Solo cuatro presos de ETA cumplen condena a más de 300 kilómetros de su casa
Tras los 330 acercamientos ejecutados por el Gobierno, el 70% de los presos de la banda terrorista cumple condena en prisiones del País Vasco y Navarra
Los etarras 'Txapote' y 'Amaia'. | Archivo
Ningún preso de la extinta banda terrorista cumple ya condena en prisiones de la mitad sur peninsular. El Ministerio del Interior puso fin a la política de dispersión de los reclusos etarras en 2021, año en el que Instituciones Penitenciarias ordenó el traslado de los últimos internos que permanecían en centros penitenciarios de Andalucía; y en el que también ejecutó un total de 143 acercamientos de miembros de ETA a prisiones del País Vasco y Navarra, o próximas a estas dos comunidades.
En lo que llevamos de año, el Gobierno ha continuado en la misma línea. Tanto es así que, con el acercamiento de 21 presos en las últimas tres semanas, cerca de un 70% de los reclusos de la banda cumplen condena en cárceles vascas o navarras, según datos de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT). Solo 56 de los 178 que cumplen prisión están en centros penitenciarios fuera de estas comunidades autónomas, aunque la mayoría están a poco más de 150 kilómetros de sus hogares, y han accedido a regímenes de segundo y tercer grado. Lo que les abre la puerta a permisos puntuales de salida, y en el último caso, a la semilibertad. Hasta 2020, en las siete cárceles andaluzas cumplían condena 45 presos de la banda terrorista.
Hasta la fecha, solo son cuatro presos etarras los que aún permanecen en prisiones a más de 300 kilómetros del País Vasco, en las de Salamanca y Madrid. Tres de ellos son los que, hace un año, fueron acercados a prisiones de la mitad norte peninsular tras cumplir pena en centros penitenciarios andaluces. Son los casos de Xavier García Gaztelu, alias ‘Txapote’; Irantzu Gallastegui Sodupe, ‘Amaia’, e Ignacio Javier Bilbao Goicochea, ‘Iñaki Bilbao’. La otra etarra es María Natividad Jauregui Espina, ‘Pepona’, en prisión preventiva tras ser entregada en noviembre de 2020 por las autoridades belgas por el asesinato de un coronel de la Guardia Civil.
Los últimos de la ‘dispersión’
Xavier García, ‘Txapote’, fue traslado de la prisión de Huelva a la de Estremera (Madrid) el pasado año. Exjefe militar de ETA, acumula penas que superan los 500 años de prisión por, entre otros asesinatos, los de Miguel Ángel Blanco —del que se cumplieron 25 años el pasado julio—; Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza; Fernando Mújica; Gregorio Ordóñez; José Luis López de Lacalle; y dos guardias civiles en Sallent de Gállego. Considerado como uno de los dirigentes de mayor peso dentro de la estrategia criminal de la banda, ingresó en prisión el 15 de diciembre de 2005.
También fue trasladada de la prisión onubense a la madrileña Irantzu Gallastegui Sodupe, pareja de ‘Txapote’ y junto al que perpetró el asesinato del concejal de Emua en 1997, por el que fue condenada a 50 años de prisión. A la que se añade otra de 46 años por acabar con la vida del concejal del PP Jose Ignacio Iruretagoyena en Zarauz.
‘Iñaki Bilbao’, por otro lado, fue desplazado de la prisión de Cádiz a la de Topas (Salamanca) tras dar el visto bueno el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Suma unos 70 años de pena por cinco condenas. La principal de ellas, de 45 años, es la que cumple por el asesinato del concejal socialista de Orio, Juan Priede, al que mató de tres disparos el 21 de marzo de 2002 en un bar del casco viejo de la localidad guipuzcoana. Es conocido por haber amenazado a varios jueces de la Audiencia Nacional con pegarles «siete tiros» y arrancarles «la piel a tiras».
A diferencia de los anteriores, el caso de María Navitidad Jauregui, ‘patota’ es distinto. Las autoridades belgas la entregaron a España en 2020 por su implicación en el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche, y por un delito de pertenencia a organización criminal. Esta, sin embargo, no es la única causa que tiene abierta. Tras un recurso de la Fiscalía, el Tribunal Supremo ha ordenado confirmar el procesamiento de la etarra por un presunto delito de atentado terrorista y asesinato frustrado de tres guardias civiles el 14 de junio de 1981.
Cesión del Gobierno
A juicio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, los 330 traslados que ha efectuado el Gobierno desde que Sánchez llegó a La Moncloa, suponen «la última fase del proceso de derogación de la política de dispersión». «La cesión», prosiguen, «a una reivindicación histórica de ETA, sobre todo cuando todos los presos, desde 2021, cumplen condena en cárceles de Madrid para arriba; solo quedan un 30% fuera de prisiones del País Vasco y Navarra».
No obstante, «la preocupación no es tanto ese acercamiento», sino la progresión de todos ellos a segundo grado, «lo que les ha abierto las puertas a gozar de permisos de salida, que después les abrirán la puerta a los terceros grados y, finalmente, les darán la libertad condicional». «En el País Vasco, la cesión de competencias penitenciarias lo que ha hecho es favorecer estas progresiones. Ya son 23 las progresiones a tercer grado desde que el Gobierno autonómico asumió prisiones». Dos de ellas, no obstante, fueron revocadas por la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha recurrido 11 y tiene otras nueve pendientes de recurso. «Nosotros lo venimos advirtiendo desde 2018, no era tanto una cuestión de traslados, sino lo que venía después…», insisten.
