Vox exige a Urkullu que aclare cuándo cumplirá la sentencia a favor del castellano
El Gobierno vasco recurrirá la sentencia que anula varios artículos de la norma que prioriza el euskera
Iñigo Urkullu durante un acto de campaña en las pasadas generales. | Iñaki Berasaluce (Europa Press)
Vox busca retratar al lehendakari Iñigo Urkullu. La única diputada de la formación verde en el Parlamento vasco, Amaia Martínez, le preguntará este viernes, durante la sesión de control, cuándo cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula varios artículos del reglamento que desarrolla la ley que prioriza el uso del euskera sobre el castellano. El Gobierno regional ha anunciado que recurrirá el fallo, al que ha definido como «un claro ejemplo de judicialización de la política».
La sentencia, emitida el pasado 28 de septiembre y avanzada por THE OBJECTIVE, revoca tres artículos y elimina varios apartados de otros cuatro preceptos del decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, aprobado por el Gobierno de Urkullu en noviembre de 2019.
La formación que preside Santiago Abascal ha registrado una pregunta oral para que Urkullu responda en la sesión de control que se celebra este viernes a partir de las 9.30 horas en el Parlamento vasco. La Junta de Portavoces ha determinado este martes que sea la sexta intervención de la jornada. La diputada de Vox le requerirá sobre cuándo va a acatar el fallo del TSJPV, aunque la idea del Gobierno vasco va por otro lado: interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La opinión de Urkullu
«Queremos saber qué opina Urkullu sobre lo dispuesto en la sentencia. Que nos explique cuándo y cómo va a realizar las anulaciones y modificaciones que el TSJPV exige», requiere Martínez. En su opinión, no se trata de una nueva agresión contra el euskera. «Los jueces no sentencian contra la lengua vasca. Lo que está en tela de juicio es la política de imposición lingüística y primar una lengua oficial en detrimento de otra», insiste la parlamentaria.
El Gobierno vasco difiere. Su portavoz, Bingen Zupiria, ha afirmado que se trata de «un claro ejemplo de judicialización de la política». El también consejero de Cultura y Política Lingüística ha reconocido este martes, tras el Consejo de Gobierno, que la intención del Ejecutivo autonómico es recurrir la sentencia. Tiene 30 días de plazo a partir de la notificación, que ha llegado este mismo martes a los servicios jurídicos.
Zupiria ha explicado que la norma «no ha generado ninguna controversia ni polémica» hasta el recurso de Vox, que ha provocado «una maraña» judicial con consecuencias desconocidas. El consejero de Urkullu ha recordado que la ley suscitó el acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico y que fue aprobada en el Parlamento vasco con mayoría absoluta.
«Las cuestiones políticas deben ser abordadas en el ámbito político y no en el judicial», ha reiterado Zupuria. La frase muestra la desesperación que existe en el Ejecutivo vasco sobre lo que consideran una injerencia de los tribunales. Desde que se aprobó el reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones Locales de Euskadi hace cuatro años, se han producido una cascada de sentencias judiciales contra la convocatorias públicas de empleo que priorizan el conocimiento del euskera.
Manifestación por el euskera
El Gobierno regional ha denunciado en varias ocasiones la situación. Incluso Urkullu mostró su preocupación por en su discurso en el Pleno de Política General. La sociedad vasca tiene pensado movilizarse. Kontseilua, el órgano que reúne a las principales organizaciones que trabajan a favor de la normalización del euskera, ha convocado una manifestación contra estas sentencias para el 4 de noviembre.
El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha tenido que salir al paso de las acusaciones. El magistrado ha negado que exista euskerafobia en el ámbito judicial, tal y como aseguran desde Kontseilua. Un extremo que también rechaza Vox, que presentó a principios de 2021 un recurso ante el TSJPV contra dos artículos de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi y contra el decreto autonómico que lo desarrolla.
A mediados de ese año, el tribunal estimó parcialmente el recurso y lo elevó al Tribunal Constitucional. El Pleno anuló en julio el artículo 6.2 de la ley. Los magistrados consideraron que era contrario a lo dispuesto en la Constitución porque menoscaba los derechos lingüísticos de sus miembros al otorgar prevalencia a una de las dos lenguas oficiales.
Hace unos días, el TSJPV se pronunció sobre el reglamento que desarrolla la ley, anulando los artículos 9.2, el apartado 1 del 11 y el 12. También revocó diferentes apartados de los artículos 18, 24, 27 y 36. El artículo 9.2, uno de los que obliga a eliminar, establece que «la planificación lingüística se dirigirá a posibilitar que las actuaciones municipales puedan desarrollarse en euskera».
Artículos que anula
La sentencia también deja sin efecto el apartado 1 del artículo 11 del decreto, que deja en manos de los municipios aspectos como el uso oral y escrito de las lenguas oficiales en su funcionamiento, el formato de los documentos y contempla el uso del vasco en los actos públicos, en las campañas publicitarias, en la rotulación de la vía pública y hasta en la contratación administrativa.
Los magistrados también anulan el artículo 12, que dispone que las entidades locales planifiquen la utilización del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades». O la parte del artículo 18 que alude a la prioridad de usar el euskera hasta que alguien «pudiera alegar válidamente el desconocimiento de la lengua utilizada».
