia es a seguir aumentando y afectando a multitud de bienes jurídicos protegidos, con grave impacto en las economías de las personas físicas, jurídicas e institucionales, generando una inseguridad social difícil de minimizar en términos de amenaza a largo plazo».

La posición geoestratégica de España la convierte además en un centro neurálgico para el crimen organizado internacional y de forma especial para el narcotráfico. En total se detectaron en 2021 más de 500 grupos de crimen organizado presentes en nuestro país, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior. La gran mayoría de estos grupos se dedica al tráfico de drogas, especialmente al tráfico de hachís, marihuana y cocaína. Se observa también un aumento de los grupos dedicados al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual.

España es la principal plataforma de distribución de hachís para el mercado europeo y tiene un papel relevante en el tráfico de cocaína proveniente de Latinoamérica, aun cuando en los últimos años se observa un desvío de esa ruta tradicional hacia puertos europeos situados más al norte.

En todo caso, el tráfico de drogas continúa en aumento en nuestro país. Las denuncias por tráfico de estupefacientes crecieron un 7% en 2021, habiendo superado ya el número de denuncias alcanzado en 2019. En los primeros nueve meses de 2022 esas denuncias han seguido creciendo, aunque a un menor ritmo del 2,9%. 

Las aprehensiones de droga aumentaron aún en mayor medida. Las incautaciones de hachís crecieron en 2021 un 42,7% hasta alcanzar casi 700 toneladas, las de marihuana se duplicaron hasta las 140 toneladas y las de cocaína crecieron un 33% hasta casi 50 toneladas incautadas. Las detenciones por tráfico de drogas también continúan aumentando, llegando a las 27.141 en 2021, con un aumento del 12,6% respecto a 2020. Estas cifras ponen de manifiesto tanto el ingente esfuerzo desarrollado por las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra la droga como el aumento de tráfico de este tipo de sustancias en nuestro país.

España se está convirtiendo además en un importante productor de droga, especialmente marihuana, para el consumo europeo. La proliferación de cultivos ilegales, tanto en exterior como en plantaciones de interior, se extiende ya prácticamente por todo el territorio nacional.

Como tendencias podemos advertir un aumento de la oferta de los países productores de hachís y cocaína y la búsqueda de vías de entrada complementarias a las tradicionales rutas marítimas, para lo que se está fortaleciendo la cooperación entre grupos locales y las redes internacionales de narcotráfico. Se observa también una mayor diversificación de la actividad criminal de los grupos que operan en España, combinando el tráfico de cocaína con el hachís, la marihuana con las drogas sintéticas e incluso la droga con la trata de personas.

El hecho de que España sea la principal puerta de entrada del hachís y la cocaína en Europa facilita que nuestro país se convierta a su vez en un centro relevante del crimen organizado internacional. Así, observamos un aumento del número de grupos de crimen organizado que fijan residencia en nuestro país, especialmente de países del Este de Europa, pero también de Asia. Se detectan a su vez un aumento de las conexiones de los grupos locales con grandes organizaciones internacionales del crimen, como ‘Ndrangheta calabresa, Sacra Corona Unita, Clan Skaljari o Bang de Fujian.

Hay que destacar, por último, la eficacia de Policía Nacional y Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado, con un gran aumento de las investigaciones abiertas, que ha llevado a la desarticulación de más de la mitad de los grupos detectados. Pero el crimen organizado supone una amenaza grave para España, con una mayor tendencia al uso de la violencia, una implicación creciente en la corrupción, el aumento de su poder financiero y un uso intensivo de nuevas tecnologías para llevar a cabo sus actividades criminales.

Aumento de la radicalización

La ausencia de atentados terroristas, con la excepción del reciente asesinato en Algeciras por parte de un individuo radicalizado, puede hacernos creer que la amenaza del terrorismo ya no existe. Por el contrario, es la propia acción preventiva de nuestras fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia la que en muchos casos evita la consumación de esos atentados. Las 275 operaciones antiterroristas y los casi 500 detenidos en los dos últimos años sólo contra el terrorismo yihadista así lo ponen de manifiesto. Es más, los datos apuntan de hecho a un aumento de los discursos radicales, referidos no solo a los movimientos yihadistas, étnico-nacionalistas y de polarización política, sino a otro tipo de radicalismos que tienen que ver con nuevas tendencias sociales: supremacismo, aceleracionismo, antisistemas, Incel (involuntary celibate), entre otros muchos. Estos procesos de radicalización se han visto favorecidos en buena medida por la emergencia de las redes sociales. 

Este incremento de la conflictividad y la radicalidad se desarrolla en un contexto de transformaciones sin precedentes, en el que las reglas del juego estratégicas están cambiando para los gobiernos, pero también para las corporaciones y otros actores no estatales. La radicalización y el terrorismo en nuestro país se configuran como amenazas en constante evolución, que se adaptan a las circunstancias políticas y sociales de cada región, y buscan transmitir su cosmovisión a cualquier destinatario. 

Durante la década de los sesenta, se expandieron los grupos de liberación etno-nacionalistas, como es el caso de ETA, sin embargo, con la llegada del yihadismo, los Estados se enfrentan a una amenaza transfronteriza, caracterizada por su dimensión «global», con una fuerte persuasión, y técnicas de captación y adaptación de discurso que les han dotado de las herramientas necesarias para la adaptación de estos grupos a la globalización. 

Si bien Europa sufrió una oleada de atentados desde la década de 2010 hasta el año 2021, los datos muestran que el Estado Islámico ha perdido terreno y medios, por lo que su capacidad se ha visto mermada, a lo que debemos sumarle la mejora de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los países. Aun así, debemos prestar especial atención a las nuevas formas de radicalización, como son la radicalización online y los nuevos movimientos internacionales, que aprovechando la creciente polarización social y las circunstancias sociopolíticas tanto de España como de otros países europeos amenazan la seguridad. 

En el caso español, en los últimos diez años se han producido 275 operaciones, con un total de 491 detenidos, destacando las provincias de Madrid y Barcelona con 42 y 58 operaciones, y 83 y 101 detenidos, respectivamente. En el pasado 2021, se realizaron 22 operaciones, y 39 detenidos, lo que supone un ligero descenso respecto al año 2021 respecto a operaciones —se produjeron 37—. 

Por último, cabe destacar la evolución que han sufrido en España los delitos de odio, pues han incrementado de 1.334 en 2020 a 1.802 delitos registrados en 2021. Este aumento puede deberse —además del incremento en su comisión—, a los mayores esfuerzos realizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir y condenar estos actos, así como a la mayor sensibilización social, unida a la concienciación y denuncia de los mismos. 

Aumentan los delitos ecológicos

No solo las tipologías delictivas descritas atentan contra la seguridad, la sobreexplotación de la naturaleza, manifestada a través de la grave contaminación de zonas urbanas o la constante degradación de campos, bosques y otras zonas de hábitat natural, también supone un reto para los países, pues pone sobre la mesa la necesidad de la conciliación de la protección del medio ambiente y las exigencias humanas. 

El hombre ha presentado, a lo largo de su historia, una relación dicotómica con su entorno, y, a lo largo del siglo XXI el ecologismo y la protección del medio natural han cobrado especial importancia, ejerciendo una influencia cada vez mayor en la toma de decisiones. En la preservación del patrimonio natural y la responsabilidad que tienen los países de su cuidado, la protección policial a través de la investigación y la prevención de delitos e infracciones constituye un elemento fundamental, ya que la destrucción de nuestro ecosistema acarrea enormes costes sociales y económicos. 

En este sentido y según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2021 se presentaron 1.283 denuncias o querellas; en el ámbito policial, a través de la información recogida por el Seprona —Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil—, el número total de delitos ascendió a 5.752, incrementándose en un 39% respecto a los delitos conocidos del año 2020. Las tipologías delictivas que más aumentaron son las relacionadas con el maltrato de animales domésticos, y cabe destacar también el número de incendios forestales, que ascendió a 483 en el último año. 

La necesidad de preservación de los recursos naturales junto con los problemas —cada vez más graves— medioambientales, han motivado el desarrollo de una conciencia ambiental entre la ciudadanía, que se ha visto materializada a través de un amplio desarrollo normativo de las distintas administraciones, cuyo objetivo es alcanzar una protección integral de la naturaleza desde un enfoque multidisciplinar. En este sentido, hay que destacar las casi 290 mil infracciones administrativas denunciadas por la Guardia Civil en 2021, convirtiendo a su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en un instrumento vital para la seguridad ambiental de nuestro país. Caben destacar al respecto algunas de las operaciones llevadas a cabo en el año 2021 por parte del Seprona: la operación Pindan, que desarticuló una organización dedicada al transporte ilegal de residuos de plástico; la operación Garden, que desmanteló un grupo criminal dedicado al fraude agroalimentario; y la operación Sumendi, relacionada con el tráfico ilegal de anguila. 

La ciberdelincuencia, principal desafío

Tras la pandemia, las empresas, las administraciones públicas y el conjunto de ciudadanos debieron adaptarse, de forma masiva, al trabajo y las relaciones a distancia a través de medios telemáticos. Esto ha traído consigo un incremento en las actividades delincuenciales en el ciberespacio. En el año 2021, España ocupaba la novena posición en el Índice de Economía y Sociedad Digital y se posiciona como la séptima administración pública más digitalizada de Europa. 

El desarrollo del ciberespacio en todos los ámbitos públicos y privados ha llevado también a un aumento paralelo de los ciberdelitos. A falta de consolidar los datos, la ciberdelincuencia prácticamente se duplicó en España en los últimos tres años. En 2021 se contabilizaron más de 305.000 ciberdelitos, de los cuales más de 267.000 —un 87,5%— son fraudes, seguidos de amenazas y coacciones con un 5,7%. Estos ciberdelitos afectan mayoritariamente a Madrid y Barcelona. En los primeros nuevos meses del año 2022 el crecimiento fue de más del 26% (sin contar con los datos de policías autonómicas aún no disponibles). La mejora de la protección de datos personales y de las empresas se ha convertido en una prioridad para los usuarios; sin embargo, también debe serlo la sensibilización y formación de la totalidad de la población y de las empresas, con el objetivo de poder prevenir estos delitos.

Nuevos desafíos para la seguridad en España

España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo, pero para seguir siéndolo tiene que superar una serie de retos que ponen en cuestión su seguridad futura. Entre esos retos destacaríamos cuatro fundamentales.

1. Planes locales de seguridad

La distribución de la delincuencia no es homogénea en todo el país. La tendencia a concentrarse en determinadas zonas exige respuestas específicas e integrales que requerirán la cooperación de todos los actores implicados y la priorización de recursos. Si permitimos que surjan áreas de impunidad en determinadas ciudades, como ya ha ocurrido en algunas capitales europeas, el deterioro de la seguridad en su conjunto será creciente

2. Estrategia contra el crimen organizado

España se ha consolidado como un centro esencial para el tráfico de drogas en toda Europa. El riesgo es que se convierta también en un centro neurálgico para las multinacionales del crimen organizado. Esto constituye una amenaza estratégica para nuestro país frente a la que la colaboración entre fuerzas de seguridad y la inteligencia resulta básica. La estrategia debe centrarse en atacar los beneficios financieros generados por la actividad criminal de estas organizaciones mediante la lucha contra el blanqueo de capitales, el desmantelamiento de sus estructuras empresariales y la recuperación de activos. Requiere también un impulso tecnológico de las unidades policiales de información e investigación y una mayor integración de las capacidades a escala europea. El objetivo último es hacer de España un país hostil para estas redes. 

3. Potenciar capacidades ciber

En la lucha contra la ciberdelincuencia tenemos dos problemas esenciales. Por un lado, el ritmo de crecimiento de los ciberdelitos desborda la capacidad de las Fuerzas de Seguridad. Por otro lado, la comunidad de ciberseguridad en España ha avanzado hacia una mayor coordinación, pero requiere de una mayor integración. Es necesario propiciar además una más efectiva colaboración público-privada y generar en la sociedad una verdadera cultura de la ciberseguridad si queremos ser capaces de superar este reto.

4. Lucha contra la radicalización

Los discursos radicales conducen necesariamente a las acciones violentas. En España observamos una tendencia hacia una mayor radicalización promovida en buena medida por la eclosión de las redes sociales. El principal instrumento para prevenir la radicalización de los jóvenes debe ser la educación. Es necesario luchar no solo contra las acciones violentas sino también contra los discursos violentos y las organizaciones que los sustentan. Hay además que ampliar el foco hacia nuevas formas de radicalización que van más allá de las hasta ahora conocidas. Las estrategias desarrolladas hasta el momento para la prevención de la radicalización han tenido escaso éxito.