Madrid presta ayuda a una 'maltratada' pese a que la Justicia la considera falsa víctima
Anavid denuncia que el consistorio madrileño atiende en un centro para víctimas de violencia de género a una «farsante»
El Ayuntamiento de Madrid continúa atendiendo en uno de sus Centros de atención psicosocioeducativa para mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia de género (Capsem) a una mujer considerada como falsa víctima por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Así lo ha podido constatar THE OBJECTIVE gracias a una resolución de Transparencia facilitada por la asociación Anavid, que denuncia lo que a su juicio constituyen «presuntos delitos de desobediencia judicial y malversación de caudales públicos».
La falsa maltratada, que responde a las iniciales G.G.C., había denunciado a su expareja, Antonio, en cuatro ocasiones, siendo este absuelto en todas ellas. La sorpresa de la familia del varón llegó cuando se enteraron de que ella poseía un título habilitante de la Comunidad de Madrid que acreditaba su condición de víctima de violencia de género, motivo por el cual recurrieron a la Justicia madrileña, que le retiró dicha condición el pasado mes de enero.
Dicho título lo obtuvo gracias a la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid de 2005, aprobado durante la presidencia de Esperanza Aguirre, que permite la obtención del título habilitante acreditativo de la condición de víctima, se haya o no interpuesto denuncia. Entre sus ventajas están el acceso prioritario a viviendas de protección pública y la obtención de ayudas económicas.
La Comunidad de Madrid se basó exclusivamente en la palabra de la mujer para acreditarla como víctima, pese a que reconocieron en varios informes que habían recibido toda la documentación que demostraba que no era víctima. El espacio de Igualdad Hermanas Mirabal (Dinamia) -cooperativa feminista vinculada al partido vinculado a Manuela Carmena, Ahora Madrid- también participó en dicha acreditación, asegurando que le orientaron en su proceso social y jurídico.
Denuncia de Anavid
Tras la retirada de dicha condición, la asociación Anavid, creada para proporcionar ayuda a todas las víctimas de violencia doméstica, preguntó al consistorio madrileño si esta continuaba siendo atendida en el Capsem, siendo la respuesta afirmativa. Jesús Muñoz, portavoz de la asociación, denuncia que «el hecho de que se siga tratando como víctima a una farsante es un despropósito descomunal» que «desampara a las verdaderas víctimas porque les quita recursos públicos, asesina civilmente a hombres inocentes y destruye vidas de niños».
«El TSJM dejó constancia en su sentencia que esa señora jamás fue víctima de violencia de género, los informes de la UFAM determinaron que no fue víctima, al igual que los informes de un reputado hospital de Madrid, que manifestaron por escrito que esta mujer suponía un riesgo para la vida de la menor, por lo que se determinó que la custodia fuese para el padre en exclusiva», recuerda Muñoz, que señala que por este motivo «la madre sólo puede ver a la menor de manera tutelada en un punto de encuentro durante dos horas cada 15 días».
Desde Anavid consideran que «acreditar a falsas víctimas supone varios presuntos delitos», tales como «fraude de ley, falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos», y se reservan las actuaciones judiciales que consideren pertinentes en este sentido.
Plenos municipales
Esta misma cuestión se trató a principios de año, tras destapar THE OBJECTIVE este caso, en el Ayuntamiento de Madrid, de la mano de la concejal de Vox Carla Toscano, que denunció que «los informes falsos del Capsem violan la directiva europea para la protección de las víctimas». En este sentido, desde Anavid señalan que el delegado del Área de Familia, José Fernández Sánchez, «avaló y suscribió públicamente la labor del Capsem norte, sabiendo de las irregularidades, pues se le han hecho llegar» mediante correos electrónicos que no han sido respondidos.
«La atención psicológica en los recursos de atención ambulatoria no requiere, en ningún caso, estar en posesión de título habilitante alguno, por lo que la sentencia referida no afecta a la intervención que con la mujer se esté realizando en este sentido», zanjan desde el Ayuntamiento de Madrid sobre este caso.