Vox crea una 'Dirección Política' para aumentar el control sobre sus estructuras provinciales
El partido pretende reformar este viernes nueve artículos de sus estatutos y una de las propuestas acaba con la autonomía de los órganos regionales
Santiago Abascal, durante la intervención en el Congreso de este miércoles. | Chema Moya (EFE)
Vox se prepara para un nuevo tiempo. La formación verde pretende reformar nueve artículos de sus estatutos en la asamblea de este viernes. Una de las propuestas intenta acabar con la autonomía de las estructuras provinciales, pero también se crean nuevos órganos, como la Dirección Política de Gobierno, que dependerá del Comité de Acción Política. Los militantes críticos sostienen que hará las veces de «comisario político» para evitar que los cargos públicos y los territorios en los que se gobierne se distancien de la senda marcada por la dirección nacional.
Las reformas de más calado se incluyen en el artículo 15. Si los afiliados de Vox las aprueban, «el Comité Ejecutivo Nacional será el competente para designar a los presidentes provinciales a propuesta de la Secretaría General», lo que acabaría con las primarias en estos territorios. El texto especifica que, «una vez nombrado, cada presidente propondrá a la Secretaría General el resto de los miembros que formarán parte de su Comité Ejecutivo Provincial». Para algunos militantes esta fórmula supone «cercenar» la democracia interna.
Vox y los comités provinciales
Es solo una de las novedades que plantean los nuevos estatutos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Si salen adelante estos cambios (subrayados en azul en el documento que se adjunta abajo), la dirección nacional podrá nombrar comités ejecutivos fuera del territorio nacional. El artículo 15 bis incluye dos nuevos órganos de nueva creación, que estarán bajo el paraguas del Comité de Acción Política: la Dirección de Política Parlamentaria y Municipal (DPPM) y la Dirección de Política de Gobierno (DPG).
El primer órgano estará coordinado por un director elegido por el Comité de Acción Política y compuesto por un representante de las Cortes Generales, uno del ámbito parlamentario autonómico, otro de la política municipal más un representante de la política europea con el objetivo de coordinar el trabajo de las cámaras. Contará, además, con un equipo técnico correspondiente a estas cuatro instituciones, según revela la propuesta enviada a los afiliados.
Vox también pretende crear la Dirección de Política de Gobierno (DPG), dependiente igualmente del Comité de Acción Política. El borrador que ha recibido la militancia explica que se encargará de «coordinar la política y la operativa de los diferentes cargos públicos de los gobiernos, empresas y organismos públicos en los que participe Vox».
La DGP estará coordinada por un director elegido por la dirección nacional junto con un equipo de asesores técnicos en diferentes materias y áreas, que nombrará a los coordinadores de cada gobierno. «Sus funciones serán aprobar y ejecutar los protocolos de auditoría, organización, contratación y supervisión de dichos cargos públicos», especifican los nuevos estatutos, que deben ser aprobados por dos terceras partes de los votos emitidos por la militancia, según el artículo 11 de la norma. A algunos, el procedimiento telemático les genera «muchas dudas».
«Quieren militantes sumisos»
Muchos afiliados también muestran su inquietud ante la creación de la DGP, un órgano que «integrarán compañeros de confianza de la dirección nacional para que en Madrid no se les escape nada» de lo que sucede en el resto de territorios. «Su labor es la misma que la de un comisario político. Quieren militantes sumisos para seguir controlando el partido», lamenta un miembro de la formación que prefiere mantener el anonimato.
«Estos cambios ya no sorprenden en Vox. Quienes no aceptan las decisiones de la dirección nacional son expulsados sin mínimas garantías. O acatas, o te vas», se queja un dirigente con importantes responsabilidades. Otro miembro de la formación sostiene que los cambios propuestos buscan acabar «con la poca autonomía» que aún mantienen. E insiste: «Ahora que vamos a comenzar a entrar en gobiernos autonómicos no se les puede escapar ningún detalle».
La formación presidida por Santiago Abascal ya cuenta con representantes en organismos públicos de Andalucía y pronto ingresará en el Gobierno de Castilla y León, fruto del pacto que alcanzó el pasado 10 de marzo con el PP. Le corresponden tres consejerías, la vicepresidencia del Ejecutivo y la presidencia de las Cortes regionales, para la que ya ha sido elegido Carlos Pollán, uno de sus 13 procuradores. «Si se aprueban los nuevos estatutos, vamos a tener un delegado en cada zona enviado por la dirección nacional para supervisar nuestro trabajo», admite un afiliado.
«Es como si no se fiaran de nosotros. Por desgracia, la mayoría de los militantes lo ven como normal», sostiene otro miembro de Vox. «La única solución que nos queda a los afiliados es ejercer nuestros derechos y dejar de ser pasivos. No voy contra mi partido, sin contra la mala praxis», reconoce otra militante. Avanza que algunos compañeros están estudiando la posibilidad de impugnar los nuevos estatutos si estos salen adelante y no descarta acudir a la justicia ordinaria.
La figura del simpatizante
No son los únicos cambios que plantea el documento recibido por los militantes. El nuevo artículo 6 se centra en la figura de los simpatizantes, que no será compatible con la condición de afiliado. Tendrán que ser aceptados por el partido y se aceptará a ciudadanos españoles y de los Estados miembros de la UE residentes en España, así como «los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y los sefardíes originarios de España que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar».
El nuevo artículo 16, que fija las funciones del presidente, cargo que seguirá ostentando Abascal al menos hasta 2024, establece que estas podrán realizarse por la persona que este elija como apoderado. También podrá nombrar nuevos vicesecretarios nacionales para «cumplir los acuerdos alcanzados en el Comité Ejecutivo Nacional».
Las funciones del tesorero (artículo 20) aumentan y se establece en un 10% el porcentaje mínimo de avales para presentarse a la dirección nacional (artículo 23). La propuesta añade una disposición transitoria que establece que los comités provinciales que incumplan «manifiesta y gravemente en sus actuaciones las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional, de los Estatutos o los Reglamentos», podrán ser disueltos o modificados parcialmente según los procedimientos aprobados en la asamblea de este viernes.
