PSOE y Podemos impiden que el Defensor del Pueblo hable de Pegasus en el Congreso
Pese a que Pedro Sánchez ha usado a Ángel Gabilondo como parapeto, fuentes parlamentarias desvelan que los socios de la coalición tumbaron su comparecencia el pasado martes
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y su homólogo en el PSOE, Héctor Gómez. | Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se parapetó este jueves en el informe elaborado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para defender la actuación legal y amparada por un juez de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto al espionaje. Una institución que, según el jefe del Ejecutivo, «actuó de oficio», pese a que fue anunciada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la consejera del Govern Laura Vilagrà en la primera reunión que se produjo de urgencia en Barcelona nada más conocerse el escándalo del espionaje.
Sin embargo, la independencia de la institución que preside Ángel Gabilondo queda en tela de juicio por la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, y según la cual PSOE y Podemos votaron en contra el pasado martes de la petición de comparecencia de Gabilondo en la comisión de secretos oficiales, llamada oficialmente de Gastos Reservados y que el Gobierno intenta bloquear.
El veto de PSOE y Podemos
Según adelantan a este periódico fuentes parlamentarias, la petición fue realizada este martes en la reunión de la Mesa del Congreso por varios grupos parlamentarios, el Grupo Plural, ERC y el Mixto, para solicitar la comparecencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo «para dar cuenta de los contenidos y conclusiones de la investigación y posterior informe realizado por el caso de espionaje a independentistas mediante el sistema Pegasus».
Una reclamación que fue rechazada por los grupos que conforman el Gobierno de coalición sin mediar justificación alguna. En conversación con THE OBJECTIVE algunos miembros del órgano rector de la cámara baja, presentes en dicha reunión, califican de «escándalo» este veto a la comparecencia de una institución que está siendo «utilizada» por la cúpula del Gobierno para fabricar la coartada que motivó la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, y el anuncio de una nueva Ley del CNI y la de Secretos Oficiales.
El blindaje del Gobierno genera recelos en los socios preferentes del Ejecutivo, especialmente en el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, manifestó este jueves su «preocupación» porque en el pleno del Congreso que el presidente «insista en que quien tiene que llevar el control sea el CNI. Claro que no se trata de que usted decida a quién se tienen que intervenir los teléfonos. ¿O es que no le pasan informes? Hasta el Defensor del Pueblo ha tenido todo el tiempo del mundo para examinar la documentación» en contraposición al tiempo limitado de la Comisión de Secretos Oficiales. «O han mentido al Defensor del Pueblo o ha mentido el CNI, porque el juez no sabía exactamente que estaba autorizando», señaló junto a otros portavoces insistiendo en la necesidad de explicaciones de Gabilondo.
La oposición asegura que está obligado
Los grupos parlamentarios alegan que el artículo 32.1 de la ley orgánica del Defensor del Pueblo establece que: «El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones». Y añaden que el artículo 33.1 de la citada Ley prevé que «el Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas así como de las que fueron objeto de investigación y el resultados de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones Públicas».
Los grupos proponentes esgrimen también el artículo 3.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo: «El Defensor del Pueblo únicamente es responsable de su gestión ante las Cortes Generales», «sin perjuicio de los informes extraordinarios que puedan presentar las Diputaciones permanentes de las cámaras cuando la gravedad e urgencia de los hechos lo aconsejen (…) el Defensor del Pueblo podrá dar cuenta periódicamente a la Comisión mencionada de sus actividades con relación a un periodo determinado o a un tema concreto y la Comisión podrá rechazar del mismo cualquier información».
