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El PSOE maniobra para retrasar el informe del Defensor del Pueblo sobre el caso Pegasus

Los resultados de las pesquisas que Gabilondo inició de oficio el 24 de abril no se llevarán al Congreso al menos hasta el próximo mes de septiembre

El PSOE maniobra para retrasar el informe del Defensor del Pueblo sobre el caso Pegasus

Ángel Gabilondo y Pedro Sánchez|Europa Press

Fue una de las primeras investigaciones que se anunció tras saltar el escándalo del espionaje a los políticos y activistas independentistas. Sin embargo, los resultados de las pesquisas que el Defensor del Pueblo inició de oficio el pasado 24 de abril sobre Pegasus no se llevarán al Congreso de los Diputados al menos hasta después de verano. El PSOE, que controla por mayoría la mesa de la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo, ha dejado claro al Partido Popular (PP) y a otros partidos políticos que Ángel Gabilondo no volverá a comparecer ante esa comisión al menos hasta el 13 de septiembre, según informan fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE. Y, si nada cambia de aquí a entonces, lo hará entonces para hablar de otros asuntos que nada tienen que ver con el espionaje de Pegasus.

Miembros del PSOE en la mesa de la comisión de relaciones con el Defensor del Pueblo han transmitido al resto de formaciones que no se va a convocar de nuevo de esa comisión hasta el próximo 13 de septiembre. Así se lo comunicaron, según fuentes de diferentes partidos consultadas por este medio, a distintos representantes tras la comisión celebrada este martes, en la que Ángel Gabilondo compareció solo para informar sobre los resultados de 2020 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Una sesión en la que el portavoz del PP en la comisión de relaciones con el Defensor del Pueblo, José Ignacio Landaluce, acusó en público al PSOE de impedir que se debatan en este órgano temas urgentes y de actualidad. Los populares llevan dos años intentando que el Defensor del Pueblo, entre otros asuntos, comparezca sobre distintos temas como el encarecimiento de los productos energéticos o la obligatoriedad del 25% de clases en castellano en Cataluña y la Comunidad Valenciana. «No puede ser que vengan a comparecer sobre asuntos que son de hace dos años y dejen de lado los temas urgentes y de actualidad», lamenta Landaluce en delcaraciones a este diario.

Críticas al «máximo sigilo» del Defensor del Pueblo

Desde el Grupo Mixto informan a este diario que ya se están preparando para registrar una solicitud con el objetivo de que Ángel Gabilondo comparezca lo antes posible para explicar en qué está consistiendo la investigación que inició de oficio hace ya casi tres semanas sobre el espionaje al independentismo catalán. Las fuentes consultadas afirman estar sorprendidas con el «sigilo máximo» con el que la institución encabezada por Ángel Gabilondo está llevando a cabo la investigación, y más teniendo en cuenta que para poder tener acceso a documentos de carácter reservado del CNI necesitaría que el Consejo de Ministros de Sánchez lo autorizase.

«Se abrió una actuación de oficio (sobre el uso de Pegasus) y cuando esta haya concluido se harán públicas las conclusiones», indican fuentes oficiales del Defensor del Pueblo a THE OBJECTIVE. Desde el organismo dirigido por Gabilondo se niegan a ofrecer a este medio más detalles sobre el contenido de la investigación y los plazos que se manejan para llevar las conclusiones del correspondiente informe a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Defensor del Pueblo. Tampoco han dado más detalles a los grupos parlamentarios sobre los avances en la investigación que está llevando a cabo ni cuándo tienen previsto presentar sus conclusiones.

La institución, según anunció en un comunicado el pasado 24 de abril a la agencia Efe, «está analizando las informaciones sobre una eventual utilización inadecuada de las herramientas de software Pegasus que hayan podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad». El Defensor del Pueblo, que actúa en calidad de alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos constitucionales, indicó entonces que iba «a recabar los datos precisos para abrir una actuación de oficio a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución». El Ministerio de Defensa contestó horas después asegurando que el Defensor del Pueblo tendría acceso a toda la información que requiera para garantizar la máxima transparencia y dar confianza a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del CNI.

Temor a que Sánchez y el PSOE usen el informe para cubrirse las espaldas

Integrantes de la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo entienden que, «por decoro parlamentario», las conclusiones del informe se deberían ofrecer ante ese órgano. Sin embargo, el PSOE – controla por mayoría de tres a dos la mesa de esa comisión- ya les ha dejado claro que Gabilondo no volverá a comparecer hasta septiembre. Por eso, fuentes parlamentarias temen que Pedro Sánchez utilice o filtre los avances en las pesquisas que está desarrollando el Defensor del Pueblo, para cubrirse las espaldas, durante la comparecencia que el presidente del Gobierno realizará sobre Pegasus el próximo 25 de mayo. Otra excepción sería que el propio Defensor del Pueblo solicitase de oficio comparecer. Según avanzó El Español, el organismo dirigido por Gabilondo barajaba defender cambios en el CNI para controlar el uso del programa espía israelí. Por lo pronto, ya se ha producido el cese de Paz Esteban como directora y se ha nombrado en el cargo a Esperanza Casteleiro.

El artículo 22 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece que ese organismo podrá solicitar de oficio a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos con el carácter de secretos. «En último supuesto la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará de una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio», señala la ley. Es decir, si el CNI se niega a entregar documentos de carácter reservado debería ser el propio Gobierno de Sánchez quien obligase a los servicios de inteligencia entregárselos al Defensor del Pueblo. «Un despropósito», indican fuentes de la oposición a este diario.

Por otro lado, según ha podido saber THE OBJECTIVE, los senadores del Grupo Mixto Emilio Argüeso y Ruth Goñi registraron este miércoles una solicitud en el Senado para solicitar la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la exdirectora del CNI Paz Esteban para que expliquen los motivos reales del cese de esta última.

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