70 funcionarios del resto de España demandan al Gobierno vasco por discriminación
Estos trabajadores penitenciarios denuncian cobrar hasta «400 euros menos en la nómina» que el resto de sus compañeros
El Lehendakari Iñigo Urkullu | Europa Press
Menos vacaciones, libranzas y sueldos más bajos. 70 trabajadores penitenciarios han demandado al Departamento de Justicia del Gobierno vasco por la situación de discriminación salarial que vienen padeciendo respecto al resto de sus compañeros desde que se incorporaron a sus puestos de trabajo el pasado 24 de febrero. Empleados en otras cárceles españolas, estos funcionarios accedieron a distintas plazas en las tres prisiones vascas por medio de un concurso de méritos en octubre del pasado año. Un proceso que se celebró semanas antes de que el Ministerio del Interior hiciese efectivo el traslado de la competencia exclusiva sobre legislación penitenciaria a la comunidad autónoma.
Atraídos por la mejora en las condiciones laborales y salariales, se postularon para trabajar en las prisiones del País Vasco. Sin embargo, una vez allí, la realidad que se han encontrado estos funcionarios ha sido completamente distinta. «Cobramos 400 euros menos que nuestros compañeros pese a que realizamos las mismas funciones y tenemos los mismos turnos, no nos pagan el complemento específico que estaba en el concurso de puestos, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)».
«Tenemos 16 días menos de libranza; no nos dejan vivir en pabellones —viviendas propiedad del Gobierno vasco— mientras que el resto de funcionarios sí pueden, y nos obligaban a vivir en Euskadi si queríamos disfrutar del mes por incorporación por traslado», denuncian estos trabajadores, en conversación con THE OBJECTIVE. A juicio de estos empleados, el Gobierno vasco «planteó las bases del concurso sin informar a los funcionarios de que al transferir las competencias a esta comunidad autónoma los derechos de los trabajadores se verían vulnerados». «Nos dejaron vendidos porque solo querían asegurarse de cubrir el gran número de plazas vacantes que había en las prisiones», critican.
Así las cosas, este grupo de trabajadores ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra Dirección de Justicia, encargada de la administración penitenciaria, por haber vulnerado sus derechos fundamentales en el desempeño de su empleo. Representados por la letrada Raquel Sánchez Navarro, solicitan que el Ejecutivo vasco «cese en su actividad» y reconozca los derechos básicos de los «servidores públicos que se encuentren en la misma situación» para no ser tratados de «manera discriminatoria».
«Desigual y discriminatoria»
En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, la abogada expone que, aprovechándose de la cesión de competencias en materia penitenciaria, la Dirección de la Administración de Justicia «está actuando de forma desigual y discriminatoria entre los funcionarios que ya trabajaban en las prisiones vascas y los funcionarios que se han incorporado el 24 de febrero de 2022» puesto que en los centros penitenciarios están aplicándoseles «horarios, jornadas y retribuciones distintas a las de sus compañeros que ostentan el mismo puesto de trabajo y categoría».
La vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, reza el escrito fechado el pasado 5 de mayo, se fundamenta en que el Gobierno vasco «solo tenía el objetivo de conseguir dotar de personal a los centros penitenciarios del País Vasco», que en los últimos tiempos «se ha visto afectado por el éxodo de funcionarios de prisiones». Razón, explica, por la que «ocultó de forma intencionada información clave y necesaria sobre las condiciones de trabajo». En palabras de la letrada, el Gobierno vasco escondió «a los funcionarios que accedían al citado concurso que iban a verse gravemente afectados por unas condiciones de trabajo excepcionales donde se les mermaba sus derechos laborales».
Por otro lado, los afectados también ponen el foco en el Ministerio del Interior. Critican que si el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska hubiese informado a los trabajadores de la situación que podían sufrir «se habría tirado por tierra la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco». Una cuestión que «habría enturbiado la relación con el Gobierno vasco» . «Podemos afirmar, una vez más, que el ministro ha vuelto a cumplir los deseos de sus socios de gobierno, sin importarle en absoluto los derechos de sus funcionarios penitenciarios», denuncian.
