La Fiscalía aplaza el debate sobre la prescripción en el 'caso Miguel Ángel Blanco'
Aún no cuenta con toda la documentación necesaria para pronunciarse al respecto, parte de la cual debe enviar Francia
Un cámara de televisión graba un cartel con la fotografía de Miguel Ángel Blanco en Bilbao. | Europa Press
La Junta de Fiscales de Sala convocada para el próximo viernes no abordará el debate para fijar posición sobre la prescripción o no del secuestro y asesinato en 1997 del concejal ‘popular’ Miguel Ángel Blanco, porque aún no cuenta con toda la documentación necesaria para pronunciarse al respecto, parte de la cual debe enviar Francia.
El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se comprometió el pasado 28 de julio, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para defender su designación, a elevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala, después de que surgieran diferencias de criterio entre el entonces fiscal del caso, Vicente González Mota, y sus colegas de la Audiencia Nacional (AN).
Por eso, se esperaba que el asunto se abordara en la primera Junta de Fiscales de Sala convocada por García Ortiz, pero no figura en el orden del día del próximo viernes. Según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press, se debe a que el Ministerio Público aún no ha conseguido recabar toda la documentación relevante del caso, por lo que en estas condiciones entiende que no es posible celebrar un debate de calado.
Las mismas fuentes detallan que, entre otra, el Ministerio Fiscal está pendiente de recibir documentación de Francia -sobre las condenas dictadas y el tiempo pasado en prisión por los ex jefes de ETA investigados ahora por la muerte del joven concejal de Ermua-.
Así las cosas, las citadas fuentes explican que el debate quedará aplazado hasta que se pueda contar con todo el material necesario para valorar el caso concreto, algo para lo que no pueden aventurar fecha dado que -subrayan- depende en buena parte de Francia.
Cambio de fiscal
El debate jurídico quedó patente el pasado 21 de julio, durante la declaración judicial de los ex jefes de ETA Miguel Albisu Iriarte, alias ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, porque asistió un fiscal distinto al que llevaba entonces el caso.
Fuentes jurídicas contaron a Europa Press que, durante dicha diligencia, el fiscal Pedro Rubira no solicitó ninguna medida cautelar para ‘Mikel Antza’ y ‘Anboto’ pero sí tomó la palabra para apuntar a la posible prescripción de los delitos investigados, al tiempo que se mostró a favor de la reapertura del caso por cuanto las víctimas -dijo- tienen derecho a conocer la verdad.
El hecho de que acudiera Rubira en sustitución de González Mota hizo pensar que podría haberse producido un giro en la posición del Ministerio Fiscal tendente a estimar la prescripción de los delitos para la antigua cúpula etarra.
El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, emitió días después un comunicado en el que aseveró que «los criterios de actuación siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura» del caso, negando así «haber recibido «directrices», «menos de carácter político», para apreciar prescripción.
Frente al criterio asentado en la Fiscalía de la AN, que es la de apreciar la prescripción cuando hayan transcurrido los plazos pertinentes desde la comisión del delito, salvo que fueran interrumpidos por una imputación, González Mota expuso a sus compañeros la posibilidad de explorar otras vías que permitieran eludir la extinción de la responsabilidad criminal, pero no contó con su respaldo, por lo que pidió ser relevado del caso, según pudo saber esta agencia de noticias.
Pese a todo, las citadas fuentes enfatizaban que, dado el tipo de procedimiento en el que nos encontramos, ha sido posible reabrir el sumario para investigar en profundidad los hechos. Será una vez agotadas las pesquisas, en la fase intermedia, cuando se deba resolver la cuestión de la prescripción.
Decisión pendiente sobre ‘De Rentería’
Señalaban asimismo que en el ‘caso Miguel Ángel Blanco’ la responsabilidad criminal no habría expirado para los cuatro ex jefes de ETA señalados por el Juzgado Central de Instrucción Número 6. La causa podría continuar respecto a José Javier Arizcuren, ‘Kantauri’, contra quien se ha emitido una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para poder ser investigado por estos hechos.
La razón es que el entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya reabrió en 2016 el sumario del ‘caso Miguel Ángel Blanco’ para imputar a ‘Kantauri’ como inductor del crimen. Esta decisión judicial habría interrumpido los plazos de prescripción justo un año antes de que se cumplieran los 20 años que habrían extinguido su eventual responsabilidad penal.
De momento, el titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón, mantiene imputados por este caso a ‘Mikel Antza’ y ‘Anboto’ y ha apreciado de oficio la prescripción respecto a Ignacio Miguel Gracia, ‘Iñaki de Rentería’. La Fiscalía, el Partido Popular y Dignidad y Justicia ya han recurrido para que la investigación se dirija también contra este último.
