Sánchez impulsará una nueva norma para el CNI y reformará la Ley de Secretos Oficiales
Como adelantó THE OBJECTIVE, el presidente acepta las reclamaciones del PNV para cerrar definitivamente el escándalo Pegasus
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este jueves al pleno monográfico sobre Pegasus en el Congreso de los Diputados con la intención de cerrar definitivamente el escándalo del espionaje. Una crisis con sus socios que se cobró la cabeza de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y que ahora pone una nueva cesión sobre la mesa en aras de pasar página y recuperar la normalidad en las relaciones con sus socios. Como adelantó THE OBJECTIVE y confirman fuentes gubernamentales, Sánchez recogerá dos reclamaciones del PNV para hacer un doble anuncio: la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, y una nueva ley reguladora del CNI para el control judicial previo de sus actuaciones.
En el caso de la primera, el Gobierno prevé acercarse a la iniciativa presentada hace dos años por el PNV, el 17 de enero de 2020, que fue admitida a trámite en junio del mismo año por el pleno del Congreso y que desde entonces «está durmiendo en un cajón», según denuncian a este periódico fuentes del PNV. La intención del Ejecutivo es establecer una Ley de Plazos para las materias clasificadas de reservados o secretos oficiales, «sin que éstos pudieran exceder de veinticinco años en el caso de las materias calificadas secretas y de diez para las clasificadas reservadas», como recoge la iniciativa de los nacionalistas vascos.
Por otro lado, el Gobierno aceptaría una nueva Ley reguladora del CNI que ahondara en la modernización del organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Los servicios secretos seguirían estando bajo el paragüas del departamento que preside Margarita Robles pero habilitando al presidente del Gobierno para cambiar la adscripción orgánica del centro, según la iniciativa del PNV, en base a los llamados «riesgos emergentes». En el texto de los nacionalistas vascos se propone la creación de una Comisión Delegada para cuestiones de Inteligencia y un control judicial previo de las actuaciones del servicio de espionaje.
Una doble cesión a la que se sumará la descontada desclasificación de documentos que, sin embargo, podría no verbalizarse este mismo jueves, a la espera de las reclamaciones que haga la Justicia. Motivo por el cual desde el Ejecutivo auguran que la desclasificación de los documentos del espionaje podría afectar a «solo una parte» de los 18 casos que relató la cesada Paz Esteban en la Comisión de Gastos Reservados celebrada el pasado 5 de mayo en el Congreso de los Diputados.
Descartada la comisión de investigación «incontrolable»
Lo que finalmente se ha descartado es la aprobación de una comisión de investigación sobre Pegasus, que el Gobierno había barajado con sus socios de coalición con la idea de «controlar a los comparecientes» y desviar las responsabilidades hacia las cloacas policiales del PP. El motivo, según fuentes gubernamentales, es el temor a no poder controlar lo incontrolable y que ello «pueda suponer más desgaste» para Pedro Sánchez.
Una incapacidad de teledirigir las intervenciones de los llamados a la citada comisión que llevó este martes al PSOE a sumar sus votos a los del PP para rechazar la petición de comparecencia de sus socios junto a los independentistas bajo el argumento de que siguen «creyendo que las explicaciones deben producirse en la comisión de secretos oficiales», en palabras del portavoz parlamentario, Héctor Gómez.
A sumar, otro razonamiento: «Ya no es necesario» porque ERC «no pedía tanto» y asumiría estos nuevos compromisos que abordarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Govern, Pere Aragonés, en la reunión que mantendrán ambos después de las elecciones andaluzas del 19-J, como avanzó este periódico.
Pasar página de Pegasus
Así las cosas, el presidente Sánchez quiere cerrar el capítulo del espionaje este jueves en el Congreso en una sesión monográfica en la que los grupos parlamentarios podrán plantearle todas las cuestiones que deseen. La cuestión es si el presidente responderá a las dudas que todavía se ciernen sobre unas cuestiones catalogadas como secretas.
Porque, precisamente, estos dos anuncios del presidente sobre la reforma de la Ley de Secretos y el funcionamiento interno de un CNI que, a juicio del Ejecutivo, «no ha funcionado» para evitar la brecha de seguridad en los dispositivos móviles del presidente y dos de sus ministros, son dos reclamaciones del Partido Nacionalista Vasco. Su portavoz, Aitor Esteban, puso en duda el pasado miércoles la versión oficial dada por el presidente en relación a que Interior no disponía del sistema Pegasus. «Ya veremos qué es lo que pasa en los próximos meses», deslizó Esteban e instó al presidente a «asegurarse» por la información que pudiera venir en el futuro.
