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El Gobierno ha acercado a un preso etarra cada cuatro días desde que Sánchez llegó a Moncloa

Interior ha ejecutado 330 acercamientos correspondientes a 202 etarras desde 2018. El 70% ya cumple condena en prisiones del País Vasco o Navarra

El Gobierno ha acercado a un preso etarra cada cuatro días desde que Sánchez llegó a Moncloa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press

Desde mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, hasta hoy, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha ejecutado 330 acercamientos de presos etarras a prisiones cercanas a la comunidad autónoma del País Vasco y Navarra. Traslados que correspondían a un total de 202 terroristas, de lo cuales un total de 24 han progresado ya a regímenes de tercer grado —semilibertad— en prisiones vascas. Un dato que se registra desde octubre, cuando se ejecutó la transferencia de competencias penitenciarias del Gobierno central al Ejecutivo vasco. 

El pasado martes, Instituciones Penitenciarias autorizó el último traslado de reclusos de la extinta banda terrorista. Una docena de presos de ETA que cumplirán condena en prisiones vascas y navarras, así como en otras cercanas al País Vasco. Con estos acercamientos, que se suman a los otros nueve que acordó Interior a finales de julio, cerca de un 70% (111 de 178) de los presos de la banda ya cumplen pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según las cifras de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT)

Estadísticas de las que también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, hace cuatro años, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro días. No obstante, casi la mitad de estos traslados (143) se llevaron a cabo en 2021. Año en el que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía. 

Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, a casi 400 kilómetros, son seis. Tres en el centro penitenciario de Topas, en Salamanca; y otros tantos en prisiones de Madrid. El resto, 50 presos, se encuentran en prisiones a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de segundo o tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida. En febrero de 2018, bajo el Gobierno del Partido Popular, de los 245 reclusos etarras que había en las cárceles, 209 estaban clasificados en régimen de primer grado. 

«Reivindicación histórica de ETA»

Para la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), este movimiento ha sido «la última fase del proceso de derogación de la política de dispersión». «La cesión», prosiguen, «a una reivindicación histórica de ETA, sobre todo cuando todos los presos, desde 2021, cumplen condena en cárceles de Madrid para arriba; solo quedan un 30% fuera de prisiones del País Vasco y Navarra». 

No obstante, «la preocupación no es tanto ese acercamiento», sino la progresión de todos ellos a segundo grado, «lo que les ha abierto las puertas a gozar de permisos de salida, que después les abrirán la puerta a los terceros grados y, finalmente, les darán la libertad condicional». «En el País Vasco, la cesión de competencias penitenciarias lo que ha hecho es favorecer estas progresiones. Ya son 23 las progresiones a tercer grado desde que el Gobierno autonómico asumió prisiones». Dos de ellas, no obstante, fueron revocadas por la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha recurrido 11 y tiene otras nueve pendientes de recurso. «Nosotros lo venimos advirtiendo desde 2018, no era tanto una cuestión de traslados, sino lo que venía después…», insisten. 

Los últimos traslados

De entre los últimos trasladados a prisiones vascas y navarras están dos condenados por los asesinatos del dirigente socialista Fernando Buesa y del empresario vasco Ignacio Uría. Son Diego Ugarte López de Arcaute e Iurgi Garitagoitia, respectivamente. El primero será trasladado desde el centro leonés de Mansilla de las Mulas y el segundo desde la prisión de Logroño. Ambos cumplen largas condenas que llegarán a su tercera parte en 2027 y en 2033, respectivamente.

Además de estos últimos, Interior también ha dispuesto el traslado de Juan Carlos Besance, condenado por el asesinato del concejal de UPN en Leiza (Navarra) José Javier Múgica, y por intentar asesinar al exconsejero socialista vasco de Justicia y Educación Jose Ramón Rekalde, que será trasladado desde la cárcel de Dueñas (Palencia). También figuran Zigor Bravo Saez de Urabain, condenado entre otras acciones por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, hasta ahora en el centro penitenciario de Soria; y Ángel María Tellería, arrestado hace cinco años en México donde llevaba décadas residiendo, por el asesinato a tiros de la inspectora de policía María Josefa García en de Zarauz (Guipúzcoa), en 1981.

Sus nombres se suman al de Alicia Lucía Sáez de la Cuesta, condenada por el asesinato del guardia civil Alfonso Parada, y Mikel Xabier Ayensa, sentenciado por el del concejal de UPN Tomás Caballero, que serán trasladados desde Logroño. De Burgos serán conducidos hasta una cárcel vasca Aitor García Aliaga, condenado por los atentados en los que murieron un general y un policía en 2001 en Madrid, y Mánex Zubiaga, que cumple castigo por participar en el atentado de 2001 en el que una veintena de personas resultaron heridas tras la explosión de un coche-bomba en el parking de la Plaza de Colón, en Madrid, y por el perpetrado contra el director general de la Policía Científica, Juan Junquera González, el mismo año.

Interior también ha acordado el traslado de la pareja Itziar Alberdi y Juan Jesús Narváez Goñi, extraditados en 2014 por México, donde ambos residían fugados con sus hijos desde hacía 22 años. Ambos alcanzarán las tres cuartas partes de sus condenas en 2029. Por último, Íñigo Vallejo será trasladado desde el centro cántabro de El Dueso, donde cumple condena por, entre otras acciones, haber dispuesto los explosivos para llevar a cabo una «campaña de atentados» en Sevilla con motivo del Consejo Europeo que se celebró el 21 y el 22 de junio de 2002.

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