El pacto lingüístico del Govern con PSC y comunes no podrá blindar la inmersión

El nuevo pacto lingüístico alcanzado in extremis entre las fuerzas del Gobierno de la Generalitat, PSC y En Comú Podem no modifica la situación creada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar el 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas públicas catalanas. ERC y Junts per Catalunya han protagonizado semanas de tiranteces sobre cómo abordar una cuestión que, a su modo de ver, servía para blindar la inmersión lingüística de las injerencias de los tribunales. No obstante, este martes han empezado a reconocer tímidamente que «no garantiza al 100%» que el TSJC dé por cumplida su resolución.

Como informó THE OBJECTIVE, la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del TSJC dejaba a la Generalitat sin más posibilidad de recurso sobre el fondo de la cuestión. Y, a diferencia de todas las sentencias anteriores, empezaba a tener carácter general y de obligado cumplimiento en todos los centros de la región. Un hecho nuevo respecto a la sentencia del Supremo de 2013, que solo resolvía un caso en particular. Y que, con independencia de que esa doctrina fuera generalizable, valía solo para el caso concreto.

El nuevo pacto lingüístico sirve al Govern para ganar tiempo y exhibir un consenso sobre el catalán entre las principales fuerzas del Parlament, incluyendo a dos partidos no independentistas como son los de Salvador Illa y Jèssica Albiach. Pero no da margen a evitar el cumplimiento de la sentencia, que ya está en fase de ejecución forzosa después de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe iniciara un incidente de ejecución.

«No ha cambiado nada»

José Domingo, abogado y miembro de Impulso Ciudadano, explica a instancias de este medio de que el nuevo pacto político «no ha cambiado nada». Pone como ejemplo lo que establecieron los tribunales respecto a la Ley de Educación de Cataluña: «La ley hablaba del catalán como la lengua vehicular y de aprendizaje y que el castellano debía tener presencia en los proyectos lingüísticos. Y el Supremo interpretó que el hecho de que el catalán fuera vehicular no excluía al castellano de serlo».

En aquella ocasión, el alto tribunal no interpuso una cuestión de inconstitucionalidad, porque entendía la sentencia aplicando el criterio del Estatuto catalán que, aunque no lo mencionara explícitamente, se deriva de la Constitución. El artículo 35 del Estatuto sobre Derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza establece que «la enseñanza del catalán y el castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de estudios y que «el profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan».

En este sentido, el nuevo texto acordado por ERC, Junts, PSC y En Comú Podem no se desmarca de esta marco de debate establecido en la Ley de Educación. Especifican que el catalán es la «lengua vehicular» mientras que el castellano será «lengua de uso curricular». De acuerdo con la interpretación del Supremo, aunque no se mencione que el castellano figura en el sistema público de educación de la región, se debe entender que no es la única lengua.

«No contradice la sentencia»

El jurista Rafa Arenas también considera que el acuerdo político «no afecta» a la aplicación de la sentencia porque «no la contradice». «La sentencia del 16 de diciembre de 2020 y el auto de ejecución lo que establecen es que como el castellano tiene que ser lengua vehicular y de aprendizaje, además de tener una presencia mínima del 25%. Y esto, el texto aprobado hoy no lo contradice ni se deduce que el castellano no sea lengua de aprendizaje y vehicular. Es más, dice que el castellano se utilizará. Reconoce lo que es evidente, que se tiene que utilizar el castellano».

El acuerdo alcanzado con el PSC y los morados también aborda cómo se debe determinar la presencia de castellano en cada centro teniendo en cuenta las circunstancias sociolingüísticas de cada uno. No obstante, añaden los expertos, esto también lo contempla la ley vigente: «Esta normativa normativa tiene que tener una interpretación y es claro que esta flexibilidad operará en el margen del 25% mínimo de castellano. De ello no se deriva que no deba de aplicarse lo que han dicho los tribunales, que se deriva de la Constitución».

Otros expertos consultados también reconocen que el actual pacto no altera lo establecido por la Justicia en materia de derechos lingüísticos. Los más prudentes esperan ver cómo se legislará en el asunto concreto, pero coinciden en que, para que no se impugne, «deberán cumplir la Constitución».

‘Ley Celaá’

En su momento, y después de que ERC apoyara en el Congreso la reforma lingüística de la entonces ministra de Educación Isabel Celaá, también aseguraron que era una forma de blindar la inmersión. Sin embargo, una sentencia del TSJC para dos escuelas catalanas de marzo de 2021 dejaba claro que la nueva legislación no impugnaba la condición de lengua vehicular del castellano. 

La Ley Celaá refleja que las «administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

El artículo 3 de la Constitución, en su apartado primero, estipula que el «castellano es la lengua española oficial del Estado» y que todos los españoles «tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». La jurisprudencia de los tribunales emana de este artículo de la Ley Fundamental. Cabe destacar que este 25% de clases en castellano es el cálculo mínimo. Responde a la necesidad de impartir, además de la asignatura de Lengua Castellana, otra materia en esta misma lengua con el fin de no tratar a este idioma como una lengua extranjera. No basta con un acuerdo parlamentario ni una nueva reforma educativa para eliminar el castellano de las aulas de forma legal.